Soterramiento del Sarmiento: la policía de Andorra confirmó que las coimas argentinas pasaron por el Principado

Un informe policial expone cómo pasaron millones por allí antes de seguir hacia Uruguay; transcurrido un año y medio, el país aún no accedió a las evidencias brasileñas
Un informe policial expone cómo pasaron millones por allí antes de seguir hacia Uruguay; transcurrido un año y medio, el país aún no accedió a las evidencias brasileñas Fuente: Archivo
Hugo Alconada Mon
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16 de diciembre de 2018  • 18:04

Andorra sirvió de escala previa al pago de sobornos a funcionarios argentinos por la constructora brasileña Odebrecht, que desplegó un complejo entramado de sociedades offshore y cuentas en varios paraísos fiscales, según surge de un informe confidencial del área de investigaciones contra el lavado y otros delitos de cuello blanco de la Policía de ese Principado al que accedió LA NACION.

La operatoria ilícita de Odebrecht se desarrolló a través del Banco Privado de Andorra (BPA) e incluyó la circulación de millones de dólares para las coimas por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, que los brasileños desarrollaron junto a la italiana Ghella, la española Comsa y la argentina Iecsa, por entonces bajo el control de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

La trama delictiva y multimillonaria por el BPA resultó compleja. Se desarrolló por escalas, con varios intermediarios y puntos de apoyo, según surge del informe de la Policía de Andorra, fechado en febrero de este año, y que integra la llamada "Operación Pernambuco - Uruguay" que se desarrolla en el Principado.

Ese informe policial precisó que el consorcio por el tren Sarmiento recurrió a la casa de cambio argentina Giovinazzo, como reveló LA NACION a mediados de octubre pasado, y a un estudio de arquitectura español, DSC Workshop, para mover fondos que pasaron por cuatro sociedades controladas por el estudio uruguayo Belhot, González Lerena (BGL).

Canalización de fondos

¿Cuánto dinero canalizó Odebrecht por ese ducto ilícito? Poco más de US$ 9,2 millones, según cálculos de la Policía de Andorra, que detectó más giros que pasaron por DSC Workshop por otros US$ 15,1 millones. ¿Y cuáles eran esas cuatro sociedades offshore? Convergence Capital y Natland Financiering, que a su vez giraron millones a Lion’s Soul y Klienfeld Services Ltd, las que también solo sirvieron como trampolines hacia otros destinos. Entre otros, Sabrimol Trading, la firma uruguaya que Jorge "Corcho" Rodríguez niega que sea suya y acreditó ante la Justicia argentina que le falsificaron su firma en documentos societarios que le endilgan.

Sabrimol Trading, de todos modos, no es la única sociedad uruguaya sospechada de canalizar fondos de Odebrecht. El Banco Central del Uruguay (BCU) detectó otras dos compañías, Sherkson y Havinsur, que también se instalaron en la zona franca de Montevideo y que recibieron fondos de la constructora brasileña, según reveló el diario uruguayo El País.

No solo eso. Fiscales suizos también pusieron la lupa sobre la conexión uruguaya del Lava Jato y requirieron la colaboración de la Justicia especializada en Crimen Organizado de Montevideo para obtener más información sobre esas empresas y algunos sospechosos. Sus nombres permanecen bajo llave.

Avances en Perú

Si eso ocurre en Uruguay, en Perú también avanzan en un paulatino trabajo de pinzas hemisférico. Desde Lima quieren avanzar sobre otro nombre que salió a la luz en la trama de los sobornos de Odebrecht. Se trata de José Américo Spinola, es abogado, es brasileño, se convirtió en "delator premiado" de la Justicia de su país y aportó más detalles sobre cómo la constructora acumuló fondos sin declarar en Europa para sobornar por toda América Latina.

Perú logró avanzar, entre otros factores, porque ya accedió a las evidencias que Odebrecht presentó ante la Justicia brasileña, como así también a las delaciones premiadas de sus ex ejecutivos, "doleiros" y otros cómplices, que quedaron a disposición de los fiscales y jueces de toda la región desde el 1 de junio de 2017.

Material probatorio

A diferencia de Perú y otros países, sin embargo, la Argentina no logró acceder aún a ese material probatorio. Transcurrido un año y medio desde que se encuentra disponible en Brasil, jueces y fiscales argentinos aún deben completar el proceso legal y burocrático para destrabarlo.

Spinola contó a los investigadores brasileños que trabajó para los máximos responsables de la "Caja 2" de Odebrecht, es decir, los encargados de los fondos negros que le permitieron a la constructora pagar coimas millonarias durante años, ya fuera al presidente peruano Alan García o por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento en la Argentina.

Dueño de su propio estudio jurídico en Brasil, Spinola detalló que él se encargó de reclutar al operador financiero uruguayo, Andrés "Betingo" Sanguinetti, quien ya debió declarar ante la Justicia de Andorra por su presunto participación en los esquemas de lavado y triangulación de millones de euros y dólares que pasaron por el Banco Privado de Andorra (BPA).

"Sanguinetti es un uruguayo, amigo, conocido de mi familia. El trabajó en el PKB, también en Uruguay y trabajo en el Espírito Santo Bank de Portugal . Se fue a trabajar para el BPA, me buscó y empezamos a trabajar", detalló Spinola, que a partir de entonces canalizó parte de los sobornos de Odebrecht, como el pago de US$ 100.000 al ex presidente García, según había revelado Sudestada en agosto de 2017, como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Integradas que también integra LA NACION.

Sin embargo, ante la Justicia andorrana, Sanguinetti negó cualquier rol en los pagos de esos sobornos y lo reiteró en una carta que envió a LA NACION. Dijo que solo participó "en operaciones habituales del banco", que actuó siempre "sin la menor infracción legal o ética" y que no gestionó "ninguna cuenta de clientes y/o testaferros de nacionalidad argentina".

Otros delatores de Odebrecht como Hilberto Mascarenhas, no obstante, vincularon a Sanguinetti con la operatoria ilícita del BPA. Máximo responsable de la llamada "Caja 2", Mascarenhas calificó a "Betingo" como un presunto "colaborador" para canalizar sobornos, junto al gerente del BPA en Montevideo, Francesc Xavier Pérez, quien también debió declarar ante la Justicia andorrana.

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