Enfrentamiento abierto entre el oficialismo y Eduardo Casal por su continuidad

El oficialismo en el Senado y la Procuración General de la Nación se enfrentan en una guerra epistolar que evidencia la intención del kirchnerismo de provocar la renuncia del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Mientras los senadores kirchneristas María de los Ángeles Sacnun y Martín Doñate amenazaron por carta con denunciar penalmente al procurador ante la Justicia si no les toma juramento a los nuevos integrantes del tribunal de enjuiciamiento de fiscales, Casal les contestó, con elegancia, que los poderes del Estado no pueden actuar obstruyéndose entre sí, y dijo que no tiene plazos para la jura.

El foco del conflicto es la decisión del Senado de avanzar sobre los integrantes del tribunal de enjuiciamiento de fiscales, un órgano conformado por 7 integrantes en representación del Senado, del Poder Ejecutivo, de los fiscales, de los abogados y de los académicos. Allí el kirchnerismo en el Senado designó semanas atrás al abogado laboralista y fiel kirchnerista Héctor Recalde como representante de Poder Ejecutivo, en un cargo que estaba vacante. Y además impulsó la remoción de Mario Laporta, que integraba el cuerpo en representación del Senado. Forzando una interpretación del reglamento del Senado lo removieron y designaron en su lugar a César Antonio Grau. La oposición denuncia que la intención es incidir en el tribunal de enjuiciamiento de fiscales, buscando someter a Casal a un jury.

Sin embargo, como procurador interino tiene las garantías del cargo que prevén su salida por juicio político mediante los dos tercios del Senado, mayoría que el oficialismo no tiene. El procurador debe tomarles juramento a los nuevos integrantes del tribunal de enjuiciamiento de fiscales para que entren en funciones, pero el kirchnerismo se inquieta porque este juramento se demora.

El viernes 27 la presidencia del Senado le mandó una nota Casal en la que lo "instaba" a que le tomara juramento a Grau en el plazo de dos días.

El lunes siguiente, cuando estaba corriendo este plazo, entró en la Procuración un escrito de la Coalición Cívica en el que le pidió que se abstenga de tomarle juramento a Grau porque, entre otras cuestiones, le advertía que la intención del Frente de Todos era exponer "argumentos falaces con el único objetivo de amedrentar a usted [Casal], en su carácter de procurador, y ejercer una presión indebida sobre su autoridad, con el objetivo de nombrar un nuevo integrante en el Tribunal de enjuiciamiento, para con ello intentar destituirlo o, al menos, generar intranquilidad respecto de su estabilidad en su cargo, y con ello enviar un mensaje disciplinador sobre el resto de los magistrados que integran el Ministerio Público, así como al Poder Judicial en su conjunto".

Esa nota, firmada por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, advirtió que la designación de Grau era ilegal y que por eso no debía tenerse en cuenta para tomarle juramento.

Además, el propio López le advirtió que ya habían denunciado este hecho ante la Justicia en una causa que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Carlos Rívolo. Otra similar tramita en el de Marcelo Martínez de Giorgi. Y, para colmo, existen dos expedientes en la Justicia en lo contencioso administrativo federal cuestionando el relevo de Laporta y la designación de Grau. Uno de Que Sea Justicia, de Mauricio D' Alessandro, y otro de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun). En el primero el juez Esteban Furnari rechazó la precautelar y en el segundo aún no se pronunció.

Con estos antecedentes, la Procuración empezó a analizar el asunto de la jura de Grau con otros ojos. Cuando vencía el plazo de los dos días que mencionaba la nota de la presidencia del Senado, ingresó a la Procuración otra nota, ya con otro tono, alejado del neutro idioma de la administración.

Firmada por Sacnun y Doñate, la nota dice: "Se le intima a usted como máxima autoridad del Ministerio Público que proceda conforme a lo resuelto por la mayoría en el Senado para que en un plazo máximo de 24 horas" les tome juramento a los integrantes del tribunal. Y agrega que "el incumplimiento de lo resuelto por el Honorable Senado de la Nación lo dejará incurso en los delitos de incumplimiento, de abuso de autoridad, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y resistencia a la autoridad".

Ante el tenor que tomaba el enfrentamiento, el procurador les respondió con una nota administrativa, sin exabruptos, pero manteniendo a salvo la independencia del Ministerio Público frente a lo que considera un intento de otro poder de sojuzgarlo.

Les dijo que no hay plazos para tomar ese juramento y que además es necesario acreditar que los candidatos elegidos para integrar el tribunal de enjuiciamiento de fiscales cumplen con los requisitos legales para serlo, es decir los mismos que se requieren para ser procurador.

Les pidieron para eso a los candidatos nombrados por el Senado y por el Poder Ejecutivo que acrediten esos requisitos legales, como la antigüedad como letrados.

Por eso Casal en la nota que envió al Senado le advirtió que antes de tomar juramento a nadie iba a consultar a la oficina de Asuntos Jurídicos de la Procuración, para que analice el modo en que se llevó adelante el trámite para designar a los nuevos integrantes del tribunal.

Les recordó a los senadores que debe velar por la legalidad de sus actos y que la jura no es un trámite automático. Sin estridencias, les dijo que no se lo iban a llevar puesto.

Primero aclaró por oficio que Doñate y Sacnun no tienen "competencia" para intimarlo y que faltaban los antecedentes de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento de fiscales.

Después les dijo que el asunto pasó a la asesoría jurídica y que debe primero "examinar el cumplimiento de los requisitos legales antes de recibir el juramento". Y les recordó a los senadores que el Ministerio Público Fiscal "ejerce sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucción o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura".

"Tiene establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el accionar de los poderes del Estado debe ser armónico y coordinado, pues, aunque cada uno de ellos tiene algunas atribuciones exclusivas, deben asistirse, complementarse y controlarse entre sí, pues de lo contrario se descompensaría el sistema constitucional, que no está fundado en la posibilidad de que cada uno de dichos poderes actúe obstruyendo la función de los otros", les recordó.

Esta batalla de la guerra entre el kirchnerismo en el Senado y Casal es parte del intento de removerlo o forzar su renuncia para permitir que asuma un procurador alineado con esa fuerza. Mientras tanto, el Gobierno no pudo aún designar a su candidato para el organismo, el juez federal Daniel Rafecas, pues necesita los dos tercios de los votos del Senado para hacerlo y no los tiene.

Por Hernán Cappiello

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