Preocupa a los empresarios el freno a las obras con PPP

La decisión del gobierno de Mauricio Macri de congelar el programa de Participación Público Privada (PPP) para financiar las nuevas obras públicas por la suba del riesgo país y el encarecimiento del crédito generó alta preocupación en el sector privado y en la Cámara Argentina de la Construcción, que preside Julio Crivelli. Entre los empresarios temen que peligren incluso las obras ya adjudicadas con PPP y no solo las futuras.

El Gobierno adjudicó en julio último seis corredores viales bajo la modalidad de PPP. Y al suspender anteayer el programa para nuevas obras la Casa Rosada anunció que esos corredores continuarán bajo el régimen de financiamiento. El sistema de PPP era la apuesta de Macri para mantener la obra pública y reactivar la economía en un año electoral.

La suba del riesgo país por encima de los 780 puntos básicos elevo la tasa de interés y encareció el financiamiento, por lo cual los privados no conseguirán crédito o lo conseguirán caro, lo cual eleva el futuro repago del Estado. Ante ese panorama, Macri resolvió anteayer suspender las nuevas obras con PPP a la espera de una baja del riesgo soberano y de una mejor macroeconomía.

En las empresas constructoras confiaron a LA NACIÓN que "la situación de la obra pública es preocupante y se agrava con la suspensión de las PPP de las futuras obras". Y aventuraron que las propias concesiones de seis corredores viales adjudicados en julio podrían registrar dificultades porque luego de asignados existe un plazo de seis meses para firmar contratos de financiamiento con los bancos y en ese lapso se negociarán tasas según los vaivenes del riesgo país.

"Desde que se adjudica la obra hasta que se firman los contratos habrá muchas negociaciones complejas porque en realidad, aunque la deuda la toma el privado, es deuda soberana: el Estado al final es el que repaga las obras y esto es un problema con este riesgo país y las tasas tan altas", señaló a LA NACIÓN un alto empresario constructor. El Gobierno paga al final las obras, excepto en aquellas que se puedan financiar por peajes o en centrales eléctricas.

"La verdad es que el riesgo país es el ‘riesgo-Cristina’ y si el año que viene en junio las encuestas dicen que gana Macri será más fácil que haya financiamiento, pero si dicen que gana Cristina entonces se pueden frenar las obras que ya están en marcha", dijo otro ejecutivo de la construcción, que prefirió mantener su nombre en reserva.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich había informado que las obras adjudicadas y en marcha continuarán bajo la modalidad del PPP. Entre ellas, los seis corredores viales que están en ejecución, los corredores A, B, C, D, E y Autopista Sur.

En revisión

Las obras que se revisarán con otros criterios son las de la segunda etapa de los emprendimientos viales, el tren Norpatagónico, los trenes metropolitanos, los ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte. La Casa Rosada anunció también que la licitación de Portezuelo del Viento en Mendoza, obra del Ministerio del Interior, de Rogelio Frigerio , también pasaba de la modalidad PPP al financiamiento tradicional.

Entre los empresarios, también confiaron a LA NACIÓN que las empresas de los seis corredores viales adjudicados "trabajan ahora con capital propio y qué algunas tomarán fondos del fideicomiso" con garantía del Banco Nación , que aún no está constituido, y que "otras seguirán funcionando con sus propios recursos". El futuro de los próximos meses es toda una incógnita para los grandes jugadores de la construcción.

Al caerse las obras con programas de PPP, el impacto es doble porque el presupuesto 2019 prevé una partida en obra pública reducida respecto de 2018. Precisamente, se planificó un ajuste porque se preveían obras con PPP. El año próximo habrá 215.000 millones de pesos, 7% menos que los 231.000 millones del año actual, pero con el 48% de inflación en ese lapso.

"No hay mucha inversión en obra pública en el presupuesto 2019 porque se previa que las obras se iban a hacer con las PPP", confiaron a LA NACIÓN fuentes empresarias.

Por otra parte, preocupa entre los empresarios de la CAC que algunos organismos públicos pagan con retraso los certificados de obra. El atraso promedio es de 30/60 días, según fuentes empresarias, lo cual no es una gran demora en situaciones normales, pero sí lo es en un contexto de tasas de interés como las actuales de entre 65/70 por ciento. Con ese nivel de financiamiento, una obra que para una Pyme tenía razonabilidad pasa a dar pérdidas por el alto nivel de tasas.

En forma paralela, la CAC busca gestionar beneficios impositivos para los programas de viviendas con créditos UVA. El sector reclama que se deduzca la inversión en las obras de las ganancias imponibles. Esa negociación está en marcha con el secretario de Vivienda, Ivan Kerr, pero la mayor resistencia está en el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne que debe velar por los ingresos del Tesoro.