Para la comisión que investiga la obra del Sarmiento; no hubo sobreprecios

La comisión investigadora que el Gobierno creó ad hoc para auditar el contrato del soterramiento del Sarmiento terminó su pesquisa. El resultado le trae un respiro tanto a Odebrecht como al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y al resto de los socios del consorcio, que de todos modos están bajo la lupa de la Justicia. Para el Poder Ejecutivo, la megaobra sospechada por corrupción durante el kirchnerismo no estuvo direccionada a una empresa en particular y se efectuó con "precios acordes a los valores de referencia internacional".

Tras una auditoría de un año y medio, el equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Transporte, de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) culminó su informe sobre el soterramiento del tren Sarmiento, un trabajo que ahora será entregado a la Justicia.

Mientras en Comodoro Py esperan la información de la Justicia brasileña, en el Gobierno terminaron su propia investigación. El trabajo oficial no investigó el presunto pago de coimas, y se centró en el proceso licitatorio y en detectar si hubo sobreprecios. El informe, al que accedió LA NACION, tiene 545 páginas y advierte que "el equipo de trabajo no encontró entre las constancias y documentos relevados una prueba de carácter directo vinculada al delito que se está investigando en la causa judicial".

En sus conclusiones finales, el reporte sostiene que "no se encontraron elementos que acrediten direccionamientos a favor de un contratista", y que se estudiaron los precios cotizados en el contrato y, al cotejarlos con obras subterráneas urbanas de envergadura a nivel mundial, se encontró que son precios "acordes a los valores de referencia internacional".

La investigación oficial requirió un extenso trabajo de archivo sobre 50 carpetas de oficina, con un promedio de 200 fojas cada una. "Unos 100 kilos de papel", señalaron las fuentes oficiales.

En su auditoría, la gestión de Mauricio Macri consideró que la licitación de la obra que hizo la gestión kirchnerista no tuvo mayores falencias. "El proyecto fue debatido en audiencia pública y no se registraron impugnaciones de otras empresas interesadas", señaló el informe.

Los funcionarios de Cambiemos, sin embargo, puntuaron algunas observaciones. Señalaron que "el anteproyecto no incluía detalles técnicos exhaustivos de la obra", que la licitación no fue publicada en medios nacionales y que "la obra se lanzó sin estar prevista en el presupuesto".

Sobre los precios, los investigadores concluyeron que "al cotejar los valores cotizados para el soterramiento con los de otras obras subterráneas urbanas de similar complejidad (por ejemplo, el metro de Barcelona), se pudo observar que son cifras acordes a los valores de referencia internacional".

El soterramiento del tren Sarmiento se presentó como un emblema de la obra pública , tanto por su magnitud como por su relevancia tras la tragedia de Once. Con el estallido del Lava Jato, la obra quedó sospechada en la Justicia, que investiga si existieron sobreprecios y pagos indebidos de parte de las empresas contratistas: Odebrecht, Iecsa (que al momento de la licitación pertenecía a Calcaterra), la italiana Ghella y la española Comsa.

Entre la licitación de 2008 y 2015 el proyecto estuvo sumergido en idas y venidas por el financiamiento, sin que la tuneladora iniciara los trabajos. Cuando Macri asumió, ordenó, por decreto, destinar US$3000 millones para reactivar la obra. La causa judicial espera recibir novedades desde Brasil, cuna del Lava Jato. El fiscal Franco Picardi pidió toda la información referida a la Argentina para que sea sumada como prueba.

Calcaterra negó ante la Justicia todos los delitos que se le imputan por el soterramiento del tren Sarmiento. El primo del Presidente sostuvo que la licitación ocurrió dentro de la legalidad y dijo que si los brasileños cometieron un ilícito, su constructora lo desconocía.

En Brasil, frente a los fiscales del Lava Jato, el exejecutivo de Odebrecht Luiz Antonio Mameri, identificó a Javier Sánchez Caballero, uno de los máximos ejecutivos de Iecsa, como el responsable de coordinar el pago de los sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Conclusiones de la auditoría

Precios acordes

Para el Poder Ejecutivo, la megaobra sospechada de corrupción durante el kirchnerismo no estuvo direccionada a una empresa en particular y se efectuó con "precios acordes con los valores de referencia internacional"

La licitación

La investigación oficial, de 545 páginas, no analizó el presunto pago de coimas y se centró en el proceso licitatorio y en detectar si hubo sobreprecios

Sin favoritismos

La auditoría, que va por cuerda separada de la causa judicial, no halló elementos que acreditaran un direccionamiento a favor de un contratista

Fallas

Se observó, sin embargo, que no se incluyeron detalles técnicos exhaustivos de la obra, la licitación no fue publicada en medios nacionales y el gasto no estaba presupuestado