Toma de Guernica: un nuevo censo podría demorar el desalojo que ordenó la Justicia

A 12 días de la fecha límite dispuesta por el juez para el desalojo de Guernica, el gobierno de Axel Kicillof realizará un nuevo censo de la toma con la intención de "objetivar la gente que queda y jerarquizar sus necesidades", según confirmaron fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Tras semanas de cortocircuito y denuncias cruzadas, el equipo interministerial coordinado por el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, retomó el diálogo con las organizaciones sociales y delegados de la toma. En ese marco, luego de una reunión realizada ayer, las partes acordaron avanzar con otro relevamiento de las familias que permanecen en el lugar.

Larroque afirmó, días atrás, que "dentro de la toma quedan aproximadamente 150 personas", pero las agrupaciones sostienen que hay más de 1300 familias en el descampado. La intención es iniciar el censo este lunes, bajo la posible supervisión de algún organismo de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), según adelantaron las fuentes del gobierno bonaerense.

Se estima que la iniciativa dejaría en pausa el desalojo, al menos por los próximos días, ya que, como indicaron en el Ministerio, "el censo requiere que el dispositivo ministerial se emplace en la toma". Aún así, en el gobierno sostuvieron que "la fecha límite es el 30", lo que daría a entender que los funcionarios mantendrán su postura y no pedirán al juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, que postergue el "lanzamiento".

La semana pasada, en una conferencia de prensa dictada desde las oficinas móviles que el gobierno bonaerense instaló en el partido de Presidente Perón, Larroque ratificó que "no hay más margen para pedir nuevas prórrogas" e indicó que, a partir del 15 –día en que comenzó a correr el plazo para el desalojo–, las competencias pasarían al juez y su equipo operaría como "auxiliares" de la Justicia.

Sin embargo, allegados al ministro confían en que un eventual acuerdo con los grupos de izquierda "demostraría que hay voluntad de desalojo pacífico por parte de los ocupantes". En ese sentido, la apuesta sería a que la Justicia descarte ordenar el operativo en los próximos días y otorgue margen de acción al Gobierno.

En paralelo, días atrás, fuentes de la fiscalía dijeron a LA NACION que no hay definida una "fecha exacta" para el desalojo, y que la misma "depende de la logística de seguridad". Los fiscales trabajan en conjunto con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, para ultimar los detalles de la acción policial, que inicialmente advirtió que no tenía recursos para cumplir con la orden de la Justicia.

Nuevas familias, en reemplazo de las salientes

El mes pasado, los días 18 y 19 de septiembre, el gobierno de Kicillof realizó un primer censo, cuyos resultados indicaron que en la toma habitaban 1904 familias, sobre un total de 2344 construcciones precarias, muchas de las cuales estaban vacías.

A partir de entonces, varios ministerios bonaerenses trabajaron en conjunto para firmar acuerdos de desalojo pacífico con los ocupantes, a cambio de asistencia estatal, y lograron negociar el retiro de más de 600 familias. Dadas las firmas, Larroque confió en que quedarían unas pocas personas en el lugar, y, además, declaró: "Dudo que hayan sido realmente 1904 familias, como indicó el censo, porque, durante los días que se hizo, seguramente se habrá acercado más gente".

Pero lo cierto es que, con la inminencia del desalojo, a la toma continúan llegando nuevas familias para buscar su acuerdo –en reemplazo de las que dejaron terrenos vacíos–, y no está claro cuál podría ser el arreglo. La premisa de los ocupantes es "tierra por tierra"; la mayoría de los que resisten en el lugar no están dispuestos a retirarse a cambio de subsidios para el alquiler o mejoras constructivas de sus viviendas de origen, como lo hicieron quienes firmaron. Pese a eso, en el gobierno sostuvieron que las ofertas sobre la mesa "se enmarcan en los mismos criterios que se venían aplicando".