Piden elevar a juicio una causa por fraude contra el exmédico de los Kirchner

El principal acusado es el médico Donato Spaccavento
El principal acusado es el médico Donato Spaccavento Fuente: Archivo
Donato Spaccavento está acusado de quedarse con fondos que debían enviarse al Hospital Argerich
Jaime Rosemberg
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28 de mayo de 2019  

El objetivo, claro, era loable: colaborar con la fundación de un hospital porteño dedicado al bien común. Pero los fondos, según varios testigos, nunca arribaron a destino.

El fiscal Franco Picardi pidió el 5 la elevación a juicio oral de la causa que investiga el presunto usufructo delictivo de un amplio terreno en la Dársena Norte de esta ciudad que durante el kirchnerismo se utilizaba como cochera y por el que se habrían obtenido unos $840.000 mensuales. El dinero, en teoría, tenía como destino el Hospital Argerich, que no recibió un solo peso de esa explotación comercial.

El principal acusado de este presunto desvío de fondos es el médico Donato Spaccavento, exdirector del Hospital Argerich y cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (se lo sindica como exmédico de cabecera de la familia santacruceña), quien según exempleados y la fiscalía administró esos fondos durante casi trece años.

Desde la actual Administración de Puertos, que encabeza Gonzalo Mórtola (promotor de la denuncia judicial), se mostraron satisfechos con la medida y destacaron las cifras del presunto desfalco: el estacionamiento cobraba, a valores de 2017, 120 pesos por día a unos 200 vehículos que allí estacionaban, con lo cual la recaudación anual superaba los 10 millones de pesos.

Pero ni el hospital ni la cooperativa recibieron dinero de la Fundación Argerich, que según la investigación era manejada por Spaccavento. El exfuncionario fue procesado en febrero de 2017. Al año siguiente se aceptó a la Administración de Puertos como querellante. El 5 de mayo Picardi pidió la elevación al juicio oral.

En 2004, el médico obstetra obtuvo de la Administración General de Puertos el permiso para utilizar el predio de 3547 metros cuadrados de superficie que está ubicado entre la empresa Buquebús y el Hotel de Inmigrantes, en el barrio de Retiro, a pocas cuadras del microcentro. Poco después se creó la Fundación Argerich, que para el fiscal "tuvo como único destino la obtención de un lucro indebido para él [Spaccavento] o para un tercero".

El permiso de explotación se revocó en 2017, cuando el juez federal Sebastián Casanello constató que desde 2009 el dinero obtenido no había llegado a las arcas del Hospital Argerich, emplazado en el barrio porteño de La Boca, ni a los representantes de la cooperativa de esa misma entidad.

En octubre de ese año, dos exempleados de Spaccavento declararon que diariamente le llevaban en motos la recaudación a su casa o a sus oficinas. Los empleados cobraban su sueldo de la recaudación obtenida el último día del mes.

El director del Argerich, Abel Hernández, también constató en sede judicial que desde que asumió el cargo -en 2009- no se recibieron "contribuciones por parte de la Fundación Argerich", que presidía Spaccavento.

Cuando le tocó hacer su descargo, el médico -militante del PJ desde los años setenta y de buen vínculo con Alberto Fernández- afirmó que no era responsable de la explotación, que una voluntaria recibía el dinero de las cocheras y que lo utilizaba únicamente para pagar sueldos y el canon a la Administración de Puertos.

"Este es otro caso del cinismo inescrupuloso del kirchnerismo, que a través de una fundación trucha se enriquecía día a día, y parte de las mafias estructuradas e institucionalizadas que erradicamos del Puerto y que nunca más deben volver", afirmó Mórtola a LA NACION.

Spaccavento, en tanto, negó a LA NACION los cargos y afirmó que le resulta "sospechosa" la aparición de la causa. "Era una cochera marginal, pagábamos un canon y no daba ganancia. Si hay juicio oral quiero resolverlo porque soy inocente", afirmó el exfuncionario. "Desde la fundación hacíamos trabajo comunitario: nuestro objetivo no era darle plata al hospital", agregó.

En su pedido, el fiscal Picardi, consideró sin embargo que hay pruebas suficientes para demostrar el ilícito, por lo que solicitó la elevación a juicio oral. De no mediar oposición por la parte acusada, esto sucedería durante el mes próximo.

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