PAMI: la prioridad es normalizar los servicios

La Alianza ya trabaja en un plan para que los afiliados al PAMI puedan recibir atención médica con normalidad. Así lo afirmó ayer la futura ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide, y agregó que se trata de una de las "cuestiones urgentes" que manejará su cartera.

"Es la prioridad en el PAMI, según lo estableció De la Rúa", explicó el vocero del presidente electo, Darío Lopérfido.

Fernández Meijide explicó a La Nación que se "revisarán como mínimo la legitimidad" de las deudas que la obra social mantiene con los prestadores en todo el país y que "después se hará algún acuerdo de pagos".

Durante todo el año, casi cuatro millones de jubilados sufrieron cortes en la atención en clínicas, geriátricos, centros de hemodiálisis y farmacias. Los atrasos en los pagos de la obra social impulsaron numerosas medidas de protesta en todo el país, así como la suspensión de las prestaciones.

La Alianza quiere revertir la situación y analiza los caminos para evitar que se produzcan cortes en la atención. "Las personas mayores no pueden estar esperando que les den remedios o les hagan diálisis", declaró Fernández Meijide.

Además, la futura titular de Acción Social adelantó ayer que preparan una nueva denuncia contra el actual presidente del PAMI, Víctor Alderete, aunque evitó dar más precisiones. "Hay bastantes datos, pero no queremos apresurarnos", aclaró.

El PAMI es uno de los organismos que la coalición señala como ejemplo de la presunta corrupción menemista. Por eso, apunta a convertirlo en una institución "transparente".

Números en rojo

El PAMI atraviesa una grave crisis financiera y un déficit mensual de 49 millones de pesos. Se trata de otra de las cuestiones que deberán atacar los interventores que nombre el presidente electo, Fernando de la Rúa.

Tan sólo ayer, la obra social pagó las cuentas correspondientes a agosto último. Lo hizo gracias a un préstamo de 50 millones de pesos -a devolver en tres años- que le otorgó un grupo de 11 bancos. Alderete negoció con las entidades crediticias durante un mes; pero sólo ayer recibió los fondos, luego de que el Gobierno le dio el aval del Tesoro Nacional.

Un informe de la Alianza estimó que harán falta más de 1800 millones de pesos para saldar todas las deudas del PAMI que dejará el menemismo.

Además del pago de deudas previas e intereses bancarios, el futuro gobierno deberá hacerse cargo de pagar a los prestadores los servicios de septiembre, octubre y noviembre.

En todo el sector -que en su mayoría es "PAMI-dependiente- aún está fresco el decreto 925 que congeló los pagos de tres meses de servicios en 1996. Esa deuda comenzó a ser auditada durante la gestión de Alderete, pero, hasta hoy, la mayoría de los prestadores no recibió los fondos.

El equipo técnico de transición, que lidera Cecilia Felgueras -futura viceministra de Acción Social- continuó ayer analizando la situación de la obra social. Según voceros de la Alianza, esta semana podrían concretarse los anuncios pendientes. Los ítem que ya se adelantaron parcialmente son:

• Intervención colegiada: el 10 de diciembre, al menos tres personas estarán a cargo de la conducción del PAMI. También podría haber un coordinador. Aunque no trascendieron los nombres definitivos, se buscará en los nombramientos un equilibrio en tre el área técnica y política.
• Gerenciadoras: como parte de la intervención, se revisarán todos los contratos que Alderete firmó con las empresas intermediarias. "(Los acuerdos) serán objeto de observación; un equipo va a elevar un informe", dijo Fernández Meijid e a La Nación .
• Investigación: los técnicos que estaban trabajando en el PAMI, recabando datos, se retiraron la semana última. "La experiencia de lo que está pasando nos dice que no hemos recibido toda la información -dijo Fernández Meijide-. Por eso, cuando nos hagamos cargo de la repartición, no sé si vamos a encontrar sorpresas, pero sí precisiones".

Por Amalia Eizayaga

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