Pucci renunció a la secretaría de Pesca

El secretario de Agricultura, Ganadería , Pesca y Alimentación, Felipe Solá, negó ayer que hubiese renunciado al cargo.

En diálogo telefónico con La Nación , desvinculó la renuncia del subsecretario de Pesca, Eduardo Pucci, de la investigación del fiscal Raúl Plee por defraudación al fisco con la pesca de calamares y la atribuyó a "clarísimas razones de salud".

"A Pucci lo afectó el ritmo y la presión de su cargo y esto es conocido por todo el sector", señaló el secretario, quien añadió que aceptó la dimisión uno o dos días después de que Pucci la elevara el 1° del actual.

También señaló que a raíz de esa baja en su equipo, durante un viaje que efectuó recientemente a París le ofreció la subsecretaría al agregado agrícola en Bruselas, Héctor Salamanco, quien aceptó la propuesta.

Solá dijo que va a colaborar plenamente con la investigación que realiza Plee y aclaró que no son la secretaría ni su área de Pesca los cuestionados sino, por las informacione publicadas, el sec tor privado y dos o tres funcionarios de la Aduana.

"No somos organismo de fiscalización ni de control fiscal; nuestra función es la de controlar los recursos del mar y según dijo Plee esto no estuvo afectando esos recursos sino los fiscales", dijo Solá.

La trayectoria de Pucci

En cuanto a Pucci, fuentes de la recordaron que había asumido su cargo en la Subsecretaría de Pesca hace un año y medio, cuándo se volvió a crear esa cartera al decidirse la incorporación de la industria alimentaria a la órbita de la Sagpya.

Pucci, abogado, egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1975.

Su trayectoria profesional estuvo muy vinculada con la pesca ya que en 1977, en su primer cargo en la administración pública, se desempeñó como abogado en la dirección Nacional de Pesca Marítima, Alcología y Caza Marítima.

Sin desvincularse en ningún momento del sector, entre 1982 y 1984 se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos del Mercado de Concentración Pesquera del puerto de Mar del Plata y y al año siguiente pasó como asesor de gabinete de la subsecretaría de Pesca. En 1990 fue asesor de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Siempre en la función pública, en 1995 se lo designó en el cargo que ocupó hasta los primeros del actual.

La última decisión de Pucci, había sido la firma de un convenio con las principales cámaras pesqueras del país para reducir en un 20 por ciento el nivel de captura de la merluza hubbsi -principal especie del Mar Argentino- que se hallaba sobreexplotada.

El mes último, Pucci había sido cuestionado por los ministros provinciales del área pesquera, quienes se quejaron por el manejo centralizado y poco consensuado de la política nacional en esta materia.

Salamanco

Héctor Salamanco, el nuevo funcionario del área, es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos aires y también venía desempeñando cargos públicos desde hace casi siete años.

Fue ministro consejero agrícola del gobierno argentino y funcionario de la Sagpya en la embajada argentina ante la Unión Europea (UE), con sede en Bruselas.

Paso a paso

• Denuncia: la causa se inició el año último, cuando la Aduana imputó fraude y contrabando a 19 empresas.
• Montos: según la ANA, esas firmas forman un grupo económico -que actúa como una asociación ilícita- y los nombres de dos de los socios se repiten en varias de ellas. La ANA reclama $ 873 millones.
• Menem: a principios de año, el Presidente manifestó su preocupación por el voltaje que cobraba el tema y Roque Fernández se reunió en forma reservada con Felipe Solá y Carlos Silvani.
• Fiscalía de Casación: el fiscal Raúl Plee sostiene que hay diferencias en los kilos denunciados para cobrar más reembolsos y pidió 20 indagatorias y detenciones.
• Solá con Menem: el Secretario de Agricultura asistió a la reunión de Gabinete y 24 horas después se publica la renuncia de Pucci, su suborinadoyer, en el Boletín Oficial. Pero Solá la desvincula del escándalo
• Empresas: dicen que su negocio se ampara en un decreto de 1992.

Las empresas rechazan las acusaciones

Argumentos: dicen que el decreto que ampara el negocio, que es redituable para el Estado, se dictó en defensa de un interés goepolítico.

Alejandro Carrió, abogado de Diego Jacob y Miguel Angel Bekenstein, sospechados por los investigadores de ser titulares del grupo económico que aprovecha la pesca del calamar, en una conversación con este diario sostuvo que la denuncia de la Aduana no tiene fundamento.

Para apoyar su opinión, Carrió afirma:

• La decisión de dictar el decreto 1493/92 -elaborado en el Ministerio de Economía-, que autorizó a las empresas argentinas a chartear buques pesqueros extranjeros, respondió a un interés geopolítico.

Según el letrado, se buscaba que los buques charteados por las autoridades inglesas de las Islas Malvinas fuesen atraídos por un régimen nacional de pesca más atractivo, para incrementar la presencia de la flota argentina en el Atlántico sur.

Para asegurar esa competencia, se estableció que tendrían prioridad para obtener permisos de pesca las empresas que charteaban buques contratados por los ingleses.

• El Estado obtiene un ingreso muy considerable de divisas, porque las firmas argentinas que chartean buques eztranjeros, además de tener que pagar un precio para obtener el permiso de pesca, deben pagar un cánon.
• El citado decreto estableció que las especies capturadas en aguas argentinas se consideran de propiedad del armador local y las ventas que estos realizarían serían consideradas "exportaciones argentinas a todo efecto".
• Esta especificación generó el derecho de las empress a percibir reembolsos.
• Los montos percibidos por el estado en concepto de permisos de pesca superan lo que abonó por reembolsos a las exportaciones.
• Existe un dictamen del Ministerio de Economía, firmado por Luis María Procascini, delegado II de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que el 12 de junio último aconsejó a la Aduana desistir de su carácter de querellante en la causa.
• Si bien los pesos consignados en los partes de pesca que llevan los buques muestran una diferencia con los que se leen en los permisos de embarque, esto no se debe a un intento de cobrar indebidamente mayores reembolsos, sino a que las empresas, por las modalidades de su operatoria, en ocasiones no exportan todo el calamar levantado por los buques poteros, pero luego venden grandes volúmenes acumulados en bodega a lo largo de varias mareas.

Por su parte, la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la República Argentina - Capeca- asegura que la Aduana no puede reclamar una pretensión fiscal de 873 millones cuando "las exportaciones por charteo sólo alcanza, promedio, los U$S 100 millones anuales".

Investigan si hay asociación ilícita

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Raúl Plee pidió que se investigue si las 19 empresas que estarían involucradas en el cobro de reembolsos por exportaciones de calamares conforman una asociación ilícita para realizar actos de contrabando y obtener un beneficio indebido, simulando operaciones aduaneras.

La invetigación, en la que se acaba de pedir la detención y las indagatorias de los representantes legales de esas firmas -la decisión de éstas de aportarle al juez federal de RíoGallegos, Daniel Caamaño, habría actuado como freno al pedido pedido de allanamiento- y de varios funcionarios aduaneros, se inició el 13 deseptiembre de 1996, con una denuncia del entonces jefe del del Departamento de Inspección General de la ANA, Enrique Ferrari.

Se sospecha que se conformaron uniones transitorias de empresas para aprovechar indebidamente los beneficios que otorga el decreto 1493/92, que autoriza a las firmas nacionales a chartear buques pesqueros extranjeros, y burlar algunas de las limitaciones que impone esa norma, por ejemplo, el número máximo de barcos que puede arrendar cada firma.

Según documentos que están agregados en el expediente y a los que tuvo acceso La Nación, los principales sospechosos serían los empresarios Diego Jacob, de larga actuación en el sector pesquero, y el ingeniero Miguel Angel Bekenstein. Según la Aduana, el apellido Jacob es mencionado como representante legal en 7 firmas, en tanto que el de Bekenstein, figura en 14. Ambos apellidos aparecen juntos en 4 empresas. Además, 4 de esas UTE tienen domicilio en Dávila 750 de esta ciudad, en tanto que 7, en Diagonal Norte al 1100.

Qué dicen la ANA y la Fiscalía

En la presentación de la Aduana se afirma que, luego de realizar "un estudio pormenorizado de los libros contables, contratos de charteo, facturación, vinculación de directivos y otros puntos de esas empresas", se llega a la la conclusión de que forman una asociación ilícita, porque no existe independencia económica entre los directivos de esas firmas ni tampoco entre éstas y los buques extranjeros que pescan el calamar.

Los armadores extranjeros no pueden pescar en aguas jurisdiccionales argentinas. Pero a partir de 1992, que se dictó ese decreto -Felipe Solá afirma que ello se debió a la necesidad de resguardar los interesees geopolíticos del país y atraer a los armadores contratados hasta entonces por las autoridades inglesas de las Islas Malvinas- sus buques fueron arrendados por empresas locales.

La tarea de estas firmas, según la ANA, se habría limitado a ofrecer los permisos de pesca -cuyo costo es de 250.000 dólares-, mientras que la pesca está a cargo de los buques extranjeros. Estos se quedan con todo el producido, en tanto las primeras se benefician con el cobro de reintegros (el 5 por ciento del valor de las mercaderías vendidas) y reembolsos (11 por ciento).

La presentación de la ANA reclama, como monto estimado de la pretensión fiscal, 873 millones de dólares. En rigor, no se sospecha que se hayan realizado negocios por esa cifra, sino que ésta surge de sumar el total de las operaciones y del cálculo de los tributos supuestamente evadidos (ello daría un resultado de 200 milones, aproximadamente), multiplicándose este resultado por cuatro -así es como la ANAcalcula el monto de la pretensión fiscal-.

Plee, en su presentación, que mantiene los términos de la efectuada por la ANA, sostiene que parte de esa maniobra se habría cometido mediante un ardid: mientras los capitanes de los buques extranjeros asientan en el parte diario de pesca que se pescó una determinada cantidad de calamares, en los permisos de embarque se hace constar cifras mayores, porque son estos ultimos documentos los que se presentan para obtener los preciados reembolsos.

La Fiscalía, para impulsar la causa, tomó 70 casos paradigmáticos de exportaciones, pero la Aduana interdictó documentación de 1000 operaciones.

La preocupación del presidente Calros Menem por el cariz de la investigación llevó al ministro de Economía, Roque Fernandez, a reunirse reservadamente hace varias semanas con Solá y con el titular de la DGI, Carlos Silvani, que recibieronla instrucción de prestar especial atención al tema.

Por Adrián Ventura

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