Santiago del Estero: procesan a un ex capellán del Ejército por delitos de lesa humanidad

Santiago del Estero.- En el marco de la causa que investiga la detención ilegal y torturas que sufriera el ex preso político Hugo Alberto Gómez, la justicia federal de esta provincia determinó el procesamiento del sacerdote Carlos Marozzi, quien se desempeñaba como capellán del Ejército y en la actualidad es el responsable de la parroquia Nuestra Señora de Sumampa de la capital provincial.

Gómez había relatado ante la Justicia que en oportunidad de ser detenido y llevado al entonces centro de detención clandestina del ex Batallón 141 de Ingenieros de Combate de nuestra provincia "pude ver claramente allí al Padre Marozzi mientras me golpeaban en un momento que se me corrió la venda".

Otros presos políticos que sobrevivieron a dicho centro han relatado que el sacerdote "venía, nos confesaba y en la confesión nos decía que digamos donde estaban nuestros compañeros, que digamos todo a los militares así nos largaban rápido", según constan las declaraciones en distintos expedientes por delitos de lesa humanidad.

El Juez Federal de esta provincia, doctor Guillermo Molinari, encontró a Marozzi como responsable de los supuestos delitos de "imposición de tormentos", como así también, al mismo tiempo, "partícipe de una asociación ilícita", ambos hechos caratulados de lesa humanidad y por lo tanto imprescrpitibles.

El hecho data de 1975, bajo el gobierno constitucional de María Estela de Perón, varios meses antes del golpe de marzo del 76 y cabe destacar que dicho procesamiento es sin prisión preventiva, debida a la avanzada edad del sacerdote, quien en las oportunidades en que declaró ante la Justicia afirmo "no recordar casi nada" de aquella época.

Su edad, su precario estado de salud y el hecho de que esté en silla de ruedas fueron los atenuantes para que el juez entendiera que "no existe peligro de fuga", aunque se le notificó de la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada vez que se le indique a una dependencia policial.

Por Leonel Alberto Rodríguez

• Derechos Humanos

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