Qué se sabe del contrato por 1 millón de dólares entre Espert y Fred Machado

José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con Federico “Fred” Machado el 7 de junio de 2019, es decir, 15 días antes de formalizar su candidatura a presidente. Machado, empresario que la Corte Suprema extraditó a Estados Unidos, enfrenta un juicio por narcotráfico y lavado de dinero.

El documento, al que accedió LA NACION, estipulaba un pago inicial de 100.000 dólares al momento de la firma, cuando Espert se encontraba a dos semanas de iniciar su campaña presidencial. El saldo restante se abonaría en nueve cuotas mensuales consecutivas de 100.000 dólares cada una, a partir del mes siguiente a la suscripción del convenio, mediante transferencia bancaria.

Machado firmó el contrato como representante de Minas del Pueblo, una empresa guatemalteca de su propiedad, actualmente investigada e intervenida por la justicia estadounidense.

Según el contrato al que accedió LA NACION, el economista aceptó “la realización de un análisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control, informando periódicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado”.

El acuerdo preveía una estrategia de “refinanciación” y una de “expansión”. En cuanto a la refinanciación establecía que “al tratarse de un proceso complejo” que requería “un asesoramiento especializado en estos temas”, era “necesario que se realice un estudio y evaluación profunda de la situación económica en concreto, señalando y analizando las necesidades a corto y largo plazo de la empresa”.

En cuanto a la “expansión”, pautaba que se elaborara un documento que reflejara “las grandes decisiones” que iban “a orientar la marcha de la sociedad hacia la gestión de excelencia”.

La redacción del contrato le fijaba a Espert algunas pautas: “Debemos tener en cuenta que la opción de una buena refinanciación de la deuda es siempre preferible al concurso de acreedores”. Algunos tramos del contrato fueron redactados en primera persona. “Como no todos los procesos de refinanciación son iguales considero que siempre deben estar presentes los siguientes puntos”, afirmó en el documento quien parecer ser Machado, que enumeró, como primer punto a considerar la “Estrategia de la Compañía” y dijo que “la propuesta de refinanciación debe contener una estrategia inicial”. También sostuvo que “el plan debe plantear una negociación colectiva e individual” y que “contendrá una reducción de costos y la mayor generación de flujos de caja”.

Además, el acuerdo preveía que se iba a plantear “la posible ampliación del capital, con aportes de sus accionistas u otros nuevos” y que en la propuesta habría “que buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y de los acreedores”.

“Como estas operaciones de refinanciación de la deuda suelen ser procesos largos y complejos a los que hay que dar solución, es de vital importancia involucrar a asesores legales, fiscales y financieros apoyando al equipo”, señalan.

El contrato tenía un “tiempo estipulado para llevar a cabo el trabajo encomendado”, que era de 12 meses contados a partir de la firma del convenio. Pero establecía: “Ambas partes expresan que el plazo convenido podrá ser prorrogado por acuerdo de ambas por el plazo que estimen conveniente”.

Las pautas de los pagos estaban claramente fijadas: Espert debía cobrar “dentro de los primeros cinco días de cada mes” mientras que el empresario renunciaba “expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada”.

El pacto tenía una parte dedicada a posibles “incumplimientos”: “Para el caso de que el prestador [Espert], no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente [Machado] a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador”.

El contrato establecía que ante cualquier controversia, las partes se someterían a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

El contrato está firmado por Espert y Machado, con certificación de firmas por un escribano público de Buenos Aires el 19 de junio de 2019, días antes de que Espert se inscribiera como precandidato a presidente.

Espert admitió haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo en 2020 y haber firmado un convenio con Machado. No obstante, no mencionó que el contrato ascendía a un millón de dólares ni que este contemplaba pagos durante su campaña presidencial. Inicialmente, Espert declaró que solo podría asumir el compromiso como asesor privado una vez finalizada la campaña.

El economista explicó que el contrato no prosperó debido a la imposibilidad de viajar a la mina por la pandemia de Covid.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Martín Rodríguez Yebra y Paz Rodríguez Niell.