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Polémica por un artículo que otorga poderes a Alberto Fernández para reformar el Estado
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El último artículo del megaproyecto que el Gobierno envió al Congreso causó especial alerta en la oposición, por las atribuciones institucionales que le daría a la Casa Rosada, más allá de las medidas de coyuntura económica. Legisladores y dirigentes opositores advirtieron que ese fragmento del texto que le podría otorgar enormes facultades al Poder Ejecutivo para reformar a más de sesenta organismos descentralizados que tienen atribuciones sensibles -económicas e institucionales- en la administración pública nacional.
"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la administración pública nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias", señala el artículo 85º del título XII de la iniciativa de emergencia económica que Alberto Fernández remitió ayer al Congreso.
Fuentes del Gobierno aseguraron que se trata únicamente de una cláusula por el "reordenamiento general" que implicaría la aplicación las nuevas medidas económicas. "Como la ley plantea una estructuración general, pueden quedar algunas áreas desalineadas. El concepto es sólo para optimizar el funcionamiento, no es para realizar cambios fuera del control público", justificaron desde la Casa Rosada a LA NACION.
El artículo fue rechazado por legisladores y referentes de la oposición que advirtieron que, más allá de la voluntad de la gestión de Fernández, otorga facultades para "hacer una reforma del Estado". Y difundieron un listado de las decenas de entes que tienen autarquía o autonomía.
Entre los organismos descentralizados enumerados se encuentran, por caso, desde los entes reguladores de la electricidad y el gas hasta una variedad de institutos nacionales pasando por las superintendencias de seguros, y servicios de salud. También figura la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que tiene un sensible rol por sus atribuciones para realizar inteligencia financiera. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que depende de la Presidencia, pero que tiene autonomía y autarquía para auditar a todas las áreas del gabinete.
"Los organismos descentralizados son el equivalente al 40% del gasto en personal y la mitad de los trabajadores del sector público", advirtieron desde la UCR en diálogo con este medio. "Ni (Roberto) Dromi se animó a tanto", agregaron en alusión al ex ministro del menemismo que impulsó las privatizaciones.
El titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri manifestó este martes en su comunicado de rechazo al proyecto de ley: "Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional supera a las facultades de la Ley Dromi del menemismo; nos parece exorbitante".
También dirigentes de la Coalición Cívica, el partido de Elisa Carrió, plantearon reparos constitucionales sobre el artículo 85 de este proyecto. Y señalaron que, según el Artículo 76 de la Constitución Nacional "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
El diputado de ese espacio, Juan Manuel López, dijo: "No solo es inconstitucional porque es una delegación sin bases, ni plazos. Es un superpoder para que Alberto Fernández pueda intervenir o cerrar organismos de control o de regulación de actividades de la vida de todos los argentinos".
"Las reformas del organismos autárquicos deberían pasar por el Congreso, no es lo mismo que la ley de ministerios que le da facultades al Presidente para definir su ordenamimento. Esto es más de que lo que solicitó Eduardo Duhalde en 2002", agregó por su parte Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.
Oficina Anticorrupción
Ayer, en tanto, a la Casa Rosada este martes volvió Félix Crous, el fiscal elegido por Alberto Fernández para encabezar la Oficina Anticorrupción (OA). Según pudo reconstruir LA NACION, el equipo de Fernández evaluó un cambio en el perfil del organismo de control para dotar de más herramientas a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para intervenir en temas de corrupción, y así licuar la injerencia de la OA en los tribunales federales.
A través de la OA, el gobierno de Mauricio Macri investigó y acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en más de cinco expedientes por corrupción.
"No vamos a tener fines persecutorios", dijo Crous, que aguardaba el decreto que delimite sus facultades.
La OA se delimita en dos grandes áreas. El sector de investigaciones abre carpetas con pesquisas administrativas contra funcionarios, radica las denuncias penales en la Justicia y, eventualmente, requiere a los jueces constituirse como parte querellante en las causas de corrupción. El área de prevención es el que administra las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y controla los conflictos de intereses. En principio, el organismo de control de Crous conservará ambas facultades, aunque no se descartaban cambios en el organigrama.
El concepto que se evaluó es que el organismo adopte un rol predominantemente preventivo y se enfoque en cambio en colaborar con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad especializada de la Procuración General cuyo cargo se completa por concurso. De esta forma, las tareas de la OA quedarían más enfocadas en los mecanismos de control de faltas éticas y conflictos de intereses que en tener alto perfil en las causas judiciales.
Un cambio respecto de la gestión de Laura Alonso, que, además del área preventiva, había potenciado las facultades de pesquisa para detectar y denunciar hechos cometidos durante el kirchnerismo y que se había constituido en parte querellante con un alto perfil en las causas que se tramitan en Comodoro Py.
El exministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano había dicho, la semana pasada, que la OA debía replantearse a la luz de la PIA. "La OA debiera trabajar hacia dentro del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público en relación a los procesos judiciales. Eso sigue hoy cruzado", había dicho Garavano.
"Es lo que hay que hacer y nadie quiere hacer", dijo a este medio una fuente especializada en el tema, que señaló como "necesario" que los cambios se materialicen en un traspaso de la subdirección de investigaciones de la OA a la órbita de la PIA.
Con Alonso, la OA se había involucrado activamente como parte querellante en distintas causas contra Cristina Kirchner. Antes del recambio, preparaba su alegato en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez conocido como "la ruta del dinero K", que comenzó hace un año y aún está en etapa de indagatorias. El organismo de control también está constituido como parte querellante en las causas de Vialidad, de cuadernos de las coimas, Hotesur y Los Sauces, todos expedientes que complican a la vicepresidenta.
Ahora Crous debe definir el curso que seguirá el organismo que quedó a su cargo en esos sensibles expedientes. "Es la brasa caliente que van a tener", dijo un funcionario al tanto de la dinámica del organismo de control.
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