
Procesaron a Roberto Baratta, exmano derecha de Julio De Vido, por enriquecimiento ilícito
El juez federal Julián Ercolini también trabó un embargo por 1500 millones de pesos; el exfuncionario kirchnerista está siendo juzgado por el caso cuadernos
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El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, por el delito de enriquecimiento ilícito y trabó un embargo sobre sus bienes hasta la suma de 1500 millones de pesos.
El desfasaje entre sus ingresos y gastos es de casi 4,3 millones de pesos, correspondientes al período 2003 al 2017. El juez aclaró que la suma es a valores a época, sin actualización por la alta inflación del período.

El principal cuestionamiento es una casa en el country Mapuche de Pilar, que la defensa dijo que era de la madre de Baratta, pero donde el exfuncionario pagaba las cuentas y hasta el servicio de cable estaba a nombre de su chofer Oscar Centeno.
Baratta era subsecretario del Ministerio de Planificación Federal y está siendo juzgado por el caso de los cuadernos de las coimas, como uno de los cobradores que retiraba bolsos con dinero de empresas y los llevaba a dependencias oficiales.
Según el fallo de Ercolini, Baratta incrementó su patrimonio de manera “apreciable e injustificada” mientras fue funcionario y durante los dos años posteriores a dejar el cargo.
La resolución de 73 páginas analiza la evolución patrimonial desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017.
En ese lapso Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio, hasta diciembre de 2015.
La perito oficial del Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción reconstruyó los ingresos y gastos del exfuncionario.
Concluyó que hubo saldos negativos en 2005, 2008, 2010 y en todos los ejercicios de 2012 a 2017.
Después de aceptar algunas objeciones de la defensa, el desfase quedó en al menos 4.294.425,90 pesos.
Ercolini aclaró que esa suma está calculada a valores de cada año, sin actualizar, en un período de fuerte inflación. Por eso, escribió, la cifra “constituye, pues, un piso”.
La acusación se refiere a la compra de un lote y a la construcción de una casa en el Mapuche Country Club, de Pilar, que Baratta dijo que era de su madre y no suya.
El lote se escrituró en septiembre de 2012 a nombre de Marta Rosa Girola, madre de Baratta, por 70.000 dólares pagados en efectivo.
Entre diciembre de 2012 y enero de 2015 se levantó allí una casa de unos 380 metros cuadrados, con subsuelo, planta baja y primer piso.
El arquitecto Diego Manuel Gómez, que diseñó y dirigió la obra, dijo que trataba directamente con Baratta, quien le indicaba qué construir.
También declaró que cobró unos 3,7 millones de pesos en alrededor de treinta entregas, en pesos y dólares, siempre en efectivo y sin cheques ni transferencias.
Según el arquitecto, los pagos los hacía el propio Baratta o los llevaba su secretario privado, Nelson Javier Lazarte.
Gómez agregó que no conocía a la madre del exfuncionario y que al padre solo lo había visto algunas veces recorriendo la obra.
El fallo señala que las facturas de una constructora estaban emitidas a nombre de Baratta, con el domicilio de su departamento, y la cuenta del country registró gastos de Baratta y de su esposa, Dalina Bielle, hasta diciembre de 2017.
Además, los impuestos y las expensas se pagaban casi siempre en efectivo y el servicio de cable e internet de la casa estaba contratado desde 2015 a nombre de Oscar Centeno, chofer de Baratta y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa por las coimas de la obra pública.
En mayo de 2013, la madre firmó además una oferta de donación del inmueble a favor de su hijo. Para el juez fue un “artilugio jurídico” para incorporar formalmente el bien a su patrimonio, aunque no hay registro de que la donación haya sido aceptada.
La lista de bienes que le adjudicó el juez a Baratta incluye un departamento en José Hernández 2043, en Belgrano, comprado en 2010 por 220.000 dólares, de los cuales 215.000 se entregaron en efectivo.
Además tiene dos unidades con cocheras en la calle Thames, a nombre de su esposa, cuatro autos, plazos fijos en varios bancos y cajas de seguridad; hizo viajes al exterior y pagó cuotas del Belgrano Day School.
Tiene además 27.500 euros y 25.276 dólares en efectivo, secuestrados en un allanamiento a su casa ordenado en otra causa que lo involucra junto a De Vido.
Ercolini señaló que el déficit “no presenta una distribución temporal azarosa”. Se profundiza desde 2012, coincide con la compra del lote y la construcción de la casa, y culmina en 2017, cuando pesa especialmente el dinero secuestrado.
En su indagatoria del 16 de septiembre, Baratta dijo que Ercolini carecía de imparcialidad y sostuvo que todos sus bienes se explican por su sueldo de funcionario, los ingresos de su esposa y los recursos de sus padres.
Dijo que la casa de Pilar la compraron sus padres con la indemnización que su padre cobró al retirarse de Edenor; que la decisión de construir se debe a la enfermedad de su hermana, ya fallecida, para darle un lugar de descanso y que los euros y dólares secuestrados eran de su suegra y provenían de una herencia.
El juez respondió que la existencia de esos recursos familiares quedó en parte acreditada, pero que no se probó que se hubieran usado para pagar las compras cuestionadas.
El delito de enriquecimiento ilícito prevé de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.


