Para la Justicia, la acusación de un complot de policías bonaerenses se limita al uso indebido de computadoras
El fiscal Garganta impulsó una causa contra los uniformados que son señalados como seguidores del candidato libertario Bondarenko, pero solo por malversación del uso de bienes públicos
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LA NACIONHernán Cappiello
Las acusaciones del gobierno de Axel Kicillof acerca de un complot policial por parte de un grupo de uniformados que responden al oficial retirado y candidato libertario Maximiliano Bodarenko quedaron reducidas en la Justicia a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares.
Así lo requirió el fiscal subrogante Álvaro Garganta ante la denuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que suspendió a 24 policías por conspirar contra el gobierno y hacer política en favor del candidato libertario.
El fiscal recibió hoy siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje sobre esas máquinas. En tres de ellas hay documentación, señalada por la denuncia de Alonso, como incriminatoria para los policías.
Según pudo saber LA NACION, se trata de notas con el logotipo de la Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría.
En las mismas notas se mencionan trabajos como planes de seguridad y hay archivos con el logo de LLA y la imagen de un león como símbolo del gobierno de Javier Milei.
De los 24 policías denunciados, siete de ellos son los más complicados, ya que son los dueños de las computadoras secuestradas. Específicamente, en tres máquinas se hallaron los materiales señalados como de interés político.
El fiscal Garganta sumó a la denuncia del gobierno bonaerense la que hizo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la que acusó a Kicillof de espionaje, por publicar chats de los policías sindicados como conspiradores.
El fiscal mandó a peritar las máquinas para determinar qué trabajos se hicieron y cuánto tiempo insumieron en la realización de esas tareas. Su idea además es determinar que no hayan sido adulterados los discos rígidos de esas máquinas.
Garganta proyecta notificar a los sospechosos (los dueños de las máquinas donde se hallaron estos documentos) que están acusados de una malversación de fondos, por usar en beneficio propio bienes del Estado.
Kicillof inició un sumario administrativo contra los 24 policías acusados de realizar actividad política mientras estaban en funciones, lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía bonaerense, pero no alcanza para una imputación penal.
Denuncia anónima
Los policías quedaron bajo sospecha luego de una denuncia anónima que aportó chats de Bondarenko con un grupo de uniformados y otros mensajes que instaban a realizar trabajo político en su apoyo.
“La auditoría interna comprobó que la denuncia anónima era real. Se encontró material en las computadoras e impresiones en papel con planes de trabajo de cara a las elecciones y a las de 2027″, dijo una alta fuente bonaerense a LA NACION.
Se escribía allí sobre cómo trabajar el tema seguridad, que cambios había que hacer, a quién promover y a quién pasar a retiro. “La Policía no puede hacer actividad política partidaria en dependencias policiales. Es apartidaria y no pude sindicalizarse”, dijo un funcionario del gabinete del gobernador Kicillof.
Los 24 uniformados bajo investigación fueron suspendidos de sus cargos, no exonerados. Se espera ahora el resultado de la investigación administrativa y judicial para definir su futuro.
Se los vinculó porque antes de saber que iba a ser candidato por La Libertad Avanza, Bondarenko fue a comer un asado con un grupo de amigos en la casa del comisario mayor Ignacio Manuel Ortíz Valenzuela, jefe de la División Policía Ecológica, que es padrino de uno de sus hijos.
Allí se celebraba la despedida de un uniformado que se jubilaba e invitaron al senador bonaerense Carlos Curestis, que quería conocer a Ortiz Valenzuela. Todos los comensales, incluido el suboficial que hacía el asado, quedaron bajo sumario.
“No existen las conspiraciones o un intento de golpe de Estado como delito”, dijo una fuente con acceso al caso. Ortiz Valenzuela, que aún no declaró en el sumario policial, está dispuesto a explicar su rol y porque había planes de seguridad en la computadoras. Dicen en tribunales que es un estudioso de la materia y que le propuso esos mismos planes hasta el actual jefe de la Policía bonaerense.
La causa quedará en manos del fiscal Garganta hasta mediados de mes, cuando regresará al fiscal natural del caso, que se encuentra de licencia.
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