Sturzenegger explicó el decreto que prohíbe aportes a las cámaras empresarias
El ministro de Desregulación ahondó sobre la nueva medida oficial que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial; dijo que es “anti-casta” y que evita “impuestos privados” para “beneficio de privados”
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LA NACION
En un nuevo explicativo de las medidas que se toman desde su cartera, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ahondó sobre el Decreto 149/25, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y que prohíbe los aportes obligatorios a cámaras empresariales para compañías no afiliadas. Según sus planteos, los convenios colectivos de trabajo (eje de las negociaciones salariales en la Argentina y donde se fijaron esas contribuciones) son un “instrumento central del modelo de la casta” y, por eso, alegó que esta decisión es justamente “anti-casta” y para evitar “impuestos privados”.
Además, reveló que ya les habían comunicado que avanzarían en ese sentido al Grupo de los Seis -integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Sociedad Rural, afectadas por esta normativa- y que por eso se estableció un plazo de 90 días para que entren en vigencia los efectos del decreto.
“El Decreto 149/25 con firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer ‘impuestos privados’ para beneficio de privados”, introdujo Sturzenegger y siguió: “Nuestras negociaciones salariales, regidas por la Ley de Convenios Colectivos N°14.250 de Perón, actúan como el instrumento central de la construcción del modelo de la casta”.
Como ejemplo, dijo que la “base de la arquitectura del poder sindical” es el artículo 9 de esa ley, que obliga a los trabajadores no sindicalizados a aportar a un gremio que no eligió. En tanto, siguió sobre esta cuestión que embate contra las patronales colegiadas. “Pero en el modelo de la casta, tanto empresarios (no todos) como gremialistas, han logrado ir ‘colando’ otras contribuciones para fines totalmente ajenos al objeto de la negociación salarial. Así fueron incorporando cargas obligatorias para financiar asociaciones empresarias, ‘institutos de capacitación’ y demás objetos variopintos que empezaron a operar como verdaderos ‘impuestos privados’”, insistió.
Ese fue el punto sobre el que se basó para la publicación de este nuevo decreto que prohíbe que en las negociaciones colectivas se impongan aportes, contribuciones o cualquier carga en favor de las cámaras empresarias, asociaciones o agrupaciones empleadoras a aquellas firmas que no estén afiliados o asociados a esas entidades, a no ser que las acepten de manera voluntaria. Además, recordó que la nueva medida establece que la Secretaría de Trabajo, en este momento a cargo de Julio Cordero, no va a homologar ni registrar ningún convenio que contenga cláusulas de este tipo. De acuerdo a Sturzenegger, esto último asegurará que los convenios “solo regulen condiciones de trabajo” y “no se utilicen para imponer cargas económicas ajenas a la relación laboral”.
Además, dijo que está mal pensar que los convenios colectivos de trabajo pueden ser usados para permitir “la imposición de contribuciones obligatorias”, ya que esto “vulnera el principio constitucional de libertad de asociación” debido a que “impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades”.
“La creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento. El tema no es menor. En el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los ¡6000 millones de pesos por mes! Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio”, indicó.
Dijo también Sturzenegger que, gracias a esta medida, “sonríe” el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por la baja de costos “generalizada” que acarreará. “Junto al jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los Seis (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar”, reveló sobre este período que va a ser de 90 días.
“Este decreto anti-casta fue producto de los muchos pedidos de ayuda de empresas y comercios de todo tipo y color, que fueron llegando a mi correo o al sistema de Reportá la burocracia (gracias a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas por ser la primera institución en levantar la voz)”, dijo y después, como cada una de las veces, agradeció al equipo del Gobierno que trabajó en este decreto. “Con este cambio les devolvemos a millones de empresas, consumidores y trabajadores un dinero que se les había sacado compulsivamente”, concluyó.
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