Reclaman que la Procuración del Tesoro se presente contra los fondos buitre en la causa de YPF: mañana vence el plazo
El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción exhortó al cuerpo de abogados del Estado a que defienda “con determinación” y “urgencia” a la Argentina en Nueva York, donde el país fue condenado a pagar US$16.000 millones
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LA NACION
El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción reclamó que la Procuración del Tesoro -que nuclea a los abogados del Estado- defienda los intereses nacionales en la causa YPF, en Nueva York, donde la Argentina fue condenada a pagar US$16.000 millones al Fondo Burford. “El plazo para hacerlo vence el próximo martes 25 de febrero de 2025″, advirtió el grupo.
El reclamo se debe a que la jueza Loretta Preska estableció que el país tiene tiempo hasta mañana para hacer su descargo contra los fondos buitre en el marco de la presentación que hizo la semana pasada la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para pedir que se revoque el fallo que condenó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. RAFA logró que la jueza emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Eso es lo que ahora tiene para responder la Procuración del Tesoro, que dirige Santiago Castro Videla.
La designación de Castro Videla, el mes pasado, como jefe de los abogados del Estado generó dudas sobre la participación que tendrá en el juicio por la estatización de YPF, el pleito más costoso que enfrenta la Argentina, porque Alberto Bianchi, uno de los socios en el estudio de abogados donde Castro Videla se desempeñaba, fue uno de los expertos elegidos por Burford Capital, el fondo que litiga contra el Estado por el Grupo Petersen en el conflicto.
En su comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción exhortó a la Procuración del Tesoro de la Nación y a YPF SA “a ejercer con determinación la defensa de los intereses nacionales y hacer propia la presentación de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) en la causa tramitada en Nueva York”.
Integran el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción abogados y especialistas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Firman el documento de hoy Carlos Negri, Alejandro Drucaroff, Susana Decibe, Marta Oyhanarte, Horacio Moavro, Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Alberto F. Garay y Osvaldo Pérez Sanmartino.
El grupo advierte que RAFA explicó “con sólidos fundamentos” y “acompañando constancias de las denuncias formuladas oportunamente por Elisa Carrió y el Informe producido por la Unidad de Información Financiera en 2018″ por qué el fallo dictado contra la Argentina “puede y debe ser anulado”.
Argumenta que “la adquisición de las acciones de YPF por el Grupo Petersen se hizo en base a operaciones originadas –según serias y fundadas denuncias- en graves delitos y los adquirentes ‘pagaron’ su precio en base a ‘distribuciones de dividendos’ de una empresa que estaba siendo vaciada con el simple mecanismo de simular utilidades inexistentes”.
El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción sostiene que “eso está acreditado por numerosas pruebas –como la certificación contable presentada por la ONG Contadores Forenses- en la causa tramitada ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Ariel Lijo (causa No. 3518: “Carrió, Elisa y otro s/ defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública”) y respaldada por abundante documentación presentada por RAFA ante la Jueza Preska en Nueva York”.
El comunicado del grupo afirma: “La condena a la Argentina por US$16.000 millones representa tres veces el valor actual de mercado de YPF e importa la mayor condena dictada en la historia contra un Estado. De hacerse efectiva, el grupo Petersen recibiría unos 4.800 millones de dólares sin haber invertido un solo peso en la compra de YPF, o sea un 90% del valor actual de YPF”. Y recuerda que “en la causa tramitada ante el Juez Lijo se pidieron hace años medidas cautelares respecto de los involucrados, entre ellas Petersen Energía S.A.U y Petersen Energía Inversora S.A.U (radicadas en España) y el fondo Burford Capital (radicado en Estados Unidos), sin que el Juzgado se haya pronunciado”.
El comunicado concluye: “Ante los nuevos hechos surgidos en las últimas horas, exhortamos a la Procuración del Tesoro y a YPF a actuar con la urgencia del caso en defensa de los intereses nacionales, en serio e inminente riesgo”.
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