Quejas a la presión impositiva en Córdoba
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti lleva semanas sin hacer declaraciones públicas, más allá de la apertura del año legislativo. El silencio aparece como la reacción frente al delicado escenario nacional, pero también dejó sin respuestas a las críticas de los empresarios locales por la suba de la presión impositiva.
Schiaretti se mueve en su círculo íntimo; se preocupa por acompañar al intendente Martín Llaryora en la ciudad capital y sigue de cerca el armado en Río Cuarto, que vota en marzo. Claramente su posición en el mapa político nacional cambió; con Fernández en el poder la idea de una "liga de gobernadores" que tenía el cordobés -la dupla primigenia la imaginaba con el santafesino Omar Perotti- todavía no cuaja.
Las necesidades financieras de muchos mandatarios los hacen privilegiar la relación con la Casa Rosada.
Schiaretti tiene una buena relación de larga data con Perotti; es su colega con el que más habla y con quien comparten más posiciones y problemas en común, como el impacto de las retenciones en los ingresos provinciales y el financiamiento de la Anses al sistema jubilatorio no transferido.
Sin embargo, el santafesino tiene una llegada a Alberto Fernández que no tiene el gobernador Schiaretti.
En el gabinete cordobés -cuyos ministros tienen contacto formal y fluido con sus pares nacionales- esperan señales de la Casa Rosada sobre el giro de la deuda acumulada por obras públicas (unos $2500 millones) y por las transferencias del financiamiento de la Caja de Jubilaciones (se deben unos $1000 millones de adelantos de 2019). Por ahora, no hay novedades.
Las preocupaciones de Córdoba por la deuda se centran en 2021, cuando cae el grueso de los vencimientos.
Los que sí tienen más llegada a Nación son los intendentes peronistas. Muchos de ellos pasaron por despachos de ministros, siempre en busca de recursos o de obras.
En el frente interno, aunque el vínculo del gobernador con los empresarios es cercano y bueno, el Grupo de los Seis (G6), que integran las principales entidades empresariales de Córdoba, difundió un comunicado en un tono muy duro, inédito para su historial.
El Grupo de los Seis cuestionó las políticas tributarias de la provincia y de Martín Llaryora en la municipalidad; y también incluyó a la Nación.
El texto menciona la suspensión del Pacto Fiscal acordado entre los gobernadores y la Nación; apunta que la decisión es una señal "negativa en todo sentido porque deja librada a la discrecionalidad de cada jurisdicción la posibilidad de multiplicar la presión tributaria".
Los empresarios apuntaron que Córdoba "no debería subir la carga tributaria, en especial el impuesto a los ingresos brutos que pesa sobre el sector privado". Aunque no lo puntualizan en el comunicado, también hay malestar por la tarifa eléctrica provincial, que no está congelada.
El documento subraya que los sectores productivos "como la ciudadanía en general necesitan que los distintos niveles del Estado hagan esfuerzos genuinos y sostenidos para la reducción del tamaño del Estado y de todo gasto público innecesario".
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