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Scioli quedó acorralado por los piqueteros y la jefatura policial
El gobernador bonaerense dio señales por la inseguridad; sigue sin recibir fondos
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LA NACIONPablo Morosi
LA PLATA.- Las dos primeras semanas de la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense estuvieron signadas por algunos anuncios, no muchas medidas concretas y la erupción de los primeros conflictos que revelan los problemas más acuciantes que sufre la provincia: el reclamo de sectores piqueteros y la inseguridad en las calles.
La principal medida de parte del flamante gobernador se dio en materia de seguridad: se avanzó hacia la reposición de la conducción centralizada de la policía en manos de un uniformado al nombrar a Daniel Salcedo como coordinador general de la fuerza, una figura que había desaparecido durante la gestión de León Arslanian.
También hubo otras señales que dejan ver un cambio de época: se habló de dotar a la fuerza de "mayor poder de fuego" y de revertir cierto déficit policial con mayor énfasis en la persecución. El propio Scioli instruyó a los jefes policiales para que salgan a buscar a los delincuentes en desarmaderos y cocinas de droga.
Asimismo, se fijó un plazo de 90 días para sacar de las comisarías provinciales a 1600 presos, lo que permitirá, poco a poco, liberar efectivos para patrullar las calles. Esto será posible gracias a la habilitación de nuevas alcaidías en el Camino del Buen Ayre y en Lomas de Zamora.
Pero Scioli sabe que el desahogo durará poco y que necesita, como en otras áreas, fondos suficientes para seguir ampliando la capacidad de las cárceles provinciales, entre otras cosas para cumplir con otro de los anuncios: otorgar un aumento a los policías.
Paralelamente, Scioli avanzó con la idea de una ley que declare la emergencia edilicia del Poder Judicial que intenta apurar en la Legislatura: el plan incluye construcción de complejos judiciales y amplias refacciones de los edificios actuales. Y aspira a conseguir consenso para reformar el Código Procesal Penal provincial.
En tanto, en las cárceles provinciales creció, en las últimas horas, un clima revulsivo a raíz de los reclamos de los internos por la insostenible situación carcelaria, donde el 80 por ciento de los presos no tiene condena.
Si bien algunos pueden verlo como un fenómeno estacional, que se repite todos los fines de año, se sabe que este tipo de protestas en los penales responde a un déficit de fondo y, además, puede tener consecuencias graves e imprevisibles.
En este contexto, la Suprema Corte de Justicia provincial instó a Scioli a mostrar mejoras en las condiciones carcelarias en los próximos tres meses.
Recursos escasos
Los reiterados y públicos pedidos de fondos por parte de Scioli siguen sin obtener señales claras desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sólo trascendió una versión -nunca confirmada- sobre el envío de unos 1500 millones de pesos para apaciguar los reclamos salariales docentes y conseguir un inicio de clases sin conflicto.
La negociación iniciada esta semana con los docentes en el marco de las paritarias abrirá el juego de los aumentos y colocará al gobierno ante la primera necesidad concreta de fondos para hacer frente a una mejora que, de concretarse -como siempre ocurre-, acarreará el planteo del resto de los gremios estatales.
Se sabe: el presupuesto provincial prevé un gasto de 35.000 millones y un déficit fiscal de, como mínimo, 3400 millones. En tal sentido, la falta de precisiones en materia de los fondos disponibles para acometer la gestión en sus distintas áreas también fue una constante de los primeros pasos de Scioli como gobernador.
Por caso, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, advirtió que a los $ 1500 millones presupuestados para su cartera le hacen falta otros $ 1000 millones.
Por otra parte, Arroyo sufrió en carne propia la virulencia que puede adquirir, en esta etapa, el reclamo social: cuando, hace una semana, un grupo de piqueteros copó el edificio ministerial, desde el gobierno provincial se dijo que los atacantes sólo buscaban un efecto político.
No obstante, trascendió que pudo tratarse de una advertencia de lo que vendrá y que existía información sobre la posibilidad de que se produjera un hecho de esas características.
Para las finanzas provinciales constituyó un revés el fallo de la Corte Suprema de la Nación que, la semana última, ordenó a la provincia dejar de percibir el adicional por riqueza para contribuyentes con patrimonios superiores a los 500.000 pesos.
Por Pablo Morosi
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