Preocupación por la indagatoria al periodista Santoro

ADEPA advirtió sobre el riesgo de "criminalizar" la actividad periodística; la declaración se postergó hasta el 17 de julio
ADEPA advirtió sobre el riesgo de "criminalizar" la actividad periodística; la declaración se postergó hasta el 17 de julio Fuente: Archivo
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25 de junio de 2019  

Periodistas y editores de medios de todo el país expresaron ayer su preocupación por la declaración indagatoria a la que fue citado el periodista de Clarín Daniel Santoro, que es acusado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla de ser partícipe de una maniobra de espionaje.

El periodista estaba citado inicialmente para ser indagado hoy en Dolores, pero el juez pospuso su interrogatorio para el 17 de julio. Fue a pedido de Santoro, ya que su abogado, Mauricio de Núñez, está de viaje fuera del país.

Santoro quedó involucrado en la causa en que está citado a indagatoria el fiscal Carlos Stornelli porque publicó información que le proporcionó el falso abogado Marcelo D'Alessio, preso por espionaje.

Para el juez, el periodista fue parte de las maniobras porque "no solo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos, y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la organización".

Santoro rechazó estas acusaciones, negó haber participado de actividades de espionaje y dijo que el llamado a indagatoria es "un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K".

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que reúne a dueños de los diarios y medios digitales del país, expresó su "preocupación por las eventuales derivaciones del llamado a indagatoria".

En la causa se analizan denuncias sobre escuchas telefónicas ilegales, extorsión y espionaje. "Una declaración indagatoria puede continuar con un procesamiento, embargo de bienes y hasta la detención del procesado", advirtió ADEPA. Y añadió: "Estas derivaciones configurarían una criminalización de la tarea periodística sin antecedentes desde el regreso de la democracia. Lo que está en juego son derechos consagrados en nuestra Constitución, como el de preservar las fuentes, base central de la investigación periodística que consolida el presupuesto democrático de una ciudadanía informada".

El mensaje de ADEPA continuó: "El solo hecho de involucrar penalmente a un periodista en una causa criminal en la que un procesado actuaba como fuente se transforma en una amenaza que puede llevar a la autocensura", y advirtió que condicionar el uso de estas herramientas limita al periodismo para "destapar oscuras tramas" de la vida pública.

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