Secretos de la negociación de la reforma laboral: fondos para las obras sociales e intentos para edulcorar el borrador
El Gobierno giró $20.000 millones para las prestadoras médicas sindicales en medio de la puja por los cambios en la legislación laboral; la CGT pide negociar con Santiago Caputo y Santilli
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LA NACIONNicolás Balinotti
Pasó casi por debajo del radar para todos, menos para los sindicalistas. En medio del debate sobre la letra chica de un borrador con una reforma laboral, el Gobierno efectivizó la semana pasada el primero de los tres pagos de $20.000 millones a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Existe un compromiso oficial de abonar los $40.000 millones restantes antes del fin de año. El giro de Javier Milei de querer regularizar ahora la histórica deuda que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales siembra dudas en la negociación tripartita que se abrió entre la Casa Rosada, los empresarios y la CGT por la modificación de la legislación laboral.
La decisión de abrir la billetera y tener un gesto con los gremios se cocinó en el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Se trata de uno de los funcionarios que llegó de la mano de Santiago Caputo y a quien el asesor presidencial rodeó de tropa propia. Caputo descartó esta semana convocar a la CGT, aunque elogió en un pasillo de la Casa Rosada al nuevo triunvirato de mando integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Sin embargo, a ninguno de ellos les escribió para saludarlos por la designación. Con otros dirigentes más avezados el canal de intercambio está más aceitado. Sus chats con los sindicalistas habrían vuelto a activarse.
“Queremos interlocutores claros. A [Julio] Cordero no le da. Queremos que el nexo para negociar la reforma sean Santiago Caputo y Diego Santilli”, dijo uno de los jefes de la CGT que más diálogo tiene con la Casa Rosada. Hugo Moyano y Argüello celebraron la designación del “Colo” como ministro del Interior. Tejieron con él durante años los millonarios contratos por la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, Santilli fue uno de los que avaló la denominada “ley Moyano”, que consiste en indemnizar y reincorporar de forma inmediata a los trabajadores de una empresa que cambia de dueño. Los interlocutores sindicales de Macri y Santilli de ese momento eran Moyano, Claudio “Chiqui” Tapia y Argüello.
El malestar de la CGT con Julio Cordero, el secretario de Trabajo, se acentuó ante la filtración de un borrador con una reforma laboral que planteaba límites al derecho a huelga, prohibir que los gremios cobren la cuota solidaria y otros puntos que la central obrera objetó en la Justicia cuando el Gobierno avanzó con el decreto 70/23 y con el decreto 340/25. Gerardo Martínez, histórico líder de la Uocra y representante de la CGT en el Consejo de Mayo, responsabilizó directamente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de intentar volver a la carga de manera inconsulta con las reformas más resistidas, algunas de ellas aún pendientes de una resolución judicial. La mera presencia de Sturzenegger en una eventual mesa de negociación dinamitaría incluso los puntos en los que hay acuerdo, como por ejemplo el relativo a la fragmentación de las vacaciones.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) también surgieron objeciones contra “el coloso”, como llama Milei a Sturzenegger. Su propuesta de negociar los convenios colectivos por empresa encendió una alarma entre los industriales. Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. Es porque en algunos casos la comisión suele estar controlada por dirigentes trotskistas, dispuestos a desafiar tanto al empleador como a su jefatura sindical. El caso más emblemático fue una protesta en 2009 en la planta de Kraft (exTerrabusi) en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. La huelga de la comisión interna duró 38 días a pesar del ánimo conciliador del Sindicato de la Alimentación, por entonces a cargo de Rodolfo Daer.
La negociación colectiva por empresa se da hoy en la práctica en muchísimas grandes compañías, pero siempre bajo la tutela del sindicato principal de la actividad. El Smata, la UOM y Alimentación son pioneros en este tipo de tratos.
En la UIA apuestan a que la normativa no se altere demasiado en este ítem y creen que los convenios colectivos se mantendrán como hasta ahora, con el ida y vuelta con el sindicato de actividad, aunque con la posibilidad de abrir algún tipo de negociación especial por empresa. Se lo llama sistema de prelación y estuvo vigente en los 90. Sirvió como criterio para determinar qué norma debe aplicarse cuando existe un conflicto. Los gremios huelen en este punto que les quieren quitar poder, como lo reconoció Sturzenegger esta semana en una charla con empresarios en Madrid.
En la CGT observan con algo de resignación lo que será el debate legislativo por la reforma laboral. Presienten que los gobernadores apoyarán la iniciativa del Gobierno y que la oposición no tendrá la suficiente fuerza para evitar el avance del proyecto de ley. “Mirá a Jaldo, ya salió a apoyar sin siquiera haber visto el proyecto oficial”, se lamentó un diputado del PJ por el ambiguo juego del gobernador tucumano con la Casa Rosada. Hay al menos otros tres gobernadores peronistas que también están dispuestos a acompañar a los libertarios, pero que aún no lo blanquearon abiertamente como el tucumano, según averiguó LA NACION.
¿Una reforma más light?
La estrategia de fondo de los gremios es tratar de edulcorar la iniciativa lo máximo posible, con tres prioridades para blindar la caja y su influencia: conservar el rol en la negociación colectiva; evitar que se revise la obligatoriedad de los aportes y la cuota solidaria, y que no se suprima la ultraactividad de los convenios colectivos. La ultraactividad implica que todos los convenios tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos, se mantiene el actual. Su objetivo es evitar un vacío legal y asegurar que las condiciones laborales de los trabajadores se mantengan sin alteraciones de manera unilateral.
La elaboración del borrador del proyecto de ley de reforma laboral que prepara el Gobierno avanza por dos carriles diferentes, aunque todavía sin letra chica definitiva. Uno de los carriles es el del lobby empresarial, sindical y político. Da la sensación que nadie está dispuesto a una reforma en profundidad. El otro ámbito de conversación es el técnico, que progresa en la Secretaría de Trabajo, con reuniones semanales con representantes de los titulares del Consejo de Mayo. La intención es presentar un proyecto de ley en diciembre, con la idea de que pueda ser tratado en sesiones extraordinarias.
Cordero reconoció que la idea es tomar como base el proyecto de ley presentado en 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” y no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos. De mantenerse así, sería una señal de tregua con los gremios a pesar del desafío de Sturzenegger. La propuesta de Diez apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones [este punto fue avalado por los gremios], la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente con la intención de que el empleador no abone el 100% del salario ante la licencia del trabajador. También prevé la ampliación de la jornada laboral, la posibilidad de pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos de la Corte, y la posibilidad de que los empresarios paguen en hasta 12 cuotas indemnizaciones o multas provenientes de litigios en la justicia. “Hasta ahora, no hay ninguna intención oficial de limitar las indemnizaciones”, aclararon en la Casa Rosada.
A esta iniciativa pretende el secretario de Trabajo añadirle dos ejes que considera fundamentales. El primero sería lo que denomina “salario dinámico”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto [1334/1992] los aumentos y los ató a la productividad. Es ideal para un contexto sin inflación y en el que se acuerde que el salario de convenio sirva como piso y no como techo. Como contrapropuesta, Sergio Palazzo, dirigente gremial bancario y diputado nacional kirchnerista, presentará en los próximos días un proyecto de ley para que los empleados reciban un plus salarial en concepto de participación en las ganancias de la empresa que los emplea en tren incentivar el compromiso, la productividad y la identificación del trabajador con los objetivos de la organización. Palazzo selló ese acuerdo por convenio para los bancarios, que participan de las ganancias del sistema financiero. Se lo llama ROE y en junio pasado, por ejemplo, significó un adicional de casi $55.000 para el salario inicial, que es de $1.800.000. Palazzo también volverá a la carga con su proyecto para reducir la jornada laboral.
Desde el Gobierno también impulsan la flexibilización de los convenios colectivos y el banco de horas. Asesores de Cordero exhiben como ejemplo exitoso el caso del depósito de logística que Mercado Libre montó en 2019 en Villa Madero con 80 operarios y que hoy cuenta con 4500, según precisó Gustavo Vila, el número dos de la Unión Carga y Descarga, el gremio que talla en el predio. Con el aval de Dante Sica, por entonces ministro de Producción y Trabajo de Mauricio Macri, la empresa de Marcos Galperin diseñó un convenio a medida con la Unión Carga y Descarga que incluyó cambios en lo relativo a la jornada laboral, la creación de un banco de horas (192 mensuales), la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno y la limitación para ejercer el derecho a huelga, con la garantía de guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta. Hugo Moyano intentó voltear este acuerdo en la Justicia con el argumento que el personal debía estar encuadrado en Camioneros, pero perdió la disputa.
Cordero admite en reserva que el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones que se incluyó en la Ley Bases no cosechó adhesiones durante el año pasado. Apuesta ahora a una reforma laboral más amplia, aunque es cuidadoso para no entorpecer la negociación con los gremios y empresas. Las intervenciones de Sturzenegger a veces lo hicieron retroceder varios casilleros. “No habrá cambios retroactivos”, les prometió a los gremios. En el proyecto hay por ahora muchas manos y nada concreto.
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