Por un conflicto entre Moyano y Kicillof hay otra vez paro y barreras levantadas en las autopistas a la Costa Atlántica
El sindicato de peajes exige la renuncia de un funcionario designado por el gobernador, que es aliado de Sergio Massa; hay pérdidas de hasta $60 millones
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- El conflicto entre Facundo Moyano y Axel Kicillof por el control de la autopista La Plata-Buenos Aires y las autopistas hacia la Costa Atlántica se reanudó en este 2023: otra vez hay paro y pérdidas millonarias que complican las arcas provinciales.
Las barreras de los peajes que conectan a la capital de provincia con la Ciudad Autónoma y con la Costa Atlántica están levantadas desde el domingo por una nueva medida de fuerza que comenzó en año nuevo.
El conflicto fue retomado por el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) que lidera a Facundo Moyano, exdiputado del Frente de Todos. El conflicto fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por la empresa administradora de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa). La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dictó hoy la conciliación obligatoria.
El gremio denuncia incumplimientos de varias condiciones laborales. Pero el reclamo de fondo está vinculado con la resistencia al actual presidente de la empresa Ricardo Lissalde, un hombre cercano a Sergio Massa. La consigna del reclamo se resume en cinco palabras: “Fuera Ricardo Lissalde de Aubasa”.
La medida de fuerza comenzó ayer a las dos de la mañana “de manera intempestiva y por tiempo indeterminado” – según Aubasa- con “el levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del SVIA y de la Autopista Buenos Aires – La Plata, impidiéndose con ello el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo”.
Desde la empresa se destacó que en esta época el trabajo operativo “es crucial y al 100% de nuestros colaboradores atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.
“Esta medida resulta totalmente injustificada- dijo la administradora que dirige Lissalde-. Y enumeró: “En primer lugar, desconocemos sus razones, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual; estamos pagando el bono que recientemente indico el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el Sutba aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”.
Aubasa informó que cuando se haga efectivo en marzo el nuevo cuadro tarifario permitirá avanzar en el equilibrio de los costos de operación. Todo esto en el marco de las políticas que tienen la Provincia y AUBASA para acrecentar el gerenciamiento para unir nuevos destinos. Además, se llevó a cabo durante el año numerosas refacciones y mejoras en los lugares de trabajo e incorporó nuevas unidades de Seguridad Vial con todas las condiciones de trabajo acordadas con los trabajadores.
La empresa informó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo de Nación de esta medida gremial considerada “intempestiva” y solicitó la conciliación obligatoria, ya que se están violando los acuerdos que contemplan paz social, así como las leyes que regulan el procedimiento previo al inicio a una medida de acción directa.
La empresa hizo reserva de derecho de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esta medida.
La decisión que ha tomado el sindicato perjudica inmensamente a la empresa y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de 60 millones de pesos.
Por su parte, el sindicato que lidera Moyano expresó que la medida de fuerza se debe a la “incompetencia, destrato y falta de predisposición al diálogo” por parte de Lissalde.
Denunció que este funcionario “no está cumpliendo el acuerdo paritario donde se estableció una mesa bipartita para la aplicación de tecnología y reconversión laboral. “Lissalde quiere implementar la tecnología “a través de la colocación arbitraria de antenas en las vías de todas la estaciones de AUBASA y de SVIA, sin tener en cuenta al trabajador y el adecuado proceso sin afectar la dotación de personal”, informó.
Señaló como muestras de una gestión “autoritaria” la suspensión de un Centro de Monitoreo en Santa Teresita a pesar de tener una licitación adjudicada y el levantamiento de la base de seguridad de San Bernardo. Más el cierra de una oficina de Mar del Plata.
El sindicato aseguró además que hay persecución hacia los gerentes de AUBASA que trabajan en cooperación con líderes gremiales. Denunció, además, incumplimiento de un acuerdo suscripto entre las partes el año pasado
El origen del conflicto
El conflicto por la modernización de los sistemas operativos de la autopista y la pugna por la salida de Lissalde tomó estado público el año pasado y generó pérdidas por más de cien millones de pesos, a razón de 20 millones de pesos por día cuando el Estado dejó de cobrar peajes.
Sutpa comenzó una sucesión de reclamos en julio que continuaron con paros en septiembre. Ese mes depuso la medida el miércoles 21 y en menos de 24 horas retomó la huelga de brazos caídos en el cobro del peajes tras denuncias serias irregularidades en la administración financiera de la empresa Aubasa que preside Ricardo Lissalde, un aliado de Sergio Massa devino en funcionario de Kicillof.
“La negligencia e impericia del gobierno bonaerense no sólo destruyó a una empresa, sino también un sistema”- se quejó Moyano -. Para el sindicalista: “Además de la falta de gestión, planificación, estrategia y proyecto de gobierno, hicieron que una empresa que daba superávit en 2019 hoy esté subsidiada en más de un 50 %”.
La pulseada tomó estado público no sólo por la apertura de las barreras: por una semana en los carteles de los peajes, en lugar de dar avisos de tránsito, se exigió la renuncia de Ricardo Lissalde: ahora los sindicalistas esperan que el gobierno de Kicillof aparte al funcionario.
El sindicato, que reúne a unos 1500 empleados, ya acordó paritarias para mantener actualizados sus salarios.
La paritaria cerró el agosto con revisión en noviembre y marzo con subas en promedio del 80 por ciento. En diciembre se pagó otro aumento por fuera de ese acuerdo para sumar otra actualización del 14 por ciento a cuenta, informó Aubasa.
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