Ofrecen garantías por la liberación de Sala

Luego de que el juez Gastón Mercau decidiera que Milagro Sala debe continuar detenida por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, los abogados de la dirigente jujeña, que cumplió 15 días detenida, presentaron un nuevo pedido de excarcelación. En tanto, la justicia imputó a uno de sus hijos por "amenazas de muerte".

Anteayer, el juez le había concedida a Sala la excarcelación en la causa por instigación a cometer delitos y tumulto, derivada del acampe en la plaza Belgrano, en Jujuy. Sin embargo, Sala continuó privada de su libertad en el Penal de Alto Comedero porque, casi al mismo tiempo, fue imputada en una nueva causa, en la que enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, según señaló el fiscal de Estado jujeño, Mariano Miranda, en caso de que se acredite "asociación ilítica agravada".

Los abogados de la líder de la Tupac Amaru dejaron un escrito en la oficina del juez de control, de feria, Mercau y ofrecieron una fianza. Ahora el magistrado cuenta con cinco días para resolver la solicitud. Con la feria judicial por concluir, seguramente será otro juez quien se pronuncie.

La defensa de Sala aseguró que si recupera la libertad "no perturbará la investigación en el proceso judicial y no entorpecerá la prueba". La causa está sostenida en las denuncias realizadas por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los dirigentes de cooperativas que integraban la Red de Organizaciones Sociales.

Según declaraciones del propio Morales, están bajo sospecha $ 29.000.000, en lo que sería un eventual desvío de fondos públicos que Nación le enviaba a la Tupac Amaru para construir viviendas en la provincia. Por esas mismas denuncias, la Justicia detuvo el jueves a dos ex funcionarios del gobierno de Jujuy: Pablo Tolosa, ex vocal del Instituto de la Vivienda, y la ex jefa del Departamento Administrativo Financiero del Instituto, Marta Gutiérrez, encargada de autorizar los pagos destinados a obras.

En tanto, Sergio Chorolque, hijo de la dirigente fue imputado por el fiscal Aldo Lozano por "amenazas", luego de que el jefe del gremio municipal, "Perro Santillán", efectuara una denuncia en su contra.

Lozano dispuso la apertura de una investigación tras la presentación de Santillán en la comisaría primera de la capital provincial, manifestando que Chorolque lo había amenazado de muerte en la calle.