Tironeos en la Justicia por el caso de los aportantes truchos

La investigación sobre los aportantes truchos en la última campaña electoral de María Eugenia Vidal ya es motivo de tironeos entre dos jueces federales, entre los que se decidirá quién se queda con el caso y, más aún, si se trata solo de una cuestión electoral o si involucra delitos más graves, como lavado de dinero.

El juez federal de La Plata con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu, le pidió a su colega porteño Sebastián Casanello que le envíe las constancias de su causa, en la que investiga la lista de aportantes a la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires.

En ese expediente ya se estableció que quienes figuran aportando dinero dijeron desconocer haber hecho esos aportes y la sospecha es que los listados se armaron con beneficiarios de planes sociales, para blanquear de ese modo dinero que aportaron a la campaña personas que no querían aparecer haciéndolo. O, también, ocultar el aporte de empresas, que está vedado por la ley electoral, que prohíbe los aportes corporativos.

Por ahora Ziulu tiene un expediente en el que se investigan estos delitos electorales, al que se sumó una investigación preliminar del fiscal electoral de la Capital Jorge Di Lello. Este funcionario tomó muestras de los aportantes y estableció que había irregularidades, pues los que figuraban poniendo plata declararon que no la habían donado. En otros casos se trataba de personas que no tenían recursos.

Pero el juez Casanello tiene una denuncia de La Alameda sobre este tema y, según el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, se debe investigar una posible falsedad ideológica o directamente el delito de blanqueo.

Ziulu le pidió a Casanello su causa, pero el asunto se debe resolver en un incidente, en el que primero el fiscal Stornelli debe opinar si corresponde o no ceder la causa. Y, luego, le tocará resolver al juez.

Si mantiene el criterio de que, además de delitos electorales, hay otras tipificaciones penales más graves, es probable que la causa le quede a Casanello.

Ziulu llegó al juzgado electoral federal de La Plata tras un controvertido proceso, que se inició tras la muerte del juez Humberto Blanco, en 2014. El kirchnerismo designó a Laureano Durán, un secretario judicial sin antecedentes destacados, y luego estuvo la jueza electoral porteña María Servini, hasta que tras una fuerte polémica la Cámara Electoral propuso a Ziulu, juez contencioso administrativo federal platense como subrogante.

La Fundación La Alameda, que había presentado la denuncia, se quejó del pedido de incompetencia del magistrado y le asignaron al juez la intencionalidad de dilatar el proceso y proteger a los aportantes truchos de Cambiemos.

Por Hernán Cappiello

• María Eugenia Vidal

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