Senado: la suerte de la rionegrina Villaverde depende de la voluntad del Gobierno y podría no asumir

En un giro inesperado y dramático, la trama del caso de la libertaria Lorena Villaverde, senadora electa impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, se complicó hasta convertir la situación de la rionegrina en una situación incómoda para todos los bloques políticos de la Cámara alta y también para el gobierno de Javier Milei.

El tema es tan incómodo que hasta en la propia tropa oficialista de la Cámara alta hay quienes esperan que la Casa Rosada se haga cargo del entuerto y piden que, para bien o para mal, le ponga un fin a la cuestión. Tampoco faltan los “compañeros” que miran con recelo a Villaverde y sostienen, por lo bajo, que lo mejor sería que abandone sus pretensiones de jurar como senadora. Lo concreto es que cada vez son menos los interesados en defenderla y más los que quieren que les quiten el peso de encima.

El caso también preocupa en el Gobierno, aunque en Balcarce 50 se manejan con otras variables. Lo concreto es que la senaduría de Villaverde molesta y hay varias hipótesis acerca de las causas por las que la Casa Rosada tendría decidido soltarle la mano, según confirman en despachos oficialistas del Senado.

Las versiones sobre los términos que se barajan sobre el caso Villaverde en la administración Milei son varias. Una de ellas menciona a una renuncia durante la campaña que no pudo ser para no sumar un escándalo más al que ya protagonizaba por esa época José Luis Espert y sus diferentes versiones sobre su relación con Federico “Fred” Machado.

Hay otra, menos ingenua, según la cual el paso al costado de la rionegrina sería funcional a los compromisos asumidos por el tándem Karina Milei-Eduardo “Lule” Menem con Enzo Fullone, exfuncionario de Vialidad Nacional, segundo en la lista libertaria de octubre y, por lo tanto, reemplazante de Villaverde.

Más allá de estas especulaciones, lo que empezó como un retruécano político más del kirchnerismo contra el gobierno de Milei viró en la última semana hasta convertirse en un dilema político en el que entran en juego el respeto a la voluntad popular de un electorado, el peso de los antecedentes legales que rodean a Villaverde y el temor a sentar un peligroso precedente que en el futuro podría volverse en contra de los propios senadores que hoy señalan con el dedo a la dirigente libertaria.

El tenor de la crisis quedó reflejado en la decisión adoptada por los jefes de bloque de la Cámara alta en la noche del jueves, cuando de manera inesperada terminaron poniéndose de acuerdo en la necesidad de parar la pelota y postergar el tratamiento del tema.

Ahora, el título de senadora electa de Villaverde expedido por la justicia electoral de Río Negro volverá a discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero con una composición distinta a la que dictaminó la semana pasada a favor de impedirle el ingreso a la Cámara alta. En ese futuro escenario, los libertarios casi con seguridad mejorarán su número, pero seguirán necesitando del apoyo de otros bloques si es que quieren darle luz verde a la rionegrina.

La idea es barajar y dar de nuevo, ya que con el recambio de un tercio de la Cámara alta perderá vigencia el dictamen, y poner sobre la mesa todas las alternativas para encontrarle al tema una solución que exceda la simple disputa “deportiva” sobre quien tiene más votos para imponer su voluntad en el recinto de la Cámara alta.

Por lo pronto, Villaverde tendrá que esperar casi dos semanas. Recién el 10 de diciembre asumirán los nuevos senadores, por lo que la Comisión de Asuntos Constitucionales no podrá reunirse antes de esa fecha.

Debate técnico

El debate técnico girará en torno a variables como si el Senado tiene la facultad de impugnar a un candidato autorizado por la justicia a ser candidato y vulnerando la decisión de un electorado que conocía las cuestiones que hoy se le imputan. Como si fuera poco, Villaverde perdió por algo más de dos mil votos, un virtual empate técnico y, además, no tiene ninguna causa abierta o condena en su contra, ni aquí ni en el exterior.

En la otra vereda, se ubican los que sostienen que los antecedentes de Villaverde son escandalosos, nunca vistos en un político. Hacen hincapié en la detención, en 2002, cuando intentaba ingresar con casi dos kilos de cocaína a los Estados Unidos. La causa, al parecer, fue anulada. Lo que no se sabe es si se lo hizo por errores procedimentales o porque Villaverde se convirtió en informante de la DEA. “Lo mismo quiso hacer Pablo Escobar”, sostienen los más críticos, recordando que el jefe del Cartel de Medellín fue diputado suplente en Colombia.

Además, en los antecedentes de la senadora electa figuran una causa por estafa en la cesión de unos terrenos y otra investigación por lavado de dinero. En ambas terminó sobreseída.

Pero hay un costado reglamentario y tiene que ver con la mayoría que se requiere para impedir que un senador pueda jurar su banca. El kirchnerismo pretende hacerlo por mayoría simple, ya que el Reglamento del Senado no estipula nada en contrario.

Sin embargo, hay quienes aseguran que debería reunirse la misma mayoría agravada de dos tercios de los presentes que se exige para destituir a un legislador. Basta recordar que el kirchnerismo llegó a tener 44 senadores para tomar dimensión de lo peligroso que sería excluir senadores electos por simple mayoría.

El debate divide opiniones en el Senado, tanto en lo técnico como en lo reglamentario. Sin embargo, todos saben que el tema va más allá. Que el caso Villaverde requiere una solución política y que la llave para resolverlo la tiene el Gobierno.

Por Gustavo Ybarra

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