Villa Mascardi: las tomas terminaron, pero subsisten la tensión y el temor a nuevos ataques

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Una delgada columna de humo se eleva por sobre las ruinas del predio de Gas del Estado en Villa Mascardi. Frente a una de las más populares playas públicas sobre el lago, la imagen hace recordar las postales de los últimos años, los tiempos en que la comunidad Lafken Winkul Mapu ocupaba ese lugar. Las barricadas hechas de ramas y los indicios de algún fuego prendido marcaban su presencia.

Sin embargo, ese predio –al igual que los demás terrenos públicos y privados que fueron usurpados desde 2017– actualmente luce vacío, salvo por la presencia de algunos efectivos de la Policía Federal. Son ellos los que ahora han encendido un fuego, quizá para tener agua caliente.

A dos meses del operativo en el que se desalojaron los terrenos tomados sobre la ruta 40, LA NACION recorrió el lugar. Allí siguen asentadas las fuerzas del Comando Unificado de Seguridad, formado por la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante los días posteriores al operativo de principios de octubre, quienes circulaban por la ruta eran escoltados en esos conflictivos kilómetros. Solo había una mano de la ruta habilitada. Actualmente, si bien se puede transitar sin inconvenientes, está prohibido detenerse entre el Automóvil Club Argentino de Villa Mascardi y el predio de Gas del Estado. Locales y turistas tampoco pueden disfrutar de la playa pública en esa zona; la bajada al muelle permanece vallada.

De cara al verano y la enorme afluencia de visitantes que recibirá Bariloche, ningún oficial de las fuerzas de seguridad pudo precisar cómo será el operativo durante la temporada alta.

En toda esa franja de ruta también se observa una hilera de banderas argentinas: lejos de tratarse de un apoyo a la Selección Argentina en Qatar, desde la Junta Vecinal de Villa Mascardi aclaran que es un mensaje “a los muchachos y al Gobierno nacional”.

Consultado sobre el operativo que se desplegó luego del desalojo, el presidente de la junta, Diego Frutos, afirma: “Obviamente es mejor que nada pero, hasta que no los capturen, enjuicien y encarcelen, siento que todo esto es en vano”.

“Uno tiene la sensación de que en cualquier momento se pueden volver a aparecer en medio de la noche, más teniendo en cuenta que las fuerzas federales solo vigilan las fracciones del Estado, como la Escuela de Guardaparques y el famoso ‘rewe’ que la jueza [Silvana Domínguez] les respetó mantener”, agregó Frutos.

A mediados de octubre, Domínguez dispuso la restitución de siete predios que pertenecen a diferentes familias y también a la Administración de Parques Nacionales. Todos esos terrenos fueron ocupados por la comunidad Lafken Winkul Mapu en los últimos cinco años.

Sin embargo, la jueza ordenó “mantener el espacio ‘rewe’, considerado sagrado por las comunidades que reclaman su posesión” y que se encuentra dentro del predio del exhotel Mascardi.

“Eso es un disparate. En su resolución, la jueza los desconoce, por un lado, como una verdadera comunidad y, por el otro, les respeta el altar y su ‘espacio circundante’, aunque no especifica si es de un metro o mil. Además, ordenó que, al igual que nuestras propiedades, permanezca vigilado las 24 horas por las fuerzas federales”, se queja Frutos, dueño de la cabaña La Cristalina, que fue incendiada en 2020 y usurpada a fines de septiembre de este año.

Uno de los mayores reclamos de los vecinos y propietarios de casas en Mascardi es que, más allá de las cuatro mujeres de la comunidad Lafken Winkul Mapu que permanecen con prisión preventiva en Bariloche, los rastrillajes no han permitido encontrar a ningún otro miembro de la lof.

“Si bien el Estado nacional actuó, lo hizo tarde. Si lo hubiera hecho en el momento en que los vecinos lo requerimos, nos hubiéramos ahorrado miles y miles de pesos de pérdidas materiales y también psicológicas. Además, el grupo Colhuan Nahuel tiene orden de captura pero nada impide que vuelvan a hacer sus incursiones en la zona, provocando daños e inconvenientes como los que ya han ocasionado”, dice Luis Dates, dueño de Los Radales, otro predio que también fue vandalizado y usurpado por los sectores mapuches.

Betiana Colhuan Nahuel, la machi de la comunidad, es una de las mujeres que fue detenida durante el desalojo de los predios. En la causa por la primera usurpación en Villa Mascardi, ocurrida a principios de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, casi todos los imputados pertenecen a la familia Colhuan Nahuel. El juicio por esa primera ocupación se convocó para el 12 de diciembre.

Sobre el accionar de las fuerzas de seguridad hasta ahora en Villa Mascardi, Julián Cunha Ferré, administrador de las cabañas Ruca Lauquen, incendiadas en agosto de 2019, considera que es “un fracaso que no hayan apresado a nadie más”.

Cunha Ferré opina que el operativo de desalojo se inició mal: “Deberían haber arrancado la búsqueda por arriba, donde hay muchos caminos que llegan a las bases que tenían en la montaña”, precisó.

“Si siguen en la montaña sería llamativo, porque con tantos días que han pasado uno se pregunta de dónde obtienen los víveres para sobrevivir. No sé hasta dónde hacen rastrillajes, pero los resultados no están. Hay que esperar. Hasta que no estén todos presos, esto no terminó”, agregó Cunha Ferré.

Preocupación

A su vez, Dates indica que le han llegado versiones sobre el retiro de la Gendarmería de la zona: “Si bien el lugar está volviendo lentamente a su normalidad, retirar a los gendarmes sería un grave error, porque volveríamos a situaciones como las anteriores”. El dueño de Los Radales vive en Buenos Aires, pero está en permanente contacto con los vecinos de Villa Mascardi.

“La casa está en las mismas condiciones en que la dejé hace un mes, no han habido nuevas intrusiones y la bandera que hemos puesto en la entrada sigue flameando. Espero que la Justicia, tanto federal como ordinaria, siga actuando y que puedan apresar a esta gente, los puedan juzgar y les den el máximo de condena que se merecen”, agregó Dates.

Varios efectivos de la Policía Federal y de la PSA confirmaron a este diario que, además de custodiar la ruta, se siguen haciendo rastrillajes en lo alto de la montaña, detrás de los predios que habían sido ocupados.

Durante el operativo de desalojo del 4 de octubre, siete mujeres fueron detenidas. Una de ellas, Andrea Despo, fue luego sobreseída y excarcelada porque se comprobó que no participó de las usurpaciones.

Otras dos mujeres mapuches que permanecían detenidas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la aeroestación local, Daniela Vera y Florencia Melo, iniciaron una huelga de hambre para reclamar definiciones en su situación procesal, así como su excarcelación.

A fines de octubre, Vera y Melo fueron parcialmente sobreseídas. Tras ser liberada, Vera denunció un trato “tortuoso y violento” de parte de las fuerzas federales que conforman el Comando Unificado.

Si bien desde la Policía Federal advirtieron que se actuó “sin armas de fuego, sin malos tratos físicos ni psicológicos y en el marco de las prácticas respetuosas de los derechos humanos”, distintas organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionaron “las detenciones arbitrarias y la posterior obstaculización de la defensa” de las mujeres mapuches.

El desacuerdo con la forma en que se llevó adelante el desalojo del 4 de octubre en Mascardi también hizo que Elizabeth Gómez Alcorta presentara su renuncia como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El 18 de noviembre, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca confirmaron el procesamiento, con prisión preventiva, de ocho miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, dictado en primera instancia por la jueza Domínguez. La medida alcanza a Betiana Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil.

Las cuatro mujeres fueron detenidas en el desalojo y permanecen con arresto domiciliario, en compañía de sus hijos menores, en un centro mapuche de Bariloche.

También fueron procesados Matías Santana (pareja de Betiana Colhuan), Cristian Germán Colhuan, Yéssica Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan. Estos últimos cuatro están prófugos desde octubre.

En tanto, hace pocos días, diversas comunidades mapuches tehuelches y organizaciones sociales enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para pedirle una reunión urgente.

“Graves son las consecuencias que genera el encarcelamiento de nuestra autoridad machi Betiana Colhuan Nahuel y el impedimento de nuestra práctica espiritual en torno al rewe de machi, espacio sagrado con el que contamos en el Puel Mapu para atender nuestra salud física y espiritual, y al que asisten mapuche y no mapuche”, reclamaron en la nota que le elevaron al jefe del Estado.

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