Senado: el kirchnerismo busca interpelar a Karina Milei y rechazar el veto a la emergencia en discapacidad
Unión por la Patria baraja sumar al temario la citación a la secretaria General por los audios que la mencionan en un presunto esquema de coimas en la Andis; parte de la oposición advierte que atar ese debate al veto puede comprometer los dos tercios
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La oposición del Senado busca capitalizar el escándalo que golpea al Gobierno y empuja una sesión para este jueves con un objetivo central: rechazar definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad. Con impulso del kirchnerismo, en esa misma jornada también se evalúa tratar la interpelación a Karina Milei por los audios que la señalan como presunta beneficiaria de un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -uno de los organismos alcanzados por la “motosierra” y hoy en el centro de la polémica-.
El temario incluiría, además, la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que busca acotar su uso por parte del Poder Ejecutivo.
La señal política la dio el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans. “Ya hablamos con el secretario parlamentario y con la vicepresidenta: el miércoles es la Labor Parlamentaria y el jueves, la sesión para tratar el veto y la reforma de DNU”, anunció el domingo en diálogo con Radio 10. Y sobre el caso Andis agregó: “El que las hace, las paga. Si Karina se llevó el 3 o el 8%, tiene que comparecer ante el Senado; es lo que vamos a pedir en la próxima sesión”. A su juicio, el episodio “derriba el relato de la lucha contra la corrupción”.
En el resto de los bloques persiste la discusión sobre el modo y el momento para llevar cada punto al recinto. Hay acompañamiento potencial si la tensión política escala, pero también reparos sobre la conveniencia de ligar la interpelación a la votación del veto.
El pedido de citación a Karina Milei fue presentado por el salteño Sergio Leavy (UP), con las firmas de María Teresa González y Carlos Linares. Reclama que la secretaria General explique “los audios adjudicados” al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo.
Las dudas atraviesan a sectores moderados de la oposición y también a UP, por razones distintas. Los primeros prefieren no sobreactuar el desafío al Gobierno en la antesala de la elección bonaerense; los segundos temen que sumar la interpelación complique la insistencia de la ley. La prioridad, señalan, es sostener la emergencia en discapacidad.
Las conversaciones seguirán hasta el miércoles, cuando se cierre el temario. La UCR debatirá este lunes por Zoom: respalda rechazar el veto, aunque algunos senadores no están convencidos del timing para llevar todo al recinto. En el peronismo hay voluntad de sesionar; falta acordar la letra chica.
Los proyectos
Diputados ya dio el primer paso y aprobó la insistencia de la emergencia en discapacidad: 172 votos a favor, entre bloques críticos y “heridos” del último cierre de listas. Con ese antecedente y el caso Andis en primer plano, en el Senado la oposición confía en reunir los dos tercios para sostener la ley.
La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes se transforman automáticamente a ese esquema, con acceso asegurado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.
El Gobierno vetó la ley por su costo fiscal. Estimó un impacto de más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según esos cálculos, el mayor gasto proviene de ampliar el universo de beneficiarios de la pensión -toda persona con CUD-, alrededor de 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones -señalan en el veto- demandarían $2,1 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47%). A eso se suma la incorporación al Programa Incluir Salud (unos $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026) y una compensación por actualización de aranceles ($278.323 millones el primer año).
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) proyectó un impacto menor: como no se va a aplicar el aumento jubilatorio -Diputados no pudo insistir con la ley que sancionó- el costo de la emergencia en discapacidad, sin cambios en movilidad ni bonos adicionales, caería a un rango de 0,26% (2025) a 0,46% (2026) del PBI.
La reforma a la ley de DNU no tiene costo fiscal, pero sí efectos institucionales. Un amplio arco opositor -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone eliminar la “sanción ficta”, que mantiene vigentes los DNU mientras no sean rechazados por ambas cámaras o los convalida si una sola los aprueba. La iniciativa invierte la lógica: exige ratificación explícita de Senado y Diputados para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo para que el Congreso se expida. Si no hay pronunciamiento dentro de ese plazo, el decreto cae.
Con dictamen firmado, el proyecto requiere mayoría simple para obtener media sanción. La definición final quedará en Diputados.
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