Por qué Kicillof vetó el presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó este lunes cuatro artículos específicos de la normativa de gastos para la Cámara de Diputados bonaerense del ciclo próximo. El Poder Ejecutivo provincial objetó los procesos de transferencia financiera y los métodos de fiscalización interna que el cuerpo legislativo aprobó semanas atrás. Esta determinación técnica provocó una reacción coordinada entre los representantes de los diversos espacios políticos.

El mandatario provincial vetó los artículos 14, 15, 16 y 17 de la ley de presupuesto legislativo porque juzgó que estas normas alteran procesos contables vigentes. La disposición 14 establecía que la Contaduría General de la Provincia validaría el plan de finanzas por año. También ordenaba que la Tesorería General asegurara el envío de capitales hacia la Cámara baja.

El peronismo provincial observa con preocupación este movimiento del gobernador, ya que unifica el rechazo de las diferentes agrupaciones que integran el frente oficialista. Los artículos 15 y 16 planteaban que el Banco de la Provincia de Buenos Aires ejecutara un sistema de remisión de caudales cada día. Este mecanismo requería un cálculo basado en la recaudación provincial sin afectación específica de forma proporcional al crédito vigente.

El artículo 17 involucraba al Honorable Tribunal de Cuentas ante posibles demoras de los organismos responsables. Esta serie de restricciones administrativas motiva un frente común entre el kirchnerismo, el massismo y los sectores que responden directamente al gobernador.

Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo y referente alineado con Cristina Kirchner, encabeza las conversaciones para definir la estrategia legislativa. Los bloques evalúan la posibilidad de rechazar el veto con el apoyo de las dos terceras partes de los votos o presentar un reclamo ante la Justicia provincial.

Miembros del bloque peronista aseguran que la provincia adeuda aproximadamente 20.000 millones de pesos a la Cámara baja. Esta situación financiera provocó retrasos en el pago de salarios de trabajadores que figuran bajo la modalidad de locación de servicios en los distintos despachos.

Legisladores de diversos espacios políticos coinciden en señalar que la decisión de Kicillof contradice lo que dispone la Constitución bonaerense. El artículo 94 de la Carta Magna provincial indica de forma taxativa que la Legislatura sanciona su propio presupuesto y fija su dotación de personal.

Según este texto normativo, el Poder Ejecutivo carece de facultades para vetar la ley de gastos del parlamento provincial: la legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse.

Desde el espacio de Pro calificaron la medida como inconstitucional y advirtieron sobre un posible conflicto de poderes. Algunos legisladores consideran que el camino judicial ante la Suprema Corte provincial representa la mejor opción para resguardar la autonomía legislativa.

En el radicalismo consideran que el veto parcial constituye una intromisión grave del Poder Ejecutivo sobre otro poder del Estado. La unidad de criterio entre opositores y oficialistas busca restaurar la independencia financiera del cuerpo legislativo frente a la discrecionalidad en el giro de los recursos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Javier Fuego Simondet.