Tras la condena al prefecto, Sergio Massa acusa a un fiscal y un abogado de Justicia Legítima

Apenas conocida ayer la condena contra el prefecto Alcides Díaz Gorgoni por robar en la casa del diputado Sergio Massa el 20 de julio de 2013, al cierre de las elecciones legislativas, una nueva causa se abrió ante la sospecha de que se intentó armar una causa paralela.

Un fiscal y un abogado de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima fueron denunciados en este hecho, que será investigado por el fiscal de Investigaciones Complejas Claudio Scapolane.

"Terminado el juicio queremos que se investigue el intento de un fiscal de armar una causa trucha para voltear el juicio. Vamos a pedir su juicio político", afirmó Massa esta mañana desde Tigre.

Y también dijo que denunciará al prefecto Díaz Gorgoni "en la Justicia Federal para investigar si esta persona entró por su cuenta o se trataba de una persona que cumplía un rol más allá de su simple papel en la Prefectura".

La nueva causa que se abrió por supuesto encubrimiento fue adelantada más temprano por LA NACION. "En la extensa jornada de ayer, quedó al descubierto, además, como consecuencia de la torpeza de un testigo solicitado por la defensa, la existencia del intento de armado de una causa paralela para entorpecer la evolución de esta juicio, por parte del fiscal de Pilar Washington Palacio y de un abogado de apellido Pérez Bodría, ambos integrantes de la agrupación Justicia Legítima", relató una fuente del massismo.

El hecho ocurrió en medio del juicio contra el prefecto Díaz Gorgoni, que estaba acusado por robo doblemente agravado por ser miembro de las fuerzas de seguridad y por forzar su ingreso a la casa con una barreta. El juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, comenzó ayer a las 10 y cerca de las 23.30 se leyó el veredicto condenatorio, pero no se determinó una pena. Además, se le rechazó al condenado un pedido de excarcelación.

La condena que recibirá Díaz Gorgoni se conocerá el 30 de marzo próximo. Los jueces María Coelho y Eduardo Lavenio darán a conocer la condena que podría incluir una pena de entre 11 y 26 años.

Massa vincula al prefecto con el Gobierno a partir de tres hechos: el primero, la declaración de una oficial de la policía federal, recogida en la causa por el fiscal Mariano Magaz, en la que sostuvo que Díaz Gorgonio reportaba al Ministerio de Seguridad junto con agentes de otras fuerzas sobre "protestas sociales", "tomas, cortes de rutas, desapariciones" y sus autores.

El segundo es el legajo del prefecto, que dice que entre 2001 y 2005 se desempeñó en el "Servicio de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Interior".

El tercero, las escuchas ordenadas en otra causa (iniciada luego de que Galmarini recibió amenazas), en las que Díaz Gorgonio le decía a su mujer que trabajaba en la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, le pedía que retirara "sobres" en el edificio de Prefectura y le contaba que el director de Inteligencia Criminal de esa fuerza, Gustavo Logozzo, siempre se había "portado bien" con él. Desde el Gobierno minimizaron los primeros dos hechos al remarcar el carácter de "suboficial" del prefecto y dijeron que cumplía tareas administrativas.

Acompañado por su esposa, Massa pidió celeridad en la Justicia, en medio de la disputa del Gobierno con lo que la presidenta Cristina Kirchner llamó "partido judicial". "Necesitamos una justicia activa, sea el próximo presidente [Daniel] Scioli, [Mauricio] Macri, [Julio] Cobos o yo, no importa

. La sociedad necesita una justicia en la que pueda creer", afirmó, en una rueda de prensa en Tigre.