Un caso de "territorios ancestrales" llegó a la Corte Interamericana
Se trata de un reclamo iniciado en 1984 por una comunidad aborigen contra la provincia de Salta
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Por primera vez, llegó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso de la Argentina por violación del derecho a la de propiedad comunitaria sobre territorios ancestrales. Se trata del reclamo de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat de la provincia de Salta, iniciado hace más de 30 años y que involucra un total de 400.000 hectáreas.
La Asociación, que reúne comunidades de los pueblos wichi (mataco), iyojwaja (chorote), nivacklé (chulupí), qom (toba) y tapy'y (tapiete), desde 1984 le reclama al Estado que garantice el derecho de las comunidades a la propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales, ubicados en ex lotes fiscales de la provincia de Salta.
Ahora bien, el pedido llega al tribunal internacional en un momento sensible. El debate sobre la propiedad de las tierras ancestrales y la protección de los derechos de las comunidades indígenas tomó la agenda pública de 2017 con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Específicamente, las comunidades indígenas reclaman que el Estado delimite y demarque su territorio, les entregue un título único de propiedad y traslade a las familias criollas que allí se han asentado.
El 4 de agosto de 1998, la Asociación Lhaka Honhat, con la representación del CELS, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "la violación de las obligaciones de respetar, proteger y adoptar las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo del derecho a la propiedad comunitaria".
En 2012 ,la CIDH declaró violados diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Aún después del informe no se delimitó, no se tituló y no se hicieron las obras de infraestructura para que las familias criollas se trasladen a los lugares que son libres de reclamo indígena. Tampoco se han desarrollado procedimientos adaptados a los estándares interamericanos sobre consulta previa, libre e informada de las obras que se puedan querer desarrollar", dijo a LA NACION Gabriela Kletzel, del CELS.
Por su parte, el 28 de noviembre pasado, antes de que la Comisión elevara el caso ante la Corte, el Gobierno presentó por primera vez un plan integral para dar solución al caso. La propuesta, elaborada junto a la provincia de Salta, consiste en un proyecto de trabajo de 8 años para dar cumplimiento a los reclamos.
"Una propuesta concreta, realista e integral", señalaron a LA NACION fuentes oficiales. Asimismo, remarcaron la "complejidad" que implica lograr todos los acuerdos entre comunidades indígenas y familias criollas que tienen que relocalizarse.
A pesar del nuevo escenario, fuentes del Gobierno aseguraron a LA NACION que "el Estado está comprometido con el plan presentado" y que "se está dedicando gran cantidad de recursos humanos y fondos para el cumplimiento de la propuesta".
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