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Un diputado de Juntos por el Cambio reclamó a la Justicia asumir en el Consejo de la Magistratura
Álvaro Gonzalez presentó un amparo con medida cautelar porque considera que la resolución de Cecilia Moreau tiene como objetivo “obstruir o impedir que se le tome juramento”
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LA NACIONHernán Cappiello
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Álvaro González presentó una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal solicitando que se le tome el debido juramento con la mayor premura para integrar el Consejo de la Magistratura.
El organismo que elije y remueve jueces, no se pudo conformar por completo luego de que el 18 de noviembre pasado venció el mandato de los consejeros salientes. De los consejeros entrantes para el período 2022-2026 solo pudieron jurar los jueces, los abogados, los académicos y el representante del Poder Ejecutivo.
Los consejeros por el Senado fueron impugnados ante al Justicia proque el frente de Todos insistió con proponer al kirchnerista Martín Doñate, que para la Corte fue designado mediante un ardid. La Justicia no definió aun si debe asumir Doñate o Luis Juez, de Pro, que también reclama su lugar. Por eso la jura de los consejeros senadores quedó en suspenso.
La jura de los diputados consejeros también quedó en suspenso. La Corte había admitido sus nombres, pero sorpresivamente la semana pasada la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, dejó sin efecto los nombres de los legisladores que envió para integrar el Consejo de la Magistratura. Esta actitud detonó una crisis en el Congreso que se reflejó en la última sesión escandalosa de la Cámara de Diputados, en la que Moreau no pudo ser reelegida como presidenta del cuerpo y terminaron todos a los insultos.
Perjudicado por la decisión de Moreau, el diputado González, que había sido elegido por Juntos por el Cambio para integra el Consejo de la Magistratura, reclamó ahora a la Justicia que se le tome juramento.
Según el escrito presentado por sus abogados, González consideró la última resolución de Moreu como “manifiestamente nula, toda vez que ha sido dictada sin competencia, en violación a derechos subjetivos adquiridos, e incumpliendo la casi totalidad de los requisitos esenciales”.
El objetivo del amparo es lograr que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau. Según el diputado, la resolución de la presidenta de Diputados tiene “el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla”.
Para González -según el escrito- la demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales.”
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