Se entregó Brusa y quedó detenido

Vivió diez días prófugo, pero ayer, a las 8, se entregó en los tribunales de Retiro. El ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa, acusado de terrorismo, torturas y genocidio por el juez español Baltasar Garzón, quedó detenido ayer en la misma celda que ocupó la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Brusa fue trasladado al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), en Cavia 3302, después de que el juez federal Gabriel Cavallo le notificara los cargos por los que Garzón pidió su detención y la de otros 17 argentinos, el 21 de agosto último.

Su nuevo abogado, Carlos Caride Fite, lo acompañó durante la breve audiencia y luego de que le notificaran que quedaba detenido, pidió su excarcelación. El juez Cavallo la rechazó.

Los argumentos para mantener en prisión al ex magistrado fueron que se debe garantizar su comparecencia ante el tribunal mientras dure el proceso de extradición y que él no estaría amparado por las leyes exculpatorias de punto final y de obediencia debida, que sólo alcanzan a miembros de fuerzas de seguridad durante la última dictadura, explicó una alta fuente judicial.

Brusa, identificado por sobrevivientes de la represión ilegal como supuesto cómplice de las torturas aplicadas a detenidos en la comisaría 4a. de Santa Fe y en dependencias de la Guardia de Infantería, asumió como juez federal en 1992, pero el año último se convirtió en el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura.

Desde que Cavallo ordenó la detención de Brusa, el martes de la semana última, la policía allanó sin éxito su domicilio en Santa Fe y un departamento que ocupaba en esta ciudad, situado en el sexto piso de Córdoba 455.

El juez Cavallo rechazó dos pedidos de eximición de prisión presentados por su ex abogado, Pedro Bianchi, y por su actual letrado. Y, con la intención de localizar al acusado, ordenó intervenir sus teléfonos, confirmaron fuentes con acceso a la causa.

La lista de ex represores cuya captura fue requerida por Garzón y ordenada por Cavallo se completa con los ex policías Héctor Romeo Colombini, Mario Fasino, Juan Calixto Perizzotti, María Eva Aevis y Eduardo “Curro” Ramos, y los ex marinos José Suppicich, Salvio Olegario Menéndez, Raúl Scheller, Miguel Benazzi Berisso, Hugo Damario, Fernando Peyón, Francisco Rioja, Roberto González, Roberto Carnot, Gonzalo Sánchez, Jorge Rádice y Jorge Magnacco (los dos últimos detenidos por robo de bebes de desaparecidos).

En el Arzobispado

El ex policía Ramos está detenido a disposición de Cavallo, que debe resolver un pedido de eximición de prisión presentado por su defensa.

Cuando aún se encontraba en condición de prófugo, Ramos, que pretende ocupar una banca en el Consejo Municipal por un sublema del peronismo en las elecciones del mes próximo, protagonizó un inesperado incidente, al presentarse en la sede del Arzobispado de Santa Fe, frente a los tribunales provinciales, ante cuyas autoridades, encabezadas por el arzobispo monseñor Edgardo Storni, esgrimió que quedaba a disposición de la Justicia.

Fuentes judiciales indicaron que Ramos, denunciado por actos de tortura cuando se desempeñó en varias comisarías de Santa Fe durante el régimen militar, seguirá detenido hasta que se resuelva la extradición, como ocurrirá con Brusa.

Todos los demás acusados, salvo dos ex marinos -que habrían fallecido-, fueron detenidos la semana última y excarcelados hasta que concluya el juicio de extradición, dijeron fuentes judiciales.

El juez Garzón tiene 40 días a partir de la notificación de las detenciones para enviar la solicitud formal de extradición. Luego, el gobierno argentino tendrá que resolver si accede o no al pedido.

El mes pasado, las autoridades denegaron un pedido similar de Italia contra el ex represor Alfredo Astiz. El argumento fue la defensa del principio de territorialidad, que exige que los delitos cometidos en territorio argentino sean juzgados por jueces del país.

Representantes de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos ratificaron ayer su beneplácito por la detención de Brusa, y reclamaron al gobierno nacional que se acepte la extradición, para que la justicia española lo juzgue en casos de violaciones durante la última dictadura.

La investigación del juez Garzón comprende a un total de 98 acusados de genocidio, terrorismo y torturas, entre ellos los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Leopoldo Fortunato Galtieri.

Por Por Laura Zommer <br/> De la Redacción de LA NACION

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