Sabina Frederic y Horacio Pietragalla admitieron una fuerte suba de los casos de violencia institucional durante la cuarentena

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi
Laura Serra
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7 de agosto de 2020  • 18:18

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, reconocieron que hubo un notable aumento de denuncias que involucran a fuerzas de seguridad en casos de violencia institucional desde que comenzó la pandemia en marzo pasado. En una reunión con los diputados de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, Frederic precisó que hasta ahora se radicaron 39 denuncias por hechos de uso abusivo de la fuerza por parte del personal federal con casi un centenar de efectivos implicados.

Pietragalla, a su turno, exhibió estadísticas aún más inquietantes. Precisó que, hasta que se decretó el período de aislamiento social y obligatorio, su organismo receptó 71 denuncias de casos de violencia de diverso tipo, incluida la institucional; durante la cuarentena, esa cifra trepó a 531 casos. En este registro figuran casos de hostigamiento (24); lesiones (34); muertos (25); amenazas (11) y detenciones arbitrarias (20).

El plenario de las comisiones, realizada por videoconferencia, se celebró a 100 días de la desaparición del joven Fernando Astudillo Castro; la Justicia trabaja con la hipótesis de una desaparición forzada y la familia apunta a los uniformados del partido de la localidad bonaerense de Villarino que demoraron al joven el 30 de abril pasado por incumplir la cuarentena. Al referirse al caso, tanto Frederic como Pietragalla enfatizaron que las carteras a su cargo colaboran con la Justicia y la familia para el esclarecimiento del caso y que, si lo hicieron de manera tardía, fue porque recién en julio pasado se radicó la primera denuncia por desaparición forzada.

"Para el Estado nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro", enfatizó la ministra Frederic, quien aclaró que "el Ministerio de Seguridad no lleva adelante la investigación, que está bajo secreto de sumario, sino que interviene como auxiliar de la Justicia Federal de Bahía Blanca", sobre todo en la realización de rastrillajes en la zona.

Durante el plenario de las comisiones, oficialismo y oposición se trenzaron en un fuerte debate y se achacaron responsabilidades mutuas sobre la violencia institucional. Pietragalla aseveró, por caso, que cuando asumió su cargo, la dirección nacional de políticas de violencia institucional que forma parte de la secretaría sólo contaba con cinco empleados.

"Me alegra que ahora la oposición muestre sensibilidad sobre el tema -ironizó-. Pero sepan que nosotros jamás vamos a recibir a un policía que dispare por la espalda a su víctima, no vamos a revictimizar a las víctimas ni mandar a los servicios a escuchar a las víctimas", acicateó, lo que provocó la inmediata reacción de la oposición de Juntos por el Cambio.

"La situación que se vive por la violencia institucional no es por los resabios de la anterior gestión. ¡Son ustedes los responsables porque mandan a reprimir las violaciones a la cuarentena!", acusó el radical Luis Petri. "Pietragalla lo reconoció, antes de la pandemia había 73 denuncias, ahora hay 531. Aumentaron un 800% durante la cuarentena", enfatizó.

El oficialismo no se quedó callado y responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, sucedidos en 2018. "Nuestra fuerza política repudia los hechos sucedidos sobre violencia institucional, pero hay que decir que durante el último año de gobierno Macri, según las estadísticas oficiales, hubo una persona muerta por violencia institucional cada 19 horas", sostuvo Gisella Marziotta.

Su par Karina Banfi, al igual que Alejandro Cacace y José Cano insistieron en que si bien la mayoría de los casos sobre violencia institucional tuvieron lugar en distintas provincias del interior del país, el Estado nacional no debería eludir su responsabilidad. En este sentido, la ministra Frederic fue contundente. "No tengo competencia sobre las policías provinciales, a lo sumo puedo solicitar información por nota sobre las actuaciones que realizaron", sostuvo.

La oposición no parecía conforme con las respuestas. "Sigue pasando el tiempo y nosotros queremos respuestas concretas, no que echen la culpa a gobiernos anteriores o a organismos provinciales", señaló el diputado Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos. Los legisladores también plantearon sus reparos al último decreto presidencial que dispone penas de prisión a quienes violen las restricciones impuestas por la cuarentena. "Asusta que tengamos este nivel de persecución policial", advirtió Banfi.

La funcionaria también debió aludir a la polémica que desataron sus declaraciones sobre la cantidad de robos y el rol de los medios de comunicación. "No son muchos los robos, son los medios de comunicación los que los amplifican", había dicho en una entrevista. Durante la videoconferencia con los legisladores, Frederic sostuvo que los medios de alcance nacional "levantaron un tramo de la entrevista fuera de contexto".

Frederic precisó que durante el primer semestre hubo un descenso en la tasa de hechos delictivos, básicamente producto de la cuarentena estricta que se impuso durante abril pasado. En los meses posteriores aumentaron, admitió. "Los hechos delictivos están subiendo, y tienden a ser más violentos", advirtió.

Al finalizar la reunión, la diputada oficialista Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, anticipó que se trabajará en una ley contra la violencia institucional. "Es una deuda de la democracia", sostuvo.

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