SUBE: avances en la investigación por irregularidades

Stephen Chandler está lejos de la Argentina. El consultor inglés, que vive en Londres, no volvió al país desde que estalló el escándalo que terminó con la cancelación del contrato para controlar la SUBE. Pero ahora tendrá que preocuparse por lo que suceda aquí: el británico quedó en la mira de la Justicia, que impulsó esta semana una batería de medidas para agilizar el expediente que investiga irregularidades en la consultoría por $ 65 millones que ejecutó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi, con financiamiento del Banco Mundial.

El juez federal Sergio Torres requirió a las autoridades de Gran Bretaña que informen sobre los antecedentes comerciales del consultor en ese país, con la intención de determinar si la experiencia que había acreditado como experto ante la Secretaría de Transporte era realmente válida.

El magistrado pidió que informen sobre los movimientos migratorios del consultor entre 2009 y 2012, el período en que transitaba la Argentina. El contrato que pagaba Transporte estipulaba medio millón de dólares para "viajes y viáticos".

Chandler era el jefe de la supervisión de la SUBE hasta que el Gobierno decidió suspender el contrato el 12 de julio de 2012, a raíz de una investigación de LA NACION, que reveló numerosas irregularidades.

El consultor inglés cobraba un sueldo de casi US$ 40.000 mensuales, de acuerdo con los números que aparecían en el contrato que ejecutó la UTE integrada por Global Infrastructure y sus socios argentinos IRV, Iatasa, que aportó documentación a la Justicia, y González Fischer.

Desde ese momento, Chandler no volvió a la Argentina por recomendación de su abogado. Sentado en un bar de la City de Londres, intentó desligarse de culpas y acusó a Schiavi, Andrés Pizarro (funcionario del Banco Mundial) y Nora Turco (ex funcionaria de Transporte) de "orquestar" la licitación.

El resto de las medidas ordenadas por el juez deja en observación la actuación de los funcionarios públicos, en especial de Schiavi, que firmó la adquisición del contrato.

La Justicia intentará determinar si existieron irregularidades en la licitación, en el procedimiento administrativo ejecutado por la Secretaría de Transporte. Ordenó un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el expediente. El juez Torres también pidió una pericia contable sobre el contrato para determinar si el comité de evaluación -integrado por funcionarios de Transporte- fue criterioso a la hora de sugerir una contratación $ 10 millones más cara. Y requirió si el nivel de desembolso del Estado fue correcto de acuerdo con el tiempo que estuvo en vigor el contrato.

Según pudo saber LA NACION, la UTE cobró, además de las erogaciones mensuales, el 10% del total del contrato en concepto de "adelanto financiero", por $ 4,5 millones más US$ 450.000.

Murió el ex juez Torlasco

El ex juez Jorge Torlasco, que integró la Cámara Federal que condenó en 1985 a las Juntas Militares, falleció ayer, a los 79 años. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, se graduó de abogado en la UBA y en 1983, durante el gobierno de facto, declaró inconstitucional la ley de autoamnistía dictada por los militares. Tras el juicio a las Juntas, renunció en 1986 y en los últimos años ejerció la abogacía en un estudio privado, junto con León Arslanian.

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