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Silencio de los gobernadores ante la intervención federal del puerto de Tierra del Fuego
El fueguino Gustavo Melella denunció “un avasallamiento a la autonomía”; ningún mandatario provincial lo respaldó públicamente en su puja con Milei
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Hasta el momento, ningún gobernador salió en apoyo de los planteos del fueguino Gustavo Melella, quien reclama por la decisión de la Nación de intervenir por 12 meses el Puerto de Ushuaia. El fundamento de la medida es un informe de la Agencia Nacional de Puertos (ANPyN) que da cuenta de que habría desvíos de los recursos de mantenimiento para otras áreas de la gestión provincial.
Los mandatarios provinciales eligieron por ahora no involucrarse ni opinar sobre el tema. Durante esta semana habrá algunas reuniones entre ellos -hay diferentes grupos- y puede que surja algún pronunciamiento. La mayoría de los gobernadores está hoy en contacto con la Casa Rosada por las negociaciones por el proyecto de reforma laboral y por el reclamo de obras públicas.
La Ley de Puertos establece que los recursos derivados de la operación de una terminal deben destinarse a mantener su infraestructura. El reporte de la ANPyN sostiene que se detectaron “deficiencias estructurales, operativas y de gestión” y “signos de desgaste” en el muelle.
El 33% del presupuesto habría ido a la provincia y un 1,3% para obras. “No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva”, sostuvo Melella. Desde Tierra del Fuego sostienen que irán a la Justicia con un planteo porque Nación “avasalló” la autonomía de la provincia. La presentación judicial todavía no se efectivizó.
Melella integra el grupo de gobernadores del peronismo kirchnerista, junto con Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa). El pampeano Sergio Ziliotto tiene relación con ellos, pero también diálogo con la Casa Rosada; se ha reunido una vez con el ministro Diego Santilli para firmar un acuerdo de financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial no transferida.
En cambio, los otros cuatro ni siquiera fueron convocados por el presidente Javier Milei cuando llamó al resto después de las elecciones legislativas. Los argumentos de la Casa Rosada es que ninguno adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni al Pacto de Mayo.
Sin embargo, tampoco desde ese grupo hubo declaraciones después de la intervención al puerto. En relación con los contactos con la Nación, la administración bonaerense es la que viene señalando la falta de respuesta de Santilli a sus pedidos de reunión. El ministro Carlos Bianco indicó hace un tiempo que le hizo llegar al ministro un informe actualizado sobre las deudas que Nación mantiene con la provincia.
El Gobierno de Melella emitió un comunicado de cinco puntos en los que ratifica la “falta de justificación” de la intervención. ”No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto, e incluso el propio acto administrativo de intervención” dispuesto por la ANPyN “inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”.
Indica que, en los últimos años el puerto creció: “En esta temporada se esperan más de 525 recaladas de cruceros de gran porte y buques en general. En las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana. En total más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el puerto en ese período. Hay confianza comercial de operadores internacionales. Se realizaron obras de infraestructura de gran envergadura como la extensión de 104 metros del muelle que permitió comenzar a recibir el doble de buques en simultáneo”.
El texto aporta que la Legislatura de la Provincia aprobó por unanimidad la ley 1596 que en uno de sus artículos estipula la utilización del superávit del puerto para el fortalecimiento de la OSEF (Obra Social del Estado Fueguino). Pese a una propuesta de veto en contrario propuesta por el Ejecutivo Provincial, la norma fue sancionada, aunque desde el puerto no se ha hecho efectivo ningún traspaso de fondos a la obra social”.
“Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno Nacional para avanzar en esta intervención. Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud”, agrega.
Y cierra con que la Provincia “mantiene por estos días diálogos con los más altos niveles del Gobierno Nacional solicitando argumentos y una rápida solución. No obstante, en simultáneo se avanzará en un reclamo judicial inmediato”.
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