Tucumán: acusan de sedición a los policías que se acuartelaron
Varios distritos contemplan la decisión judicial; efectivos enfrentarían penas de entre uno y seis años de prisión
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Varios distritos buscan acusar a los policías que participaron de protestas y realizaron retención de servicios para lograr mejoras salariales, de cometer el delito de sedición, que podría derivar en penas de entre uno y seis años de prisión.
Es el caso del gobierno tucumano, que denunció ante la Justicia por este delito a los policías que se acuartelaron. El gobierno provincial a su vez dio un ultimátum a los efectivos policiales para que retornen al trabajo en el transcurso de la tarde, antes de ordenar a la Gendarmería que los desaloje de la Subjefatura de Policía de Tucumán, donde se encuentran acuartelados.
Según el código penal, la sedición es uno de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional contemplado en el artículo 229, y contempla penas de hasta seis años para quienes "sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia, arrancarle alguna medida o concesión".
Bajo el concepto de sedición se incluye a quienes busquen en contra de los poderes públicos "impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley".
Así las cosas, la causa radicada por el gobierno tucumano recayó en la fiscal Adriana Reinoso Cuello, quien de inmediato citó al jefe de la Policía, Jorge Racedo, a prestar declaración informativa sobre la situación.
Mientras tanto, el sub jefe de la Policía, Víctor Sánchez, declaró que: "cerca de 500 efectivos de Gendarmería ya están en la provincia y nos reunimos para coordinar un trabajo conjunto que nos permita restablecer el orden público".
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