Un derrotero de pérdidas que terminaron en quiebra

Si los escritos judiciales pretenden mostrar algo más que un mero descargo procesal, el que presentó la imprenta Donnelley para pedir su propia quiebra denota que, lejos de haber terroristas económicos, en la compañía había directivos que no podían hacer rentable un negocio que alguna vez lo fue.

De acuerdo con los datos de la solicitud de quiebra que los abogados llevaron a la justicia comercial, la empresa que ahora es acusada de terrorismo económico acumuló, en los primeros cinco meses del año, pérdidas por $ 15,36 millones. "El período comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2014, el quebranto acumulado ascendió a $ 40.855.050", dice textualmente el escrito judicial.

Cuando una empresa o una persona se presenta y pide su propia quiebra debe relatar los hechos y las cifras que llevaron a tomar la decisión de liquidar de esta manera una sociedad. Y así lo hizo Donnelley. "En los últimos años, diversas circunstancias, entre otras, el incremento de los costos laborales, los mayores precios en la materia prima, los aumentos de los costos de energía y el incremento en las tasas de interés de la financiación bancaria han generado a RRD Argentina (tal es el nombre de la sociedad) una constante pérdida operativa. Los accionistas y directores de RRD Argentina intentaron revertir esta tendencia deficitaria mediante distintas acciones, buscando una eficiencia en la operación que mejorara la situación operativa y financiera", relata el documento.

"Podrá discutirse si esta es una buena gestión empresaria o no. Podrá discutirse si la imprenta no actuó con cierto desmanejo de la cosa cuando no avisó a los clientes y a los empleados cuáles serían los planes. Pero de ahí a creer que esta quiebra forma parte de una conspiración para atemorizar a la sociedad me parece que hay una distancia muy grande. Es imposible que una quiebra por caída del mercado o por mala gestión pueda ser considerado terrorismo económico", dijo un abogado que conoce los pliegues del expediente. "A mediados de 2013, RRD Argentina inició el Programa de Recuperación Productiva (Repro) que el Ministerio de Trabajo otorgó durante los meses de octubre de 2013 a enero de 2014, pero quedó sin efecto ante la falta de la firma del acuerdo por parte del sindicato", relatan los abogados de la compañía.

Poco después, se inició el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero la cartera que maneja Carlos Tomada se excusó y derivó las actuaciones a la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Si la visión del Gobierno estuviese en lo correcto, nadie reparó, ni en la Nación ni en la provincia, que detrás de esos escritos formales se escondía una célula de terrorismo económico.

Ayer, el delegado de la empresa, Martín Killing, confirmó que los trabajadores pretenden la estatización de la empresa: "Una de las mejores maneras de sacar la empresa adelante era la estatización, pero Tomada nos explicó que esa medida se reserva para actividades que impliquen un servicio público", dijo a Radio Continental.

En el documento judicial, la empresa destacó que "la fuerte caída de volumen de producción llegó a 39% en los últimos dos años y provocó el agravamiento de las pérdidas y la imposibilidad de cubrir los costos fijos".

La ley de quiebras establece que la Justicia debería cerrar la empresa y vender rápido para asegurar la continuidad laboral. Pero por ahora, la planta está tomada.

Por Diego Cabot

• Ley antiterrorista

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