Tierra del Fuego: una inédita alianza entre kirchneristas y libertarios selló el cambio de una ley con fuerte lobby empresario
La Legislatura avaló la salmonicultura, que estaba prohibida en la provincia; confluyeron los partidarios del gobernador Melella, los camporistas de Vuoto y los mileístas de Agustín Coto; el interés de Newsan y Mirgor por participar de la nueva actividad
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Para LA NACIONSol Agusti
USHUAIA.− La isla de Tierra del Fuego registró una inédita alianza entre el kirchnerismo gobernante y la oposición libertaria, pese a que son adversarios directos a nivel nacional. La asombrosa sociedad política se selló con la aprobación en la Legislatura de una ley que eliminó la prohibición de la salmonicultura y se impuso con el argumento de la “necesidad de generar desarrollo económico”, pese a que solo cuatro años atrás esa actividad fue considerada “non grata” en la provincia más austral del país.
La iniciativa, que introdujo una modificación a la ley provincial 1355, contó con el alineamiento de los partidarios del gobernador Gustavo Melella (Forja) y del bloque de La Libertad Avanza, que en llamativa sintonía hablaron del “manejo sustentable mediante tecnología”, asegurando que los errores ambientales −que sufren por ejemplo pueblos del sur chileno− no se repetirán bajo los nuevos estándares regulatorios.
La votación reflejó la fractura del mapa político fueguino, que tiene por delante una reforma constitucional pendiente del llamado a elecciones para 2026. En una Legislatura de 15 miembros, se rompió por un lado el bloque oficialista del gobernador y, por el otro, votaron de manera dispar los tres representantes del PJ fueguino: dos a favor de permitir las salmoneras y una en contra de la medida.
En la extensa sesión del pasado lunes, que tuvo como eje principal la ley de salmonicultura, grupos ambientalistas reclamaron frente al recinto de sesiones en la Legislatura durante toda la jornada. La votación se realizó cerca de las 22 y cuando terminó la jornada legislativa, pasadas las doce de la noche, hubo protestas cuando los diputados provinciales se retiraban del recinto.
La sanción de la ley se logró con una votación ajustada de ocho contra siete. Estuvieron a favor el bloque de La Libertad Avanza, los legisladores del oficialismo provincial (excepto el exintendente de Ushuaia Federico Sciurano, quien votó por la negativa aduciendo motivos ambientales) y el núcleo duro del PJ oficialista, tanto de Ushuaia con Walter Vuoto, como de Río Grande con Martín Pérez.
Los libertarios, por su parte, se alinearon decididamente a favor de la modificación de la ley que prohibía la salmonicultura. En Tierra del Fuego, el liderazgo de LLA lo tiene Agustín Coto, actual senador nacional y exlegislador provincial.
Por otro lado, votaron en contra de modificar la ley y a favor de mantener la protección ambiental en Tierra del Fuego el bloque del partido provincial Movimiento Popular Fueguino (MPF), los dos legisladores de Somos Fueguinos, la peronista Victoria Vuoto, Laura Colazo (Partido Verde) y el radical Sciurano.
En 2021, Tierra del Fuego había ganado reconocimiento internacional al convertirse en la primera jurisdicción del mundo en prohibir la salmonicultura por ley. Aquella votación unánime se basaba en la protección del ecosistema fueguino y el impulso del turismo de naturaleza. Con la modificación aprobada el lunes, ese estatus desaparece. La nueva normativa faculta al Poder Ejecutivo a concesionar áreas específicas bajo un régimen de “explotación controlada”.
Las organizaciones ambientales protestan. Ángeles de la Peña, de Fundación Por El Mar, aseguró que “los impactos de las salmoneras en jaulas abiertas son reales, tangibles e irreversibles y los que van a sufrir las consecuencias no son los ecosistemas o las otras especies, sino las otras actividades asociadas al mar y la gente que depende del mar como medio de vida”. De la Peña advirtió: “Analizar el tema como una causa ambiental es tener una mirada muy fragmentada y poco estratégica a largo plazo. Si para desarrollar una actividad perjudicamos otras, ¿es desarrollo? ¿A quién se beneficia?”.
“El cultivo de salmónidos es un producto que consume un sector muy pequeño de la población, no va a solucionar una crisis alimentaria ni fomentar la soberanía alimentaria. Por otro lado, es técnicamente imposible que Argentina sea Chile o Noruega, creer que vamos a poder igualar la producción de estos países es un error y esta modificación va a terminar perjudicando más puestos de trabajo de los que podría generar”, agregó De la Peña.
Mientras dentro del recinto se celebraba la aprobación como un “hito para la diversificación productiva”, mientras afuera organizaciones ambientales y cámaras de turismo manifestaban su repudio. “Es un retroceso de décadas. Se priorizaron los intereses de dos o tres empresas por sobre el patrimonio natural de todos los fueguinos”, expresaron desde el sector gastronómico, cuya identidad está ligada a la centolla y la pesca artesanal.
El proyecto contó con el respaldo −y el lobby− de empresas como Newsan y Mirgor, que buscan diversificar su matriz productiva más allá de la electrónica de consumo y ven en la acuicultura de exportación una oportunidad de generación de divisas y empleo en un contexto económico complejo. Un matiz diferente suma ahora la intención de instalar jaulas de cría de salmones, con los riesgos ambientales que esto conlleva.
La aprobación de la ley marca un punto de inflexión: parte de la política fueguina decidió que ante la crisis económica la protección ambiental absoluta es un “lujo” que la provincia ya no puede permitirse. La alianza entre empresarios, sectores libertarios y del PJ logró perforar un consenso ambiental que parecía inquebrantable hace solo cuatro años.
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