Primera denuncia por los informes de la SIDE sobre opositores: la presentó Manes y apuntó contra Santiago Caputo

El diputado nacional Facundo Manes denunció hoy en los tribunales federales de Comodoro Py la actuación de la SIDE: pidió que se investigue lo informado por LA NACION, que dio cuenta de un informe que hizo el organismo de inteligencia sobre políticos opositores, gremialistas y grupos de jubilados.

Manes presentó su denuncia como un “hecho nuevo” dentro de una causa que tiene abierta contra Santiago Caputo por el delito de “amenazas coactivas”, por la forma en que el asesor presidencial lo increpó en el Congreso Nacional, en un pasillo, durante la apertura de las sesiones ordinarias.

La SIDE es una de las áreas del Estado nacional que quedaron bajo la supervisión de Santiago Caputo.

“Vengo a denunciar como hecho nuevo -afirmó- que tal como surge de lo publicado por el diario LA NACION (...), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones que protagonizan líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales".

Manes aparece mencionado en el informe de la SIDE del que dio cuenta LA NACION. Dice: “El jefe político del espacio ‘Para Adelante’, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti”.

Manes presentó su denuncia con el patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés.

En su presentación, relató: “En particular, surge del informe de la SIDE la reunión que mantuve en mi casa familiar con el ex intendente de Lanús Néstor Grindetti”. Y advirtió: “Cabe destacar que el artículo 4 la ley 25.520 prohíbe obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos ‘por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Según Manes, “el hecho nuevo denunciado constituye un contundente elemento de prueba respecto que la conducta oportunamente denunciada [los hechos de Caputo en el Congreso] tiene la suficiente entidad para representar una amenaza coactiva en los términos previstos por los artículos 149 bis y 149 ter inciso 2.a del Código Penal”.

En esta causa, el fiscal Ramiro González entendió que no había elementos para considerar que se hubiera cometido algún delito tras el intercambio entre el legislador y el asesor del Presidente. Promovió entonces el cierre de la causa.

Pero los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun ordenaron la reapertura del caso: le indicaron a la jueza María Eugenia Capuchetti que antes de archivar el expediente por inexistencia de delito, revisara si el denunciante (Manes) puede ser querellante y por lo tanto, si puede solicitar él la realización de medidas de prueba e impulsar la acción penal que el fiscal había decidido no impulsar.

El informe

Tal como publicó LA NACION, el informe en cuestión se titula “Hechos previstos 09JUL25”, se fechó un día antes, el martes 8 de julio, y detalló cuáles eran las actividades políticas de peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros, para el feriado del Día de la Independencia. Ese día venció el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros.

Precisó cuáles serían los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una, sin que el informe consignara si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional. Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia.

LA NACION

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