Separaron al juez de la causa de Río Tercero

La Cámara Federal de Córdoba destituyó ayer a Diego Estévez, el juez que investigó durante casi dos años la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, sobreseyó a todos los acusados y dio por cerrada la causa.

El fundamento para apartarlo no tuvo que ver, sin embargo, con aquella sentencia –famosa desde que se supo que estaba basada en datos que el magistrado había copiado del sitio de Internet El rincón del vago–, sino con supuestas irregularidades en dos expedientes conexos que investigó. En ellos, Estévez juzgó por falso testimonio a tres personas cuando no tenía competencia para hacerlo.

Por eso, los camaristas resolvieron ayer que ya no podía seguir al frente de la investigación y la derivaron a la jueza subrogante de Río Cuarto, Clara Curtino, que en menos de 24 horas tomó su primera medida: aceptó al Ministerio de Defensa como parte querellante.

En su carácter de damnificado por las explosiones, el Gobierno podrá ahora intervenir en la investigación para impulsarla.

Hace dos semanas, durante una visita a la provincia de Córdoba, el presidente Néstor Kirchner les había prometido a los “hermanos de Río Tercero” que colaboraría con ellos para que se hiciera justicia.

En ese momento Kirchner calificó la sentencia de Estévez de “vergonzante”.

El oficialismo también avanzó contra el conjuez y su fallo desde el Consejo de la Magistratura. Aunque no logró imponerse, el bloque kirchnerista había propuesto separar a Estévez sin darle intervención a la justicia federal de Córdoba. Pero los demás consejeros se opusieron y resolvieron que fuera la cámara cordobesa la que definiera la suerte del juez.

Estévez es un abogado que fue designado a principios de 2005 para juzgar exclusivamente el caso de las explosiones que en 1995 provocaron la muerte de siete personas. Reemplazó a Luis Martínez, que se había excusado después de llevar el caso ocho años.

Como no se trataba de un auténtico juez sino de un conjuez, no hacía falta un juicio político para desplazar a Estévez. Los camaristas lo habían nombrado y tenían atribuciones para removerlo. Así lo hicieron.

En un fallo de doce páginas y tono aséptico, dispusieron su "apartamiento", por cuatro votos contra uno.

Sostuvieron que intervino en dos juicios por falso testimonio, que él denunció, investigó y juzgó, cuando no le correspondía hacerlo.

El presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Luis Rueda, fue uno de los que votó por la separación de Estévez. Consideró que, si bien las irregularidades no se registraron en la causa de las explosiones "sino en dos desprendimientos" de ella, la conducta de Estévez "demuestra claramente que resulta altamente inconveniente que pueda continuar desempeñándose como juez instructor en un proceso de tanta complejidad y trascendencia".

En el mismo sentido votaron Gustavo Becerra Ferrer, Humberto Aliaga Yofre y José Mosquera. En disidencia, se pronunció Ignacio Vélez Funes, que consideró "imprudente" abrir un juicio de valor sobre el desempeño de Estévez. El camarista sostuvo que las partes podrían considerar que la Cámara había adelantado su opinión.

Vélez Funes es uno de los integrantes de la Sala A y, como tal, uno de los magistrados que deberá decidir si confirman el fallo que absolvió a todos los imputados, que fue apelado por la fiscalía y por la querella.

Cuando se enteró de que lo habían desplazado, Estévez no se sorprendió: "Como se anticipaba fui apartado. Está claro que la presión política se tornó insostenible para la justicia federal de Córdoba", dijo a LA NACION.

"En esta causa se habló de muchas cosas de las que no hay pruebas. Es una causa armada sobre conjeturas y conjeturas de conjeturas. Y sobre la base de una gran presión política", afirmó Estévez, que ya anunció que, cuando vuelva de sus vacaciones, va a escribir un libro sobre la causa.

"Es evidente que afecté intereses políticos de alto nivel, que todavía no comprendo con exactitud -sostuvo el ex juez-. Más allá del carácter proselitista que pueden haber tenido las declaraciones del Presidente, existe un interés político especial...".

La diputada Diana Conti, que desde el Consejo de la Magistratura promovió la suspensión de Estévez, lo niega. "El Presidente representa a la mayoría del pueblo argentino y, como tal, tiene que hablar. Al buen juez no le hace mella que el Presidente o una consejera digan lo que digan. Yo creo que la Cámara ha sido ejemplar".

El tribunal cordobés deberá resolver si confirma el fallo de Estévez o dispone que se siga investigando la hipótesis del atentado. A la causa no le queda mucho tiempo: quien el 3 de noviembre próximo no esté imputado ya no podrá ser investigado.

Por Por Paz Rodríguez Niell <br/> De la Redacción de LA NACION

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