Un cisma que sacude la interna peronista y acota la influencia de Cristina Kirchner en las negociaciones más relevantes
La partida de tres senadores no cambia demasiado el tablero en la Cámara alta; el Gobierno tendrá que seguir negociando con los gobernadores para tener mayoría; pero la expresidenta siente el golpe en asuntos clave como la designación de jueces
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LA NACIONGustavo Ybarra
Más allá del ruido que todo cisma peronista suele provocar en el escenario político nacional, la ruptura de tres senadores con el interbloque kirchnerista tendrá un impacto moderado en la relación de fuerzas de la Cámara alta, en donde el oficialismo libertario salió fortalecido tras las elecciones del año pasado, pero que todavía está muy lejos de la deseada mayoría propia.
Por lo pronto, que el Gobierno pueda sancionar leyes seguirá dependiendo en gran medida de las negociaciones que la Casa Rosada lleve adelante con gobernadores provinciales de todas las fuerzas políticas.
Esto es así porque con 21 senadores propios La Libertad Avanza necesitará siempre del apoyo de varios bloques para poder alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos que garantizan la aprobación de proyectos, la sanción de leyes y, sobre todo, el nombramiento de los más de 300 apetitosas vacantes que se han acumulado en los últimos años en el Poder Judicial.
La misma premisa, pero aún más exigente, cabe para aquellos temas que requieran del apoyo de 2/3 de los votos. Es el caso de las dos vacantes que existen en la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno ya sintió en carne propia el año pasado que necesitará de un amplio acuerdo, que deberá incluir al peronismo si es que realmente quiere darle al máximo tribunal de justicia un funcionamiento pleno.
En otras palabras, para consolidar una mayoría en el Senado el oficialismo tiene que jugar en un tablero que excede con creces a los tres mandatarios peronistas (Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz) que ordenaron a sus legisladores dar el portazo y quebrar la ficticia unidad que desde hace varios meses venían sosteniendo las tribus del PJ en el Senado.
Así quedó demostrado en la sesión en que se aprobó la reforma laboral, el pasado 12 de febrero. Aunque con cambios, el oficialismo logró imponer su proyecto con 42 votos sin necesidad de recurrir al apoyo de Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), los legisladores que decidieron abandonaron el barco kirchnerista.
En un gesto de independencia y a pesar de la fuerte presión que ejercieron algunos mandatarios por pedido de la Casa Rosada, los tres senadores lograron sostener su negativa a votar un proyecto tildado por la CGT de regresivo y de lesivo para los derechos de los trabajadores. Hicieron valer la estrategia (no darle una excusa a la conducción del bloque para echarlos y, como contrapartida, elegir el momento de concretar la ruptura) a la verticalidad de sus jefes políticos.
En la votación de la reforma fueron claves los apoyos de la UCR, que aportó a sus diez senadores, y del Pro, que hizo lo propio con sus tres integrantes. La lista se completó con una miríada de bloques independientes y de fuerzas provinciales que obligaron a negociaciones tanto de la Casa Rosada como de Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista en el Senado.
La actitud de los senadores rupturistas en el debate de la reforma laboral muestra que su alineamiento no será automático con la Casa Rosada, aunque ahora que ya no tendrán el corsé del interbloque peronista apretándolos tal vez puedan responder a los mandatos de sus gobernadores sin tantos remilgos ni pruritos.
Lo que sí es cierto es que no se pintarán de violeta, como ocurrió con varios legisladores del radicalismo y de Pro en la Cámara de Diputados, que se pasaron con armas y banderas a las filas del oficialismo en el último año y medio.
Como ya lo anticipara este diario, la fractura del peronismo en el Senado impacta más en la figura de Cristina Kirchner y en el kirchnerismo como sector hegemónico del PJ.
Sobre todo, es un golpe fuerte a las pretensiones de la expresidenta de convertirse en interlocutor del Gobierno en la designación de jueces en la Corte. Con sólo 21 senadores que responden a su conducción, ya no tiene el tercio del Senado (24 votos) que le permitiría imponer un candidato propio en el tribunal.
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