Un cristal astillado

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti suele decir que en el sistema institucional hay una institución que no se ve, pero es clave para la vida de todas las demás: la confianza. Funciona como pegamento interno de las relaciones políticas, y más que nada entre la sociedad y sus gobernantes, entre el electorado y sus líderes. La confianza se manifiesta de distintas maneras en la vida pública. Una de ellas está asociada a lo financiero, lo económico, que se refleja en indicadores. En nuestro país, tradicionalmente, un indicador con el que contamos para entender cómo se maneja la economía está ligado a los movimientos del tipo de cambio. Cuando hay un dólar intervenido, como sucede ahora con el cepo, las variaciones del dólar libre -MEP, contado con liquidación o blue- indican cuál es el nivel de inquietud de la gente respecto de cómo el Gobierno maneja las cosas. Esta es una de las razones por las cuales algunos se enamoran del cepo, ya que es una forma de suprimir y/o relativizar aquel termómetro.

Aquella confianza, la institución invisible de Sanguinetti, empieza a tener en la relación entre el mercado y el equipo económico no un quiebre o rotura, pero sí una rasgadura. Hay un astillamiento en la confianza que se percibe en estos días y que es muy difícil de fechar en su origen. ¿Cuándo empezaron los mercados a percibir que el Gobierno no se manejaba con entera solvencia para administrar la cuestión del dólar? Algunos creen que esto empezó con una desconfianza en otro plano que nada tiene que ver con el mundo cambiario: el caso de la criptomoneda $LIBRA, la intervención de Milei en ese negocio y la impericia con que el propio Presidente y sus funcionarios manejaron esa crisis que cambió los temas de la agenda en la escena de la opinión pública. A esto se le agregó después un fenómeno sobre el cual el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad, que es la incertidumbre económica que le inyectó Donald Trump al sistema internacional con medidas que tuvieron una intención y produjeron otro efecto. Aquí, la reacción del Gobierno frente a ese “efecto Trump” fue anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hubo agentes económicos que interpretaron que ese acuerdo era inminente y los términos se conocerían a los pocos días. Sin embargo, todavía las condiciones del nuevo programa se siguen negociando.

Aquí aparece algo muy peculiar. Hay una hiperactividad del ministro Luis Caputo frente a la prensa, una propensión a hacer declaraciones que poco a poco, en vez de ir despejando las incógnitas, las agrava. Los primeros dichos de Caputo que generaron confusión fueron sobre el dólar. El Ejecutivo se ufanaba de que la brecha entre el oficial y los libres se iba abreviando y facilitaba el objetivo final: el levantamiento del cepo. Pero, en una entrevista a LN+ un sábado a la mañana con Horacio Cabak, el conductor le pregunta: “¿Qué va a pasar con el crawling peg?”. Y Caputo dice, no explícitamente, pero da entender que aquella devaluación administrada por el Gobierno de 1% por mes en la cotización del dólar oficial va a quedar cancelada. Anunció, tal vez sin querer, que habría una modificación del régimen cambiario que dejaría atrás el vigente. El problema radica en que no dijo por cuál va a ser reemplazado. Y hasta hoy no lo sabemos.

Esto produce incertidumbre. Los importadores salen a importar más, aprovechando este dólar. Los exportadores, a la espera de que el dólar sea más caro, suspenden las exportaciones o las retraen. Y todo aquel que tiene posiciones en pesos sale a comprar dólares para esperar ese cambio de régimen que el mismo ministro anunció. Hubo un error adicional de Luis Caputo, que fue explicar que tiene que haber tranquilidad cambiaria ya que el abandono del crawling peg no va a generar incertidumbre al no haber los suficientes pesos como para comprar dólares. Y le contestaron los economistas expertos en esos mercados: hay pesos en un volumen equivalente a U$S100.000 millones de dólares como para que la gente se deshaga de esos pesos y vaya a comprar dólares.

Este domingo, Caputo volvió a dar una tercera entrevista, esta vez con Luis Majul para La Cornisa, donde insistió una vez más en que no tiene que haber incertidumbre cambiaria, pero incurre en algunas contradicciones que generan más inquietud. Por ejemplo, explica que los U$S20.000 millones pactados para que el Fondo desembolse en un nuevo programa con la Argentina van a ser reservas de libre disponibilidad. Significa que el Banco Central las va a poder utilizar para intervenir en el mercado de cambios, que suponemos va a estar liberalizado con un régimen de bandas. Hay una parte de la historia que el ministro oculta y es que, es altamente probable, el nuevo programa establezca metas de reservas. El Gobierno va a tener que llevar una política cambiaria de tal naturaleza que, cada tres meses, va a tener que rendir cuentas de cuál es el volumen de reservas del Banco Central, un volumen hoy muy disminuido.

En el programa anterior, como exhibe un gráfico elaborado por Fernando Marull, para el mes de marzo de 2024, la meta de reservas era de US$5576 millones negativos. El Gobierno la superó y redujo a US$2184 millones negativos. En junio de 2024, el saldo pasó a ser positivo por US$932 millones frente a los US$676 millones de déficit pactados con el Fondo. En septiembre, la meta del FMI era de US$2876 millones mientras que la realidad mostraba un saldo de US$3900 millones de dólares negativos. Finalmente, para diciembre de 2024, la meta era de US$876 millones mientras que el la cifra real bordeaba los US$1839 millones de dólares negativos.

Siguiendo los números de Marull, la situación es bastante complicada. Actualmente las reservas netas del Banco Central están en US$5300 millones de dólares negativos, sin contar Bopreal ni depósitos del Tesoro. Dado el bajo nivel de reservas del Banco Central y las metas más exigentes que probablemente imponga el Fondo en el nuevo programa, los dólares serán de libre disponibilidad siempre y cuando se cumpla la meta. De lo contrario, deberán acumularse para ajustarse al programa. Es decir, la libre disponibilidad estará muy acotada.

Hay otro tema importante que no queda del todo claro en las declaraciones del ministro, donde aparece no sólo una falta de información, sino una contradicción. En la misma entrevista, Caputo afirma que el BCRA necesita mejorar su balance y que, por ello, el Tesoro rescatará, con dinero del Fondo, letras intransferibles que compró en su momento. Sin embargo, también sostiene que las reservas del Banco Central, que requieren US$20.000 millones para mejorar su balance, son suficientes para cubrir toda la base monetaria. Habría que definir: o necesita mejorar el balance o tiene reservas suficientes para cubrir la base monetaria, pero ambas afirmaciones al mismo tiempo resultan contradictorias. Quizás la cantidad de aclaraciones es la que produce un deterioro en el clima cambiario, que se refleja en el aumento diario del riesgo país.

Mientras tanto, continúa la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es el eje central del problema. Vera Voskanyan, en su cuenta de X, analizó las declaraciones de Caputo intentando descifrar cómo tienden a tranquilizar al mercado, pero también presionan al Fondo en la negociación que mantiene el equipo económico con las autoridades del organismo. El Gobierno, con lógica política, intenta obtener recursos del Fondo sin tener que levantar el cepo o, en todo caso, flexibilizando lo menos posible y manteniendo la mayor cantidad de restricciones en el mercado de cambios. Porque en la Argentina, liberar el cepo suele implicar una suba en la cotización del dólar, lo que se traduce en un aumento de precios. Y si los precios suben, la percepción pública será que la inflación volvió. Sabemos que la caída de la inflación es la mayor victoria política que el Gobierno puede llevar a las elecciones de octubre. No la quiere poner en peligro al liberar el mercado de cambios.

Desde la perspectiva del Fondo, su posición tradicional es clara: si un país quiere mantener un mercado de cambios intervenido y un dólar artificialmente bajo para mejorar el poder adquisitivo, no puede esperar recibir financiamiento sin condiciones. Cuanta más rigidez cambiaria e intervención haya, menos dólares desembolsará el organismo. En cambio, si el Gobierno quiere más dólares para fortalecer las reservas, debe liberar el tipo de cambio. Este es el corazón de la discusión, que no se pudo modificar en sus términos por qué falló alguien: Donald Trump. El Gobierno confió en que el Tesoro de Estados Unidos intercedería ante el FMI para conseguir un desembolso importante sin necesidad de levantar el cepo. Sin embargo, esa gestión no se concretó o no tuvo la intensidad esperada. Como resultado, el objetivo, que era obtener los US$20.000 millones sin levantar el cepo y hacerlo recién después de las elecciones, no se logró. El FMI insiste en que, si el Gobierno quiere estos fondos, debe flexibilizar el cepo ahora, lo que aumentaría el riesgo inflacionario y, en consecuencia, afectaría la elección. En este contexto, el oficialismo se ve obligado a explicar y aclarar constantemente, generando más incertidumbre de la que había.

Es un escenario no resuelto. El martes pasado, hubo una reunión en el Fondo Monetario Internacional, donde el staff técnico presentó el caso argentino ante el Board, el directorio político compuesto por los representantes de los países. Fue una discusión áspera, con muchas preguntas y preocupaciones. Hay inquietud. Es lógico: el FMI desembolsó una cifra récord y quedó enredado en una crisis económica que arranca con Macri en mayo de 2018. Esto hace que, a pesar del respaldo político de Trump al gobierno de Milei, el Fondo mantenga una postura rígida frente a la Argentina. El dilema es claro: el Gobierno puede liberar el tipo de cambio, acceder a más recursos y asumir el riesgo de un repunte inflacionario, lo que enviaría una señal positiva al mercado. O bien, puede mantener el cepo y asegurar cierta estabilidad política, pero con un esquema de “massismo austríaco”, de política muy intervenida en una variable central como es el tipo de cambio, lo que retrae la inversión y dificulta la reanimación de la economía.

A esto se suma otro obstáculo: el Gobierno argumenta haber cumplicado las metas fiscales y monetarias y, por ello, exige el desembolso completo de los fondos. Sin embargo, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, declaró que podrían adelantarse hasta un 40% del total, pero no los US$20.000 millones en un solo pago. Hay otro actor clave en todo eso: Ceyla Pazarbasioglu, economista turca que dirige el Departamento de Estrategias, Políticas y Evaluación del FMI. Su función es garantizar la equidad en el tratamiento de los países dentro de los programas del Fondo. Si a la Argentina se le otorga un desembolso inicial mayor que a otros países, como a Egipto por ejemplo, el Fondo estaría incumpliendo su criterio de igualdad. A los iguales hay que tratarlos igual.

Esta es la principal dificultad que enfrenta Luis Caputo en su relación con el FMI. Y todo esto abre un interrogante sobre el ministro de Economía. Aunque el cuestionamiento es leve, como me decía un banquero de Nueva York este fin de semana: “Caputo ha sido mejor delantero que arquero”. Es decir, empezaron a llegar los goles al arco, y alguna dificultad está mostrando para defenderse. Esto hace que otros miren otros recursos humanos que tiene el Gobierno, no para reemplazar sino para apoyar el programa. En ese sentido, aparece Federico Sturzenegger, a quien Milei llama “El Coloso”, y que mantiene una relación cercana con Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, desplazado de la negociación por pedido de Milei. Pero es un economista importantísimo dentro del Fondo, y otro detalle: Sturzenegger ha sido convocado por Georgieva para integrar un plantel destinado a estudiar procesos de desregulación en el Fondo Monetario. Es decir, que empieza a haber otra vía de contacto con Washington, y habrá que ver si Milei no quiere tener dos versiones de lo que está pasando: la de Caputo, que está obviamente muy respaldado, y la de “El Coloso” Sturzenegger.

Se abre una discusión sobre la economía desde la política. Esta fragilidad del cristal, este resbalón que estamos viendo en estos días sobre la confianza, es aprovechado por quienes tienen tensiones con el Gobierno. A la cabeza de todos Mauricio Macri, que ya tiene un duelo abiertamente planteado, como sabemos, con los Milei, con Javier Milei y con Karina Milei. El expresidente dijo que hay un problema de baja sensibilidad frente a los temas institucionales por parte de este gobierno, que está en la raíz de la inquietud que empezamos a encontrar en el mercado cambiario y en la economía en general.

Macri se está refiriendo a las cuestiones institucionales, y supongo que se centra principalmente en un tema que ha sido polémico desde que se planteó en enero del año pasado: la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Más allá de la designación de jueces por decreto, mientras el Senado estaba tratando el tema, que es otra desprolijidad institucional importante, la baja calidad de Lijo como candidato del Gobierno a la Corte produjo una herida sobre la que ahora Macri trabaja, diciendo que estos problemas institucionales son los que al final alteran el clima económico. En el mes de marzo del año pasado, en una conferencia que dio en Punta del Este, Macri dijo esto por primera vez: “Todo proceso de reorganización económica como el que lleva adelante Milei requiere de confianza”, el término de Sanguinetti. “La confianza”, dijo Macri, “no la dan los políticos, la confianza la proveen los jueces”.

La falta de sensibilidad institucional afecta la economía, y en ese horizonte, reaparece el problema de la candidatura de Lijo, que se va a debatir teóricamente este jueves en el Senado. Hay una sesión especial convocada para tratar los pliegos de Lijo y de Manuel García-Mansilla, que requiere un esfuerzo especial para ser convocada, y el Gobierno está tratando de que esa sesión no tenga quórum. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo a García Mancilla en la Corte, donde está por un decreto del Poder Ejecutivo. Porque si el Senado este jueves sesiona, es muy probable, por las declaraciones, sobre todo, de los senadores kirchneristas, que ni García-Mansilla ni Lijo consigan aprobar su pliego, que requiere dos tercios de los miembros de la Cámara. Cristina maneja 24 senadores, falta un senador para que no se llegue a los dos tercios.

Si el Senado trata los pliegos, es decir, logra quórum, y los rechaza, la Corte está en un problema: ¿Qué hacemos con García-Mansilla? ¿Sigue por decreto, aunque el pliego de él lo haya rechazado el Senado? ¿De dónde deriva la legitimidad de García-Mansilla? Se podría decir del decreto, como cualquier otro juez de la Corte designado por decreto, vence su mandato cuando vence la vigencia del decreto, que sería en noviembre de este año. ¿Cómo se remueve a un juez de la Corte? Se requiere un juicio político, no hay otro método y para eso se requieren dos tercios del Senado.

En la Corte dicen en voz muy baja que si queda García-Mansilla -que es un juez que va a estar bastante alineado con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- sostenido de un decreto, pero impugnado por el Senado puede ser que en el tratamiento de distintas causas, las partes empiecen a pedir nulidades sobre aquello que él votó como juez y esto genera una cantidad de ruido institucional dentro de la Corte en un momento en que sigue el conflicto entre el Gobierno y el máximo tribunal.

No hay que olvidarse de que Lijo inició su carrera hacia la Corte, tan accidentada, porque su padrino, Ricardo Lorenzetti, le recomendó a Milei postular a ese juez amigo. El conflicto que el Gobierno tiene con la Corte, más que la Corte con el Gobierno, se manifiesta en el Consejo de la Magistratura, donde el representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio y una representante de los abogados que es Jimena de la Torre, que llega por el Pro pero que ahora está bastante identificada con las fuerzas del cielo, suelen no dar quórum para las reuniones de comisión, sobre todo para la de administración del Poder Judicial que trata temas normalmente urgentes. No hay que olvidarse que el Consejo lo dirige Horacio Rosatti en su calidad de presidente la Corte.

Sobre el telón de fondo de la discusión por la incorporación de Lijo y García-Mansilla, sobre todo de Lijo, a la Corte se recorta un caso muy importante que es el de Cristina Kirchner, que este lunes fue en queja a la Corte porque la Cámara de Casación le negó el recurso extraordinario para cuestionar el fallo del Tribunal Oral Federal ratificado por la Casación que la condena en la administración de la obra pública en Santa Cruz.

Este lunes, su abogado, Carlos Beraldi, explicó esta presentación ante la Corte, realizada a primera hora de la mañana. Aquí hay un detalle interesante y curioso: la señora de Kirchner solo impugna a García-Mansilla, justamente por haber sido designado por decreto, pero no impugna a los otros tres jueces, contra los cuales su fuerza política había pedido juicio político en la Cámara de Diputados, sin éxito.

Ahora hay que ver qué velocidad tiene el caso de Cristina Kirchner en la Corte. Primero lo va a tratar el procurador Eduardo Casal; hay que ver en cuánto tiempo se expide. Después la pregunta es qué hace la Corte con este caso, que puede decir: “Le pongo un sello y no lo trato, porque no tiene materia para que lo tratemos nosotros”. En ese caso, quedaría vigente la condena, que tiene como accesoria la inhabilitación, y Cristina Kirchner no podría ser candidata en estas elecciones.

Esto es muy importante. La expresidenta aspira a ser candidata a diputada nacional. Salvo que Axel Kicillof desdoble la elección, haga primero una elección provincial, y ahí ella sea candidata a la Legislatura bonaerense por la tercera sección electoral, como diputada provincial, para ir a desafiar a Kicillof, que se está rebelando contra la que fue su antigua jefa.

Si la Corte dice algo antes del 17 de agosto, que es cuando hay que presentar las listas, Cristina Kirchner quedaría fuera de carrera. Ya sea porque trata el caso o porque no lo trata. Estaríamos frente a algo muy novedoso en la Argentina: mucha gente, desde el lado penal, tendría una gran satisfacción y diría: “Bueno, finalmente se hizo justicia, se sancionó a alguien sobre quien había muchísimas pruebas de que había manejado mal los fondos del Estado”. Desde el lado pro-Cristina, en cambio, dirán: “No, esto es la persecución que ella viene denunciando, el lawfare”. Esta es la discusión penal, pero se plantea otro problema, que es uno específicamente político y que hay que exponer con independencia de que a uno le guste o no Cristina Kirchner, y de que crea que la cuestión penal es justa o no: del rompecabezas de la política argentina se saca una pieza que representa aproximadamente el 30% del electorado. Eso genera algún ruido y algún desequilibrio en el sistema, porque hoy es evidente que, si uno mira el mapa de la política, el gobierno de Milei tiene como principal contrapeso —más allá de que, insisto, a uno le guste o no— a Cristina Kirchner. De hecho, habría que agradecerle a ella si Lijo no llega a la Corte, porque es ella, con sus senadores, quien lo frena. Entonces, estamos entrando en un problema político que nos muestra lo grave que es la corrupción cuando se la deja avanzar demasiado, porque termina generando este tipo de distorsiones en el sistema.

No es algo novedoso de la Argentina. Lula pasó por lo mismo. Hoy Bolsonaro está inhabilitado por la Corte de Brasil. Y este 31 de marzo, fue inhibida por una condena a cuatro años de prisión Marine Le Pen, quien tiene el 35% del electorado en Francia. Ella es la encarnación del nacionalismo de ultraderecha en su país y no podrá participar en las elecciones de 2027. Habrá que ver si Marine Le Pen dice que esto fue lawfare. Es una persecución por malversación de fondos cuando era eurodiputada. Aparentemente, junto a un grupo de eurodiputados de su partido, contrataban gente y hacían que devolvieran parte del dinero de las contrataciones. Una especie de “ñoquis” a la francesa.

Es importante, entonces, que la Corte se pronuncie y no deje este tema para después de las elecciones, porque es un asunto de alta sensibilidad política. Más allá de la biografía de Cristina Kirchner, está en juego el equilibrio y la legitimidad del sistema en un momento en que se está produciendo otra gran novedad: una fisura en el kirchnerismo dentro de su principal distrito, la provincia de Buenos Aires.

Axel Kicillof amenaza con pedir la suspensión de las PASO y con adelantar la elección provincial para dejar a Cristina, como líder nacional, fuera de la escena, obligándola a defenderse en la elección nacional sin la movilización del aparato bonaerense. Por eso ella responde algo así como: “No, si vas a desdoblar la elección, me voy a presentar como candidata a diputada por la tercera sección”. Esto lo dijo en un asado en El Mangrullo, en Ezeiza, delante de una cantidad de intendentes, este fin de semana.

Esta discusión también fue llevada a la Legislatura a través de un proyecto del kirchnerismo. La senadora María Teresa García, del círculo íntimo de Cristina Kirchner, presentó un proyecto de ley para que las elecciones sean concurrentes, es decir, el mismo día las nacionales y las provinciales. Expone varios argumentos interesantes: dice que nunca se realizaron elecciones provinciales independientes; que la justicia provincial nunca tuvo que organizar una elección más allá del padrón de extranjeros; que la policía bonaerense nunca tuvo que hacerse cargo del control de las urnas.

Pero lo que realmente importa de su planteo es lo que dice en los fundamentos del proyecto: “En este contexto de incertidumbre sobre el proceso electoral, privilegiar la potestad de convocatoria del Poder Ejecutivo -es decir, de Kicillof- para imponer una modalidad de elección distinta, cumple con la formalidad de la norma, pero viola la legitimidad del proceso”. Esto lo dice una ultra-kirchnerista hablándole de Kicillof.

Sigue: “No hay lugar para especulaciones [Kicillof]”. “No hay lugar para dirigentes que busquen acomodar el proceso electoral para beneficio propio”. Fíjense hasta qué nivel de temperatura está llegando la pelea entre Cristina y Kicillof. Esto lo escribe en su proyecto una senadora de Cristina. “Tampoco hay lugar para que, por conveniencia electoral, se imiten las prácticas de Javier Milei en la provincia”. Teresa García, es decir, Cristina, le está diciendo a Kicillof: “Sos como Milei”.

Si la Corte termina excluyendo a Cristina Kirchner de la competencia, ¿de qué lado queda Kicillof? ¿Del lado de la Corte o del lado de Cristina? En el fondo, hay que hacerse una pregunta más allá de la cuestión penal. Desde lo político, ¿tienen derecho ella y su entorno a pensar que todo esto la embellece en la pelea contra quienes la quieren hostigar, como es el caso de Kicillof?

En el fondo, este conflicto entre Kicillof y Cristina tiene una característica que está contaminando toda la política argentina: no se entiende muy bien a qué se debe. Es, para usar palabras de una excelente entrevista que dio en su momento Fernando Henrique Cardoso, un conflicto que no logra politizarse. ¿Qué quiere decir politizar en este contexto? No logra Kicillof hacernos entender qué le pasó con Cristina. O, en todo caso, en qué tiene que ver el resto de la gente con su problema con Cristina. Eso es politizar algo: darle una dimensión colectiva que vaya más allá del conflicto individual, que es lógico en la política, que es propio de la política, que es la materia de la política: la lucha por el poder.

Este es uno de los duelos. El otro duelo es en la Ciudad de Buenos Aires. Se presentaron las listas con una caracterización de la política porteña muy relevante. Todo lo que no es peronismo quedó fragmentado. Por eso el peronismo festeja el diseño que adquirió la oferta electoral. ¿Qué peronismo? El de Leandro Santoro, que dirige Juan Manuel Olmos, el líder del peronismo de la Capital. Curiosamente, Olmos se puso en el puesto número 11 de la lista. ¿Un gesto de humildad o un gesto de optimismo, pensando que van a entrar 11?

En la perspectiva del peronismo de la Capital, que dice: “Somos la primera minoría”, porque todo el resto se dividió entre La Libertad Avanza, el PRO, Larreta, los radicales, Lilita Carrió y la lista de la Coalición Cívica. También está Ramiro Marra, un desprendimiento de La Libertad Avanza, y Yamil Santoro con su hermano, que no sabemos si va a competir o no, pero que se llama Leandro Santoro. Hace una especie de estafa: usar un candidato con el mismo nombre que el candidato peronista.

Entonces, algo que era impensable, que el peronismo pudiera tener un protagonismo especial en la Capital, empieza a ser una posibilidad atendible. Es la lista de Santoro, que lleva en segundo lugar a Claudia Neira, vicedecana de la Facultad de Medicina. El peronismo levantando la bandera de la universidad pública, algo medio Franja Morada. Y a Fernando Mochi como tercer candidato, alguien procedente del mundo de los streamers, del mundo de las redes, de la política que transita por un lugar distinto al de los medios. Algo parecido a lo de Santiago Caputo y La Libertad Avanza, ir a buscar el voto joven en la red.

El gobierno porteño, desafiado sobre todo por Milei, presenta a Silvia Lospennato y a Hernán Lombardi. Les van a discutir las candidaturas: tienen que demostrar que vivieron cuatro años en la Capital Federal, porque ambos tienen domicilio en la provincia. Es una lista muy Mauricio Macri, con el secretario privado del expresidente, que es legislador porteño, Darío Nieto, por ejemplo. Una lista a la que María Eugenia Vidal, que es la jefa de campaña de esa lista, le dio su visto bueno.

Este lunes, Mauricio Macri tuvo declaraciones muy duras, previsibles, contra Horacio Rodríguez Larreta, que arma su propia lista. Hay encuestas que dicen que arranca con un 12%—encuestas del peronismo no de Larreta—y si es así, le va a hacer daño a Jorge Macri y a Mauricio Macri.

La lista de Larreta es una lista larretista, de gente de su entorno. La encabeza él. Sigue Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, que votó en contra de Lijo, justamente. Sigue Emmanuel Ferrario, un gran legislador porteño que fue presidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando Larreta era jefe de Gobierno. Y reaparece Jorge Telerman en la política electoral, después de haber sido, entre otras cosas, director del Teatro Colón.

Importa mucho la lista del gobierno nacional, con Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque es la cara de Milei. ¿Se verá afectado Adorni por este clima financiero? No sabemos. Es una lista comandada por Adorni y todo lo demás armado por un personaje al que hay que ponerle la lupa: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación, esposo de la diputada porteña Pilar Ramírez, que es la voz de Karina Milei en la Legislatura. Es una lista muy agresiva contra Mauricio Macri. Por eso él se queja de Karina Milei. Y habrá que ver si son verdaderas las versiones que dicen que, en realidad, toda la enemistad, todo el conflicto, proviene de una negociación un poco opaca en la que Wasserman habría negociado con Jorge Macri una cantidad de renovaciones de contratos de distintos sectores con el gobierno porteño a cambio de algunas promesas de Jorge Macri —Wasserman como desarrollador de real estate—que no se cumplieron. Esto, que es bastante oscuro, muy “casta”, parece estar en el trasfondo del enojo de La Libertad Avanza—Karina Milei, Pilar Ramírez y Wasserman—contra Jorge Macri. Amistades que se rompieron en un terreno que es el menos presentable habitualmente en la política: el del dinero, el terreno crematístico.

Todo esto nos habla de un conflicto muy importante: el conflicto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se dirime una cuestión central: ¿Quién lidera lo que va del centro a la derecha en la Argentina? ¿Lo lidera el PRO? ¿Lo lidera Milei? ¿Habrá posibilidad de una convergencia? ¿El PRO hará una elección suficientemente buena como para que, en octubre, Milei tenga que aliarse con él en la elección? Eso es lo que está en discusión. En el fondo, lo que se debate es si va a haber o no una coalición de gobierno, con Macri adentro, después de las elecciones de este año. Y esa es una discusión importante, porque nos habla—o nos empieza a plantear—un gran problema: qué capacidad parlamentaria va a tener este gobierno cuando salga de las urnas para llevar adelante las reformas que se le van a pedir en la economía para el año 2026.

Para esa pelea, el Gobierno todavía tiene que hacer mucha política. Pero cuidado: a pesar del dólar, a pesar de la discusión con el Fondo, a pesar de las torpezas de Luis Caputo, las encuestas siguen mostrando que la imagen de Milei cayó un poco, pero sigue habiendo un 43% de aprobación para el Gobierno. Sí, el 53% desaprueba, pero con esta aprobación, cuidado. Con esta aprobación, se puede ganar la elección. Esta aprobación es una aprobación de 80 diputados en la Cámara de Diputados a fin de año. Entonces, hay que calibrar muy bien cuánto pesa el descontento. Hay que calibrar muy bien hasta dónde influye el dólar, porque no sabemos si se traslada a los precios, o si se traslada a los votos.

Por Carlos Pagni

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