Confirman el sobreseimiento a un ministro de Macri denunciado por favorecer a un testigo protegido que declaró contra Boudou

La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del exministro de Justicia Germán Garavano, denunciado por las transferencias de dinero que recibió para montar un hotel en Mendoza Alejandro Vandenbroele, quien fue incluido en el Programa de Protección de Testigos e Imputados y declaró contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone.

La medida judicial fue dispuesta por los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, que entendieron que la actuación del exministro fue legal y apegada a las normas, y que corresponde asimismo dejar firmes los sobreseimientos del arrepentido Vandenbroele y del extitular del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados Francisco Lagos. El juez Pablo Bertuzzi se excusó pues intengró el tribunal que condenó a Boudou por el caso Ciccone.

La Corte Suprema de Justicia confirmó el 4 de diciembre de 2020 la condena a cinco años y diez meses de prisión de Boudou, que actualmente se encuentra en libertad condicional al haber cumplido los dos tercios de la pena que le fue impuesta. La condena se extingue el año próximo.

La Justicia estableció que Boudou intentó quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone, que imprime papel moneda, a cambio de ayudarla a aliviar sus problemas impositivos. Vandenbroele admitió en el juicio oral que actuó como testaferro de Boudou al quedar al frente de la imprenta. Fue condenado a dos años de prisión, fallo que está cumplido. Se acogió al beneficio de imputado colaborador y en ese concepto la ley prevé que se asegure su sustento y su reubicación.

”El tenor de gastos incurridos y el destino que estos tuvieron quedan amparados bajo el espíritu de la norma, en tanto hayan servido al fin último de brindar protección y ayuda económica a quien lo necesitara, luego de la ineludible alteración que sufre la vida de quien colabora con la Justicia en el descubrimiento de hechos delictivos de gravedad”, concluyó el tribunal, al convalidar todo lo actuado por los funcionarios y librar de responsabilidad al imputado arrepentido, que fue condenado junto con Boudou, como su testaferro.

Los camaristas confirmaron una decisión del juez federal de primera instancia Julián Ercolini, quien había sobreseído a Garavano, Vandenbroele y Lagos, sin indagarlos, a pesar de la insistencia de la fiscal Paloma Ochoa. Los camaristas dijeron que las erogaciones realizadas estaban justificadas, ya que se autorizaron en función de “cubrir los requerimientos para que la asistencia sea genuina y no transforme la protección en una meta meramente ilusoria”.

”Este es el marco al que obedeció el actuación” del programa” y “el contexto en el que se desempeñó conforme a las facultades conferidas por la ley”, indica la resolución.

La decisión de autorizar distintos gastos en relación con Vandenbroele, mientras permaneció en el programa, como un traslado a Mendoza de ida y vuelta para pasar las Fiestas con su familia, o para un emprendimiento comercial, “no superaron las atribuciones inherentes a la función de director” de Lagos, dijeron los jueces.

En cuanto a Garavano, coincidieron con Ercolini en que no tenía obligación de control del programa ya que “era en el director sobre quien pesaba esa obligación, la que incluso, como vimos, fue además debidamente honrada”.

”El ministro no solo tenía asignado un rol diferente dentro de la tramitación de las ayudas del programa, sino que las dos intervenciones que registró fueron precedidas por la opinión favorable de distintas áreas administrativas, las que intervinieron según sus órbitas de competencia”, analizaron los jueces.

El programa prevé que el ministro no esté al tanto de los detalles del alojamiento del testigo o imputado protegido ni de las medidas adoptadas para su sustento. Los camaristas dijeron que el hecho “de no ser él [Garavano] quien administraba el patrimonio del programa ya lo exime de ser autor del delito cuyo reproche se pretende -defraudación a la administración pública- por no tener las características específicas que el tipo requiere”.

Como no se comprobó el delito de los funcionarios, lo propio cabe para de Vandenbroele, por lo que se confirmó también su sobreseimiento como partícipe del delito.

Los sobreseimientos dictado por Ercolini habían sido apelados por la fiscal de la causa, Ochoa, quien había reclamado sin suerte que se los indague. Entre los hechos denunciados figura la asistencia económica “por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”. Los camaristas dijeron que la ley no es rígida y que hay que analizar la situación en cada caso. También se había denunciado pagos de 840.000 pesos para un proyecto hotelero, Posada La Masía, en Mendoza.

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