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Sanciones y advertencias para frenar la protesta de seguridad
El Gobierno envió un radiograma en duros términos, penalizó a más de veinte efectivos e intervino el área administrativa del ministerio de Garré
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Un radiograma impartido en la noche del viernes pasado con duras advertencias. Una veintena de sanciones, algunas públicas, otras secretas, con una denuncia penal incluida. Un viejo decreto presidencial de 1973 para corregir errores y la virtual intervención del área administrativa del Ministerio de Seguridad a manos de la cartera económica.
Ese combo terminó por sellar la tregua que consiguió la Casa Rosada después de los ocho días de protesta en las fuerzas de seguridad que anteayer se levantó de manera casi sorpresiva.
La primera jugada de presión fue un radiograma, con horario de las 21 del viernes pasado, que convocaba a los prefectos y gendarmes a presentarse en sus puestos de trabajo. "Cada jefe de elemento en ejercicio de sus facultades deberá continuar velando por la disciplina y conducta de sus subordinados, impartiendo y supervisando las órdenes necesarias, a fin de garantizar que el personal continúe con el cumplimiento normal de las tareas y actividades", decía el texto que obtuvo LA NACION, y que llegó a cada uno de los jefes departamentales tanto de Prefectura como de Gendarmería.
"Ante el incumplimiento adoptarán las medidas disciplinarias que cada caso amerite, en cumplimiento y observancia de las órdenes, reglamentos y leyes militares que mantienen plena vigencia y son de aplicación en la fuerza", avanzaba el radiograma sobre las represalias.
A esa hora, la presidenta Cristina Kirchner , envuelta en la crisis que se extendía día a día, cancelaba definitivamente su viaje a Santa Cruz para pasar el fin de semana largo en familia. Eran las horas más calientes de las protestas y la Casa Rosada pasaba con esa orden a aplicar el plan B después de una fallida primera etapa en la que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, intentó negociar, sin suerte, con los rebeldes.
A eso se sumó que el sábado la Presidenta dispuso comenzar a aplicar sanciones disciplinarias, que abarcaron en total a una veintena de manifestantes. Ese día se conocieron los pases a disponibilidad en Gendarmería, que llegaron a diez en total, mientras que otros entre 10 y 15 prefectos, cuyos nombres se mantuvieron en reserva, fueron sumariados. Según supo LA NACION, la Prefectura presentará una denuncia penal por agresiones y por el "secuestro virtual" en el edificio Guardacostas del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. "No hubo más plata, hubo mano dura, hubo sanciones", resumió ante LA NACION uno de los funcionarios involucrados en la negociación.
Para evitar que el mes próximo haya prefectos o gendarmes que ganen menos por el "blanqueo" de sus salarios, Cristina Kirchner no redactará otro decreto, sino que se valdrá del artículo 2604 del decreto 1081 de 1973, que reglamenta los haberes del personal militar en actividad. De allí se tomarán los rubros suplementarios, es decir, complementos no remunerativos, a aplicar a aquellos que vean disminuido el sueldo con la aplicación del famoso decreto de la polémica, el 1307.
Desde lo político, quien pagó el costo de la crisis fue Raúl Garré, hermano de la ministra de Seguridad, que renunció anteayer. "Alguien tenía que hacerse cargo políticamente para descomprimir", confiaron en la Casa Rosada. Todavía no está decidido su reemplazante. Él era el responsable de la comisión que se había creado para solucionar los temas salariales. Fue una salida para evitar la responsabilidad de la misma Garré.
En paralelo, la Presidenta definió una virtual intervención del área administrativa de Seguridad. El verdugo de la ministra esta vez no fue Berni, sino Lorenzino. Su mano derecha, Fernando Álvarez, funcionario del Palacio de Hacienda, asumió como subsecretario de Coordinación en la cartera de Seguridad, a cargo de la ingeniería legal para el pago de los sueldos.
En la segunda etapa del plan de presión, Cristina Kirchner se vio obligada al cambio de negociadores. "A mí no me apretás por los medios", le advirtió Berni a uno de los prefectos en rebeldía, Damián Pared, a quien había convocado a negociar sin considerar que después lo contaría en la televisión. Sin solución, el secretario de Seguridad debió entonces salir de escena y dejar a los nuevos jefes de ambas fuerzas, Luis Alberto Heiler y Enrique Alberto Zach, que se encargaran de mantener la negociación y recuperar así la cadena de mandos.
La Casa Rosada aún no está convencida del fin definitivo del reclamo. Todo dependerá de los números con los que cierren la próxima liquidación de haberes.
Las medidas que forzaron el final
El Gobierno recurrió a una serie de medidas contra la protesta
- Sanciones
Si bien trascendió el pase a disponibilidad de ocho gendarmes, hubo además una veintena de sanciones, que incluyeron a prefectos
- Radiograma
En la noche del viernes pasado, en el momento más crítico de la protesta, Seguridad envió un texto a todas las dependencias de Gendarmería y Prefectura con severas advertencias. "Ante el incumplimiento adoptarán las medidas disciplinarias que cada caso amerite, en cumplimiento y observancia de las órdenes", decía
- Intervención
Toda el área administrativa del Ministerio de Seguridad fue intervenida por Economía. Fernando Álvarez, mano derecha de Lorenzino en el Palacio de Hacienda, asumió como subsecretario de Coordinación en Seguridad. El gesto de sacar al hermano de Nilda Garré completó la operación de recambio de supuestos responsables
Carrió denunció a Cristina y a Abal Medina
La diputada de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió pidió a la Justicia que investigue a la presidenta Cristina Kirchner y al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, por "omisión de denuncia y violación de los deberes de funcionario público", por no haber denunciado irregularidades en los haberes de prefectos y gendarmes. Solicitó además investigar al senador Aníbal Fernández como posible "promotor y encubridor de la asociación ilícita entre jueces, abogados, miembros del poder político y jefes de Gendarmería y Prefectura".
