Por el caso Clarín, la SIP envía una misión
Vendrá antes del 7-D; preocupación por el clima hostil
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LA NACIONAlberto Armendáriz
SAN PABLO.– Ante las claras señales de deterioro de la libertad de prensa en la Argentina y la creciente presión que, en especial, ejerce el gobierno de Cristina Kirchner contra el Grupo Clarín, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se comprometió ayer a enviar una misión al país antes del 7 de diciembre.
"Más allá de nuestra solidaridad, podrán contar ustedes con nuestra presencia", afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme, director del periódico peruano La República, después de escuchar el detallado informe sobre la Argentina divulgado en la 68ª Asamblea General de la SIP, que se celebra en el hotel Renaissance, de San Pablo.
La presentación del documento estuvo a cargo de Daniel Dessein, director del diario La Gaceta, de Tucumán, que describió ante un auditorio repleto de directivos de los principales periódicos de la región el clima progresivamente hostil que viven los profesionales de prensa argentinos que cuestionan, critican o que piden cuentas al Gobierno.
"Una serie de resoluciones gubernamentales, maniobras judiciales, declaraciones agraviantes y amedrentadoras de funcionarios públicos, medidas de hecho contra medios, y amenazas y ataques físicos contra periodistas configuran un escenario oscuro para el ejercicio del periodismo y del derecho de todo ciudadano a expresarse libremente", afirmó Dessein.
Sus denuncias fueron luego completamente apoyadas por el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior (del Grupo Clarín), de Córdoba, quien solicitó a la SIP el envío de una misión "urgente" a Buenos Aires. Su moción fue acompañada por Arturo Guardiola, director del diario Los Andes, de Mendoza (del mismo grupo), que exhortó a la SIP a tomar pronto una acción enérgica.
La premura de los pedidos fue sustentada en la fuerte campaña pública que ha lanzado el gobierno de Cristina Kirchner, en la que se resalta la fecha del 7 de diciembre como plazo para que el Grupo Clarín se ajuste a la nueva ley de medios audiovisuales. Ese día vence la medida cautelar establecida por la Corte Suprema que frena la aplicación de los dos artículos de la ley de medios –el 45 y el 161– que fueron impugnados por el Grupo Clarín. Según el conglomerado mediático, esas disposiciones que prevén la venta de licencias de radiodifusión y de señales audiovisuales para adecuarse a los límites de la nueva ley son inconstitucionales porque legislan retroactivamente.
"La aplicación selectiva de la ley de medios enciende una señal de alarma sobre lo que puede ocurrir en el futuro próximo. Existen varios grupos mediáticos que no se ajustan a lo previsto en distintos artículos de la norma, que no cuentan con medidas cautelares y que, no obstante, no han sido intimados para cumplir con lo que ésta estipula", advirtió el informe sobre la Argentina.
Para Jornet, el mayor logro que ha tenido el Gobierno ha sido instalar la idea de que se trata de una batalla contra un poderoso grupo de comunicaciones, aunque los alcances de la ofensiva irían mucho más allá.
Los ataques
"Es un ataque contra todo aquel que disienta de las políticas oficiales. Y esto comienza a afectar cada vez más a pequeños medios de comunicación de todo el país, que ven afectada su pauta publicitaria por absoluta discriminación y comienzan también a sufrir ataques de gobiernos provinciales y municipales", indicó Jornet.
Según el director ejecutivo de la SIP, el chileno Julio Muñoz, la misión de la entidad visitaría en la Argentina a los principales grupos periodísticos, ONG, se reuniría con políticos y también pediría entrevistas con las autoridades nacionales.
"Este hecho va a traspasar las fronteras. La SIP no tiene poder legal para obligar a los gobiernos a hacer nada porque somos una entidad de prensa. Nuestra arma es la opinión pública, y eso será lo que haremos, crear opinión, no sólo en las Américas, sino en todo el mundo. Llevaremos adelante una campaña para que se informe sobre lo que está ocurriendo y que los medios editorialicen sobre el ataque", adelantó Muñoz a LA NACION.
"Voces como las de la SIP pueden ayudar a alertar a la sociedad y a que la dirigencia tome conciencia de la gravedad de este tema", subrayó en tanto Martín Etchevers, gerente de Comunicaciones Externas del Grupo Clarín.
La lectura del informe sobre la Argentina fue sucedida por un video preparado por el Grupo Clarín en el que visualmente se ilustraban muchos de los puntos tocados por el reporte, como el carácter cerrado hacia la prensa por parte de la presidenta, el abuso de la cadena nacional o el empleo arbitrario y discriminatorio de la pauta oficial.
"La situación en la Argentina inspira cuidado; todo el continente está siguiendo lo que sucede porque las consecuencias de este ataque serán sentidas por todos nuestros países, principalmente por aquellos donde la prensa libre no está muy fuerte", aseguró Sergio Dávila, editor ejecutivo de Folha de S. Paulo.
Por su parte, el director de LA NACION, Bartolomé Mitre, al referirse a la falta de cobertura televisiva que tuvo el cacerolazo del último 13 de septiembre en los canales adeptos al Gobierno, señaló los riesgos a futuro para el país si no se permiten visiones alternativas. "Lo que todos creemos que va a pasar en la Argentina es que si se acallan los medios de Clarín en televisión, no habrá ningún medio que transmita algo sobre los hechos que no están de acuerdo con el relato oficial", dijo. Luego advirtió que la idea del Gobierno sería luego avanzar sobre Papel Prensa, con lo que atentaría también contra los diarios argentinos.
Al comparar la situación de la Argentina con la de Venezuela, Miguel Otero, director de El Nacional, de Caracas, no dudó en calificar lo que está sucediendo como una "epidemia" contra la libertad de prensa.
Además de los ejecutivos mediáticos argentinos ya citados, participan de la Asamblea Leonor Etchevehere, de El Diario (Paraná); Marcela Noble Herrera y Ricardo Kirschbaum, de Clarín; Jorge Fascetto, de Diario Popular (Buenos Aires); Ernesto Kraiselburd, de El Día (La Plata); Lisandro Lebensohn, de Diario Democracia (Junín); Christian Rodríguez, de El Territorio (Posadas), y Fernán Saguier y Norberto Frigerio, de LA NACION.
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