Rivara ya no podrá venderle al Estado

LA PLATA.- La empresa alimentaria Rivara S.A., de la que es accionista el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Raúl Rivara, dejará de ser proveedora del estado provincial.

Así lo decidió ayer el gobernador Felipe Solá, luego del escándalo desatado tras la denuncia penal presentada por legisladores de ARI y el inicio del tratamiento del trámite legislativo para sustanciar un juicio político en contra del gobernador y de su colaborador.

"Pudo haber un error, pero de ninguna forma hubo un delito", indicaron a LA NACION altas fuentes del gobierno provincial. "Nosotros luchamos por la transparencia, y para ello hay que ser y parecer transparentes", señalaron.

Lo cierto es que, de ahora en más, la firma molinera no podrá intervenir en licitaciones ni en compras directas para provisión de alimentos que sean convocadas por el Estado provincial.

Ayer, Rivara reveló: "Se trata de una decisión consensuada con el gobernador. Yo le dije que si era necesario hablaba con mi hermano para que dejáramos de proveer al Estado".

En diálogo con LA NACION, el ministro reiteró que su renuncia también está a disposición del gobernador, y sostuvo: "Me arrepiento de haber sido tan ingenuo y de pensar que se podía obrar sin necesidad de alimentar la hipocresía de algunos sectores".

El funcionario provincial también dijo: "Es cierto que a algunos les puede parecer injusto o discriminatorio, pero a nosotros nos parece lo adecuado y aseguramos que esto no traerá aparejados problemas o planteos en el futuro".

"Nunca utilicé mi cargo para influenciar las ventas de una empresa. Si yo quisiera hacer negocios con el Estado, no lo haría con una empresa de la cual yo mismo denuncio tener el 22,5 por ciento y que lleva como nombre oficial mi apellido", abundó Rivara.

Asimismo, el ministro aseguró estar dispuesto a presentarse a dar explicaciones "ante quien corresponda", aunque opinó que tanto la denuncia como la solicitud del juicio político tienen un "claro matiz político", y la vinculó con la pelea partidaria entre Solá y el sector que conduce Eduardo Duhalde.

"Con gusto a campaña"

Por su parte, el gobernador consideró ayer: "Si la Justicia dice que hubo irregularidad, entonces me verán preocupado; si no, no".

Y añadió: "Lo que a mí me importa de este tema es la denuncia de ARI con gusto a campaña, que realizó ante la Justicia, y la determinación que ella tome. Lo demás es una jugada tan obvia en año electoral y tan vinculada al problema político que se ha generado con el duhaldismo, que me exime de comentarios".

En tal sentido, el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas (UFIC) de esta ciudad, Carlos Arguero, dijo a LA NACION que demandarán meses los peritajes que permitan descubrir si hubo perjuicio para el Estado o si pueden advertirse irregularidades en la contratación.

El fiscal informó que ya fue secuestrado el expediente original y que se rastreó la relación entre la empresa y el estado bonaerense, que, según dijo, se remonta al año 1994.

Arguero dijo que, además de la intervención de peritos contables, se consultará a todos los organismos de la Constitución que debieron haber intervenido en el caso, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Asesoría General y la Contaduría de la provincia de Buenos Aires.

"También debe analizarse si la oferta del molino Rivara fue mejor a la que existía en el mercado", amplió.

Casi 4 millones

El escándalo se desató hace un mes, cuando un grupo de legisladores de ARI presentó una denuncia judicial en la que reveló que un decreto del gobernador había adjudicado a la empresa Rivara S.A., presidida por Fernando Rivara, hermano del ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, una contratación directa por la compra de harina de maíz con harina de soja por un precio final de 3.945.000 pesos.

Ese decreto autorizó la compra de harina a la empresa Indalar S.A. por 3.915.000 pesos, que, sumada a la compra que se le aprobó a Rivara S.A., redondeó un gasto de 7.860.000 pesos por seis millones de kilos de harina de maíz con harina de soja.

Giannettasio, contra el juicio

• LA PLATA.- La vicegobernadora bonaerense, Graciela Giannettasio, enrolada en el duhaldismo, discrepó ayer con la posibilidad de que avance en la Legislatura provincial el pedido de juicio político contra el gobernador Felipe Solá y, de este modo, cuestionó indirectamente a los diputados duhaldistas que anteayer aprobaron esa moción. "El juicio político es algo excepcional, el último recurso después de agotar todas las instancias previstas en la Constitución provincial", dijo en referencia a los pedidos de interpelación, de declaración, de informes o de resolución previstos en la legislación.

Por Pablo Morosi

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