Rockhopper dijo que las sanciones de la Argentina son “ilegítimas” y que avanzará con la explotación petrolífera en Malvinas

La empresa británica Rockhopper indicó este miércoles que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que avanzará con el proyecto Sea Lion junto con la compañía israelí Navitas Petroleum.

En su informe semestral, la empresa indicó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.

“En las últimas semanas, los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política”, agregó Rockhopper.

Se hizo hincapié, además, en que el gobierno de las Malvinas y la administración británica le respondieron públicamente al equipo de Javier Milei “de manera consistente y firme” y calificaron las sanciones impuestas “como ilegítimas y carentes de justificación jurídica, y confirmaron el compromiso continuo del Reino Unido de trabajar con el gobierno de las Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, para proteger sus intereses”.

“Navitas, el operador del proyecto, confirmó recientemente que opera conforme a licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, sumó.

Sea Lion es un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. Navitas es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.

Rockhopper y Navitas ya habían emitido una primera reacción luego del discurso del Presidente a comienzos de septiembre, cuando además de aumentar las sanciones anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

“La sociedad opera en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el gobierno de las islas, un territorio británico de ultramar autónomo, y con el pleno y continuo apoyo del gobierno del Reino Unido”, indicaron en el texto oficial.

Tras ello, remarcaron que ambas firmas consideran que “los recientes acontecimientos” —en referencia a las palabras del libertario en Naciones Unidas— no tendrán “un efecto significativo en las actividades de desarrollo del proyecto, incluido el calendario para su finalización”.

En el listado de empresas sancionadas por el gobierno argentino hay 45 compañías y accionistas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.

Por ilegítimas licenciatarias figuran entre las observadas Navitas Petroleum Development y su subsidiaria operativa Navitas Petroleum Atlantic Limited -que se encarga de los proyectos offshore como el que se desarrolla en el Atlántico Sur-, ambas en la filial de Reino Unido.

Se suman asimismo compañías y sujetos israelíes, por ser según el Gobierno accionistas de Navitas Petroleum. Entre ellos, Harel Insurance Investments & Financial Services LTD, Migdal Insurance and Financial Holdings LTD, The Phoenix Holdings LTD/Phoenix Financial LTD/The Phoenix Investments House LTD, Meitav Investment House LTD, Gideon Abraham Tadmor Cohen, Yacob Katz, Jonathan Akiva Sternberg, Boaz Yoel Cohen Tadmor y Amit Kornhauser.

Por ilegítima licenciataria, el Gobierno también irá contra Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y contra Rockhopper Exploration Limited (Oil), ambas del Reino Unido.

A sus accionistas Noked Capital LTD (Israel), Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido), Exodus Management Israel LTD (Israel), Ion Fund Management LTD (Israel), Samuel Moody (Reino Unido) y William Rees Perry (Reino Unido) también se les iniciarán los procedimientos sancionatorios.

En tanto, el procedimiento también se aplicará sobre accionistas de Borders & Southern, que opera en Malvinas con licencias otorgadas por la administración ilegítima de las islas.

Entre ellos aparecen Alan Brimacombe (Canadá), Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas), Interactive Investor Limited (Reino Unido), Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido), Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido) y tres personas más que son nombradas como Mr H Mason (sin nacionalidad registrada), y Mr y Mrs Newlands (Reino Unido), todo en base a información oficial.

Por ilegítimas licenciatarias se iniciarán expedientes contra las canadienses JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., y contra la accionista única de estas compañías, Eco Oil & Gas LTD. Asimismo, sobre accionistas de Eco: Cibc Asset Mgt (Canadá), Canaccord Genuity Limited (Reino Unido), Avanza Bank Holding AB (Suecia), Moshe Peterburg (Israel), Askar Alshinbayev (Kazajistán), Coronation Fund (Sudáfrica) y Westmount Energy Limited (Jersey).

En el mismo sentido el Gobierno pondrá la mira sobre la firma Borders & Southern Falkland Islands Limited de Reino Unido por ilegítima licenciataria, sobre su “proveedor estratégico de infraestructura” Noble Corporation (Reino Unido), y sobre los accionistas de Noble: AP Moller Holding A/S (Dinamarca), First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos), Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos) y Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos).

Por último, también irá contra Netherland, Sewell & Associates Inc. (Estados Unidos) como supuestos “analistas y asesores corporativos”; y contra Fugro NV (Países Bajos) como “proveedor de servicios”.

LA NACION

• Islas Malvinas
• Reino Unido

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