La toma de Guernica. Más casillas y menos familias, a la espera del desalojo ordenado por la Justicia

Faltan pocos días para el desalojo de la toma de Guernica –ordenado por la Justicia para el próximo jueves– y en el descampado se ven más refugios, pero menos familias. Algunas casillas nuevas reemplazan a las que fueron desmontadas; otras, se instalaron en las parcelas de algún generoso que aceptó compartir su lugar.

Una seguidilla de carpas de nylon negro, en su mayoría, vacías, interrumpe la visión del predio. Circula poca gente, casi no se escucha música y son escasas las rondas de mate. Faltando una hora para el almuerzo del viernes, solo algunos comedores están activos.

Según datos oficiales, 552 familias negociaron su retiro, a cambio de asistencia estatal. Con el acuerdo, el gobierno de Axel Kicillof se compromete a otorgar subsidios inmediatos para que las personas puedan continuar con sus alquileres o mejorar las condiciones habitacionales de sus viviendas de origen. En el largo plazo, la promesa estatal es entregar 3000 lotes con servicios a todas las familias de Presidente Perón que verifiquen la necesidad, más allá de las que ocupan los terrenos de Guernica.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, es, sin dudas, una de las figuras con más peso en la negociación de la toma. En diálogo con LA NACION, afirmó que "si bien puede quedar alguna familia con necesidad dentro del predio, son más las que salieron que las que están ahí".

"En el lugar deben quedar unas 300 familias. Dudo que hayan sido realmente 1904, como indicó el censo, porque, los días que se hizo –el 18 y 19 de septiembre–, seguramente se habrá acercado más gente", sostuvo Larroque.

La provincia no pedirá una prórroga

En este sentido, el ministro Larroque aseguró que no le pedirá al juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, que prorrogue, una vez más, el desalojo: "No le puedo decir al juez que necesito tiempo, porque el tiempo ya lo tuve". Según el funcionario, su equipo insiste a las organizaciones que los dejen "hablar con la gente que falta, para registrar ese número", pero los dirigentes sociales lo impiden.

"La respuesta de las organizaciones sociales es trivial y adolescente. Incluso me dijeron que, si hay acuerdo, la toma se resuelve en 24 horas. Esto da cuenta de una postura caprichosa e irresponsable", dijo Larroque. Manifestó, además, que le resulta "preocupante" que las agrupaciones "no quieran resolver el conflicto".

Días atrás, el equipo interministerial que trabaja en el operativo intentó ingresar al predio, pero las agrupaciones políticas les negaron el paso. En un comunicado al que adhirieron más de 40 grupos de izquierda, los firmantes acusaron a Larroque de "mentir, difamar y demonizar" su imagen, así como de carecer de "propuestas concretas" para relocalizar a las familias.

"Solamente se acercan a apretar a la gente", coincidieron varios referentes sociales, en diálogo con LA NACION, e indicaron que los próximos días continuarán con las manifestaciones y las actividades de reclamo y resistencia.

Días contados

A contrarreloj y desde sus oficinas móviles –montadas sobre la avenida Crisólogo Larralde, al lado de la municipalidad de Presidente Perón–, el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta avanzar con los acuerdos y despejar la toma; pero, mientras tanto,al sitio llegan familias nuevas, en reemplazo de las salientes.

"A este manzana, que tiene 21 parcelas, vinieron siete familias en los últimos días, porque se enteraron que se habían desocupado terrenos", contó a LA NACION Aldo Parra, delegado de una de las manzanas del barrio San Martín, uno de los cuatro "barrios" que se demarcaron en la toma.

Parra se instaló en Guernica solo, en julio. Su mujer y sus hijos lo visitan a diario, pero pasan las noches en la casa de un familiar, en Lomas de Zamora, mientras él se queda en la toma para defender una porción de tierra. Según indicó el delegado, las nuevas familias que llegaron a San Martín son, en su mayoría, de Morón y de Quilmes.

Pero los recién llegados no tienen intenciones de permanecer en el descampado, sino que se acercan al lugar para tomar posesión de algún terreno y, luego, se retiran. Tal es el caso de una familia de Quilmes, que el viernes por la mañana construía una estructura con maderas y nylons, en una parcela del barrio San Martín. "Nos avisaron que estaba desocupada, así que vinimos a armar esto. Si queda, queda", explicó a LA NACION la mujer de la familia –prefirió no identificarse–, mientras ayudaba a su marido a clavar los postes de madera.

La mujer tampoco quiso indicar quién les sugirió que se acercaran a Guernica, pero aseguró que no tenía familiares, ni conocidos en la toma. "No vamos a dormir acá, porque tenemos tres hijos, pero vinimos a armar esto para guardar un lugar", agregó.

Sin ánimos de negociar

Las familias que aún deciden resistir en el predio de 100 hectáreas manifestaron no estar dispuestas a negociar con la provincia. "Yo no tengo problema de pagar, pero quiero que me den tierra por tierra. Los materiales no me sirven porque no tengo ningún lugar propio adonde ir", dijo a LA NACION Cecilia Ávila, que ocupa un terreno en el barrio 20 de Julio, donde la mayoría de los ocupantes son de Guernica.

Ávila duerme en la toma desde el primer día, con su marido –changarín– y sus cinco hijas, de entre uno y 13 años. La mujer y su familia llegaron al lugar el 20 de julio pasado, con un grupo de 20 personas, quienes, según sostuvo, contaban con autorización de la municipalidad para instalarse. "Nos dijeron que podíamos quedarnos, hacer zanjas y traer luz, pero que nos teníamos que ir si aparecía el dueño. El propietario de esta parte no apareció, pero, ahora, nos quieren meter en la misma bolsa que todos y desalojarnos", se lamentó la mujer.

Nelson Díaz, de 29 años, es otro de los ocupantes que se niega a acordar su retiro. "La gente ignorante es la que firmó y se fue. Nadie te asegura que de acá a 15 días te van a dar materiales. No pienso acordar porque no hay coherencia. El Gobierno tiene la solución en las manos, hay tierras en todos lados", sostuvo Díaz, de Lomas de Zamora, que llegó a la toma acompañado de siete amigos.

En caso de que la Justicia proceda al desalojo, Díaz aseguró que "la gente se va a defender feo" ya que "no fue un chiste" pasar tres meses en el lugar, donde –según dijo– se viven situaciones de inseguridad. "Yo me voy a defender. Si no le tuve miedo a los tiroteos que hubieron acá, no le voy a tener miedo a la policía", explicó Díaz, y concluyó: "La defensa se nos va a ocurrir en el momento. Piedrazos, gomazos, fuego. Cuando un animal está acechado, no se sabe cómo puede reaccionar".

Operativo de seguridad

Una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense que se encontraba, el viernes, en las oficinas móviles del gobierno provincial, confirmó a LA NACION que en la toma hay gente armada, e indicó que trabajan para resolverlo: "Estamos trabajando en eso. Las personas están identificadas. Algunas tienen armas tumberas y, otras, armas militares".

En línea con lo indicado por Larroque, la fuente cercana al ministro Sergio Berni sostuvo: "Queremos dialogar desde el día uno para no proceder al desalojo. Pero, si hay que desalojar, tendremos que hacerlo. Somos auxiliares de la Justicia".

En paralelo, los vecinos de los alrededores de la toma continúan su reclamo para que se efectivice el desalojo. Ayer por la tarde, por segunda vez en la semana, volvieron a convocar un bocinazo sobre la ruta provincial 210, en repudio a la usurpación y en defensa de la propiedad privada.

En caso de que no se despejen los terrenos, los guerniquenses continúan con la idea de impulsar una "rebelión fiscal" y dejar de pagar sus impuestos "para hacerse oír". Según indicaba días atrás una manifestante, la medida es "en defensa de todos los que cumplen con los pagos, mientras otros toman terrenos que tienen dueño".