Olivera: dicen que se falseó documentación

En el Gobierno se estima que es falso el documento presentado ante la justicia de Italia por la defensa del mayor (R) Jorge Olivera, que derivó en su liberación.

Con esta certeza, se evaluaba en la Casa Rosada la posibilidad de demandar a los responsables de tal falsificación, entre quienes se podría incluir al propio Olivera.

La conclusión oficial fue dicha a La Nación por dos miembros del Gobierno. Sin embargo, ningún funcionario nacional se atrevió a hablar en público sobre la supuesta falsedad del documento. Sí lo hizo el secretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Raúl Fernández. "La solicitud de partida de defunción de Marie Anne Erize fue adulterada", dijo.

Mientras los funcionarios analizaban la prueba, Olivera, desafiante, dijo: "Por supuesto que voy a volver a salir del país". Frente a las expresiones del militar retirado, su propio abogado le recomendó silencio.

Para el Gobierno, hay pruebas falsas

La conclusión fue compartida por el Ministerio del Interior y la Cancillería; demandarían a Olivera y a sus abogados.

El Gobierno aseguró anoche que el documento que devolvió la libertad al mayor retirado Jorge Olivera es falso, por lo que evalúa la conveniencia de demandar a quienes fraguaron las pruebas, incluido el militar acusado por la desaparición de la joven Marie Anne Erize.

La aseveración oficial fue hecha a La Nación por dos funcionarios tras una larga reunión a puertas cerradas entre miembros del Ministerio del Interior y de la Cancillería.

"Luego de analizar durante horas el documento presentado por Olivera en Italia concluimos que la prueba es falsa, por lo que se evaluó denunciar a quienes la falsificaron", afirmó un funcionario de Balcarce 50.

Y adelantó que el Gobierno formará parte de la demanda contra Olivera, aunque anoche no se había decidido si Interior realizará una denuncia o sólo aportará pruebas a la querella que presente la familia Erize.

A su vez, el secretario del gobierno porteño, Raúl Fernández, denunció públicamente que la solicitud de partida de defunción "fue adulterada".

Olivera, cuya extradición reclama Francia, fue liberado por la Cámara de Apelaciones de Roma, tras 42 días de cárcel, luego de que sus abogados presentaron un documento para certificar la muerte de Marie Anne Erize, desaparecida en San Juan en 1976. En Buenos Aires, los patrocinantes del militar retirado son Jorge Appiani y Jorge González Pignanelli.

"Todo indica que, a la luz de los elementos, se trató de un documento de manifiesta falsedad", fue la conclusión del gobierno nacional.

Los análisis sobre la prueba y la evaluación de la eventual demanda contra los falsificadores fueron hechos en la Casa Rosada luego de que un altísimo funcionario de la cancillería de Italia se comunicó con el Ministerio de Justicia y con el Palacio San Martín en busca de datos sobre la veracidad del documento. Mientras, tres parlamentarios de la izquierda italiana presentaron en Roma una interrogación al ministro de Justicia, Piero Fassino, a raíz de la controvertida liberación de Olivera.

Y desde Francia hubo más de una llamada a la cancillería argentina, donde se dejó sentado el malestar por la libertad del mayor retirado. Desde París se envió una copia de la copia presentada por los abogados de Olivera en Roma, ya que la Cámara de Apelaciones de esa ciudad negó al cónsul argentino allí, Roberto Palarino, el acceso al expediente.

Las irregularidades

Las once irregularidades detectadas por el Gobierno respecto del documento llevado a Roma fueron incluidas en un informe, al que tuvo acceso La Nación . Las anomalías son:

• El texto que fue presentado como un certificado de defunción no es más que una solicitud de partida de defunción que habría sido presentada ante el Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 11 de septie mbre de 2000.
• No existe correlato entre el lugar de la presentación de la solicitud (ciudad de Buenos Aires) y el de la presunta ocurrencia del hecho que se pretendió probar (San Juan).
• No es práctica del Ministerio del Interior la legalización de solicitudes, sino de documentos finales.
• El Ministerio del Interior aparece como legalizando la firma de Susana Morgenstern, que no consta en la supuesta partida de defunción.
• De la copia presentada no surge que la firma de Martín Melián Massera le corresponda efectivamente (Melián Massera habría sido el empleado del Ministerio del Interior que habría firmado la copia presentada ante la ju sticia de Italia).
• El sello de legalización del Ministerio del Interior carece de fecha, lo que es una anormalidad.
• El timbrado de apostilla no es utilizado actualmente por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El sello de apostilla que presenta la copia dej ó de utilizarse a principios de 1999.
• El mencionado sello de apostilla carece también de fecha.
• El funcionario cuya firma aparece en la copia del documento no trabaja en Legalizaciones (de la Cancillería) desde abril de 1999 (se trata de Carlos Pedroza)
• La constancia de pago de arancel consular que aparece dejó de utilizarse en diciembre de 1998. Hoy, la actuación se acompaña con la constancia de depósito en el Banco Nación o en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, sucursal Cancillería.

Por Por Andrea Centeno <br/> De la Redacción de <em> La Nación </em>

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