Refinanciar deudas, frenar embargos y limitar intereses: qué proponen los 50 proyectos que impulsa la oposición sobre morosidad

La oposición en Diputados trabaja para poner en el centro de la discusión parlamentaria el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias. Para eso reunió 50 proyectos que ofrecen distintas respuestas, desde planes de refinanciación y quitas de intereses hasta límites a las tasas, suspensión de embargos y mayores controles sobre bancos y fintech.

El objetivo es llevar el tema al recinto en la sesión especial convocada para el 9 de septiembre. La iniciativa no solo reúne al peronismo y al Frente de Izquierda, sino también a un amplio abanico de bloques del centro político, como Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Argentina Federal, además de espacios que responden a gobernadores que suelen colaborar con la agenda libertaria, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.

La última sesión dejó una señal concreta: la oposición reunió 133 votos, una mayoría suficiente para abrir el recinto y emplazar a las comisiones, es decir, imponerles una fecha límite para tratar y dictaminar los proyectos. Es una herramienta que se utiliza cuando el oficialismo demora iniciativas en las comisiones que controla.

El oficialismo, que rechaza que la morosidad pueda atribuirse a su política económica, buscó anticiparse: convocó para este miércoles a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli. Sin embargo, no lo hizo en conjunto con las otras comisiones a las que fueron girados buena parte de los proyectos. Por eso, aun si reúne los votos, la oposición no podrá avanzar esta semana con dictámenes para llevar al recinto.

Los proyectos se acumularon en los últimos meses. La oposición incluyó 50 en el pedido de sesión para preservar la mayoría de 133 votos que consiguió en el recinto y ahora trabaja en cómo articular los emplazamientos. La dificultad es que no todos tienen los mismos giros: varios coinciden en Finanzas y Defensa del Consumidor, mientras que otros, por su temática específica, deben pasar por comisiones diferentes.

“Tenemos dos semanas”, resumen en los bloques que impulsan la sesión.

Una de las principales coincidencias entre las iniciativas es la creación de mecanismos para reestructurar las deudas de las familias y reducir el peso de las cuotas sobre sus ingresos.

Un proyecto de Natalia Zaracho, Itai Hagman, Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria (UP) propone crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas de bajos ingresos para consolidarlas en una única cuota que no supere el 30% de sus ingresos.

Marcela Pagano, en tanto, plantea un régimen extraordinario para personas con más de 90 días de mora e ingresos inferiores a seis salarios mínimos, con una quita total de los intereses punitorios. Otro proyecto, de Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, propone refinanciar las deudas de tarjetas de crédito hasta en 36 cuotas, con límites a las tasas y eliminación de punitorios.

La izquierda propone una salida más drástica: condonar determinadas deudas de los hogares de menores ingresos y refinanciar el saldo restante a tasa cero. También impulsa suspender embargos y ejecuciones sobre salarios.

Otro grupo de proyectos busca establecer una suerte de período de protección para las familias endeudadas. Las iniciativas incluyen la suspensión temporal de ejecuciones y embargos, el congelamiento de intereses punitorios y restricciones para informar a los deudores en registros crediticios.

Las propuestas varían respecto del alcance y la duración de la emergencia.

También hay un proyecto para regularizar las deudas acumuladas en servicios, como facturas de luz, gas y agua, con condonación de recargos y punitorios.

Una tercera línea apunta a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. Hay proyectos para restablecer topes sobre intereses y punitorios, evitar su capitalización y permitir que los propios usuarios establezcan un límite de consumo inferior al crédito que les ofrece una entidad.

También se propone regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

Otros buscan establecer límites y garantías frente a los sistemas automatizados que utilizan bancos y billeteras virtuales para ofrecer préstamos o determinar el perfil crediticio de una persona.

Finalmente, otro grupo de diputados propone que el Estado vuelva a intervenir directamente en el financiamiento. Un proyecto encabezado por Guillermo Michel (UP) plantea recuperar los créditos blandos, con tasas bajas, financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para jubilados y trabajadores.

Los kirchneristas Vanesa Siley, Mario Manrique y Sergio Palazzo, por su parte, impulsan una plataforma administrada por la Anses para unificar distintas deudas de personas de bajos ingresos en un único plan de pagos, con cuotas que no superen el 33% del salario.

El Gobierno rechaza el diagnóstico sobre el que se apoyan estas iniciativas. Javier Milei aseguró que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno” por el aumento de la morosidad y sostuvo ante sus legisladores que no deben “tragarse la píldora de la empatía”.

Según el Presidente, el problema está concentrado en determinados segmentos de las familias y parte del endeudamiento responde a decisiones de consumo. Incluso vinculó parte de la mora con la compra de televisores durante el Mundial y con las apuestas. “Lo que están proponiendo los kirchneristas es rescatar al usurero, y no lo vamos a hacer”, afirmó.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

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