Un camarista proscripto por el kirchnerismo decidirá el futuro de la causa contra Tapia por los negocios en EE.UU.
Se trata de Ignacio Rodríguez Varela, que penó 15 años para ser nombrado juez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner
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LA NACIONHernán Cappiello
Ignacio Rodríguez Varela es el camarista que deberá decidir si una de las causas más graves contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino deben ser investigadas en la Justicia federal, más politizada y cercana al poder, o si quedará en manos de la Justicia nacional de instrucción, un fuero que se ocupa con más bajo perfil de los delitos comunes.
La denuncia contra Tapia y Toviggino es del empresario Guillermo Tofoni, que los acusa de administración fraudulenta y asociación ilícita por desviar fondos de la AFA en Estados Unidos.
Esta es solo una de las causas contra la AFA, pues en la Justicia federal de Campana, Lomas de Zamora y el fuero penal económico de la Capital tramitan otros casos de supuesta evasión y lavado de dinero.
Rodríguez Varela, de 55 años, deberá decidir si esta denuncia de Tofoni queda en la Justicia nacional de instrucción o en la federal de Lomas de Zamora, como decidió la jueza Paula Petazzi.
Según su costumbre, Rodríguez Varela no leyó nada en los diarios, ni se empapó de la causa. Prefiere llegar sin prejuicios a la audiencia donde las partes expongan su caso y luego decidir, probablemente hacia el fin de la semana próxima.
Rodríguez Varela es un antiguo funcionario judicial que pugnó durante años por llegar a juez, pero el kirchnerismo le hizo la cruz por la persecución ideológica a la que lo sometió. Concursó desde 2005 y su pliego siempre fue relegado a pesar de quedar bien posicionado. Recién llego a camarista en 2018.
Su padre fue ministro de Justicia durante el gobierno militar y defensor de Jorge Rafael Videla. Fue ternado innumerable cantidad de veces, y clasificado en el primer puesto en seis de esas ternas. Pero nunca fue nombrado.
Llegó a dirigir la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), pero esa dependencia fue disuelta. Rodríguez Varela formó parte del equipo a cargo de los temas de seguridad que lideró Gustavo Beliz en 2003.
Fue uno de los autores del Plan Estratégico para reformar las áreas de Justicia y Seguridad, elaborado por los entonces fiscales Norberto Quantín y Pablo Lanusse y el actual fiscal José María Campagnoli, quienes en ese momento eran funcionarios del Ejecutivo.
Su plan de seguridad se activó en 2004 con el secuestro de Axel Blumberg. Incluyó leyes, decretos y resoluciones ministeriales, pero las reformas de fondo se abandonaron cuando Beliz dejó el ministerio.
Rodríguez Varela recurrió a la Justicia porque lo marginaron como juez, y una sentencia reconoció que fue proscripto, pero no podía anularse el último concurso objetado.
Finalmente, en 2016 llegó a integrar 35 ternas en todos los fueros. Su reivindicación llegó al finalizar el gobierno de Mauricio Macri como camarista de instrucción. Cristina Kirchner y sus senadores se opusieron al acuerdo.
Tiene postura contra el aborto. Padre de una familia numerosa: tuvo un total de 9 hijos. En 1994 fue nombrado secretario de fiscalía. En esa trayectoria trabajó con el fiscal Campagnoli. Se desempeñó como docente de derecho penal y procesal penal en la UCA.
“Estuve proscripto durante el kirchnerismo. Me lo anunció en 2005 (Alberto) Matarollo, que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo lo había conocido en el Gobierno y luego lo fui a ver porque ya había estado en varias ternas en el primer lugar. Apenas llegué a mi oficina me llamó y me dijo ‘no te van a nombrar nunca’”, recordó, en una nota, antes de ser designado.
Rodríguez Varela concursó para múltiples puestos dentro del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal: buscó ser juez de instrucción, camarista en el fuero penal económico, juez de la Cámara del Crimen, juez de Tribunal Oral Criminal. En todos esos concursos ocupó un lugar destacado.
En una entrevista recordó: “En 2015 me presenté para el juzgado federal de La Plata y llegué a las 33 ternas. En 27 de esos casos eligieron al que estaba atrás (en el orden de mérito)”. Finalmente, el cargo fue para Ernesto Kreplak, que había sido el presidente del tribunal que enjuició a Campagnoli, sin éxito.
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