Revocaron un sobreseimiento de Fernando Niembro por contratos con la Ciudad de Buenos Aires
La Cámara del Crimen porteña no descarta que haya habido "fraude" contra la administración local
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LA NACION
La Cámara del Crimen porteña revocó el sobreseimiento a favor del periodista deportivo Fernando Niembro por presuntas contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una resolución que no descarta que hubiera existido un "fraude" contra la administración local.
La Sala IV del tribunal dejó sin efecto este sobreseimiento -que había dictado el juez de primera instancia Roberto Ponce- al argumentar que "las pruebas producidas hasta el momento impiden descartar que haya existido un fraude en perjuicio del patrimonio de la administración pública o bien otros delitos".
La denuncia a Niembro gira en torno a la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad de la firma "La Usina Producciones SRL para proveer espacios de publicidad y realizar encuestas de satisfacción durante el período comprendido entre los años 2012 y 2015".
Los camaristas Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Ricardo Pinto detectaron que "del cotejo de las facturaciones realizadas por dicha empresa con los pagos efectuados por el gobierno local, se advirtió que existían algunos informados por la administración que no pudieron ser asociados con las carpetas ni con las órdenes acompañadas, cuyo monto ascendería a $4.435.651,06".
Tal como se explica en el fallo: "No resulta razonable sustentar que exista plena correspondencia entre las contrataciones que La Usina Producciones SRL llevó a cabo con el ente gubernamental y los pagos que dicho organismo le realizó. Tampoco la conclusión vinculada con la ausencia de sobreprecios en los pagos".
Los jueces admitieron todos los cuestionamientos que formuló el fiscal Carlos Velarde y subrayaron que La Usina percibió del gobierno porteño, cuando su titular era el hoy presidente Mauricio Macri, "la suma total de $24.718.595, 48 y tuvo un costo de $5.644.898,07 para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas, lo que en definitiva le significó una utilidad bruta de $19.073.606,41".
Tras enumerar una serie de puntos que no fueron debidamente esclarecidos durante la investigación, el fallo explica que las contrataciones fueron celebradas bajo la explicación de un estado de "necesidad" y "urgencia", pero entendieron que esa situación "no se encontraba suficientemente justificada".
Agencia DyN
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